Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Protección Civil refuerza medidas en playas y eventos religiosos durante Plan Vacaciones 2025

Como parte del Plan Vacaciones 2025, las instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil han desplegado una serie de actividades en todo el país para salvaguardar a la población durante este período festivo. Entre las acciones se incluyen asistencia a turistas en playas, inspecciones de seguridad en establecimientos y presencia en eventos religiosos.
El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, informó que se han desplegado 342 guardavidas en 31 playas, siete parques y dos lagos, reforzando la cobertura preventiva en los principales destinos turísticos.
Además, Protección Civil participa activamente en las celebraciones religiosas de San Salvador, con personal ubicado estratégicamente desde la salida hasta el ingreso de las procesiones, brindando asistencia, orientación e hidratación a los asistentes.
“Contamos con puntos de control y atención prehospitalaria, y el Equipo Táctico Operativo está presente en cada actividad para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad”, explicó Pérez.
El funcionario reiteró que el compromiso institucional es garantizar la seguridad de la población, por instrucción del presidente Nayib Bukele. “Nuestra misión es ser el ente rector en la atención de emergencias a escala nacional”, enfatizó.
En relación con los accidentes viales, Pérez detalló que hasta la mañana del lunes se habían registrado 201 percances, frente a los 166 del mismo período en 2024. Entre las principales causas identificadas se encuentran:
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Distracción al conducir
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Invasión de carril
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Falta de distancia de seguridad
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Irrespeto a señalización prioritaria
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Velocidad inadecuada
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Conducción bajo efectos de alcohol o drogas
Centroamérica
El Salvador suma 178 días sin homicidios en 2025 y alcanza 976 en la gestión Bukele

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el pasado sábado 2 de agosto El Salvador cerró una nueva jornada sin homicidios, sumando así 178 días en 2025 sin crímenes contra la vida, un resultado atribuido a los planes de seguridad impulsados por el gobierno.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la administración del presidente Nayib Bukele ya se contabilizan 976 días sin asesinatos, de los cuales 862 han ocurrido en el marco del régimen de excepción, herramienta que las autoridades consideran clave para frenar la violencia provocada por las pandillas.
Los primeros siete meses de 2025 destacan por cifras históricas en cuanto a días sin homicidios, siendo julio el mes más sobresaliente con 29 jornadas libres de muertes violentas y un periodo consecutivo de hasta 24 días sin asesinatos. Este récord supera los registros de julio de 2024, que cerró con 22 días sin homicidios; los 23 de 2023 y los 21 de 2022.
El contraste con años anteriores es evidente: en julio de 2015, durante el segundo gobierno del FMLN bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, se registraron 470 asesinatos, con un promedio de 15 homicidios diarios.
La guerra contra las pandillas ha sido, según el gobierno, una de las principales estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger la vida de millones de salvadoreños.
El presidente Bukele ha reiterado en diversas ocasiones que, gracias a estos resultados históricos, El Salvador se posiciona como “la nación más segura del hemisferio occidental”, un ejemplo que —afirma— ya observan países como Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.
Centroamérica
Banco Mundial respalda a El Salvador con financiamiento para estabilidad económica y combate al cambio climático

El Banco Mundial anunció que su directorio ejecutivo aprobó un préstamo destinado a apoyar los esfuerzos de El Salvador para fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar su capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados a desastres naturales y cambio climático.
Según un comunicado de la institución, el financiamiento forma parte del programa “Políticas de Desarrollo de la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia con Opción de Desembolso Diferido por Catástrofe (Cat DDO)”, el primero de una serie de tres operaciones programáticas.
El monto total asciende a US$350 millones, de los cuales US$100 millones están asignados a la Cat DDO, un fondo que podrá activarse tras una declaración oficial de emergencia por desastres naturales o sanitarios.
Carine Clert, gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, reafirmó el compromiso de la institución con los objetivos de este financiamiento: “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal mediante una gestión pública más eficiente y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más eficaces”, señaló.
Añadió que también buscan fortalecer la resiliencia del país “mediante acciones que fomenten la expansión de espacios verdes, procesos de construcción más sostenibles y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó los avances del gobierno en materia de estabilidad económica: “El Salvador ha tomado medidas decisivas para estabilizar su economía, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la confianza del mercado. Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, así como con la protección de la población ante el aumento de los riesgos climáticos”, afirmó.
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