Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Asamblea convoca a FGR, CSJ y Gabinete de Seguridad para analizar cadena perpetua
La comisión política de la Asamblea Legislativa acordó recibir a representantes de distintas instituciones del Estado para enriquecer el análisis de las reformas constitucionales y penales que buscan habilitar la cadena perpetua en delitos graves.
Entre las entidades convocadas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Gabinete de Seguridad Pública, además de otros actores vinculados al sistema de justicia.
De acuerdo con los diputados, los aportes de estas instituciones permitirán identificar y subsanar posibles vacíos legales en las reformas planteadas, que incluyen modificaciones a la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil.
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión política, Ernesto Castro, propuso ampliar la participación de los actores involucrados en el proceso de estudio de las iniciativas.
“Quiero hacer una propuesta para el trabajo que vamos a hacer en esta comisión: cuando tenemos un tema en estudio, llamemos a todos los actores involucrados”, expresó.
Asimismo, detalló que se ha establecido un calendario de trabajo para recibir a los invitados. Este jueves serán escuchados representantes del Gabinete de Seguridad; el viernes está prevista la comparecencia del fiscal general, Rodolfo Delgado, y para el próximo lunes se espera la participación de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
Centroamérica
El Salvador suma otro día sin homicidios y refuerza resultados del régimen de excepción
El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con la institución, el miércoles 18 de marzo cerró sin reportes de muertes violentas en todo el territorio nacional.
“Finalizamos el miércoles 18 de marzo con 0 homicidios en el país”, informó la PNC a través de su cuenta oficial en la red social X.
En paralelo, autoridades del gabinete de seguridad destacaron los resultados obtenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Según datos oficiales, hasta el 28 de febrero de 2026 se contabilizan 91,439 personas capturadas por su presunta vinculación con estructuras pandilleriles.
Las autoridades subrayan que estas acciones han posicionado a El Salvador como un referente regional en el combate a la criminalidad. Asimismo, aseguran que diversos países han mostrado interés en conocer e implementar el modelo de seguridad desarrollado en la nación.
Centroamérica
MOP acelera reconstrucción de puente clave en Colón
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó este día el colado de la losa superior del nuevo puente en Villa Lourdes, distrito de Colón, en La Libertad Oeste, como parte de las acciones para restablecer la conectividad tras los daños ocasionados por las lluvias de 2025.
La obra presenta un avance del 80 % y beneficiará a más de 10,000 familias, además de mejorar el tránsito de comunidades cercanas que utilizan esta vía para movilizarse hacia Sonsonate.
“Tenemos un avance del 80 % en la construcción de esta obra de paso en Villa Lourdes, Colón. Hoy realizamos el colado de la losa del puente, por donde muy pronto transitarán peatones y conductores”, afirmó el funcionario.
El proyecto se ejecuta tras el colapso del antiguo puente durante la temporada invernal del año pasado, lo que dejó incomunicadas a numerosas familias, obligándolas a utilizar rutas alternas más extensas.
Como solución provisional, las autoridades habilitaron una pasarela temporal mientras avanzaban los trabajos de reconstrucción.
Rodríguez destacó que la nueva infraestructura busca ofrecer mayores condiciones de seguridad y durabilidad, como parte del Plan Nacional de Mitigación.
“Estamos construyendo una obra mejor que la anterior para evitar los riesgos que se presentaron el año pasado”, subrayó.
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