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Centroamérica

Crisis institucional en Costa Rica: Acusaciones de «autogolpe de estado» tras la renuncia del presidente a proyectos de ley de seguridad

Foto: RRSS

24 de noviembre | Redacción |

En una inesperada y controvertida decisión, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha renunciado a sus proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana, trasladando la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Esta acción ha provocado fuertes críticas por parte de la vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, quien ha calificado la medida como un «autogolpe de Estado».

Chaves argumentó el miércoles que sus iniciativas fueron rechazadas y archivadas por la Asamblea sin una explicación clara de los motivos detrás de esa decisión. Sin embargo, la vicepresidenta Navas ha expresado que la razón de la oposición a los proyectos presentados por el poder Ejecutivo radica en su inviabilidad constitucional.

«La crítica que hemos hecho a sus proyectos es porque no eran viables debido a choques con la Constitución Política», aclaró Navas, según informes del periódico digital El Mundo CR. La funcionaria sostiene que la renuncia de Chaves parece ser un intento de «autogolpe de Estado», encubierto con argumentos que carecen de fundamentos legales y van en contra de los principios democráticos y jurisdiccionales costarricenses.

En sus declaraciones, Navas también desmintió las afirmaciones del presidente Chaves sobre el sistema judicial. «El irrespeto es gravísimo y este presidente lo que pretende es que rompamos el equilibrio entre los tres poderes de la República», añadió la vicepresidenta.

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Esta disputa entre el Gobierno y el Congreso surge en un momento crítico, ya que Costa Rica enfrenta cifras récords de homicidios. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta el 22 de noviembre, se han registrado 815 asesinatos en 2023. En comparación, en la misma fecha del año anterior, se reportaron 574 asesinatos, reflejando un alarmante aumento de 241 crímenes. La situación de inseguridad ciudadana agrega presión a la crisis institucional, generando preocupación en la sociedad costarricense.

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Centroamérica

Reforma impulsada por Ortega plantea más años de gobierno y cambios al sistema electoral

Nicaragua cancela personería jurídica de cinco ONGs y aprueba cierre "voluntario" de otras diez

La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años y establecer nuevas restricciones para la participación de sectores opositores en los procesos electorales, según informó este martes la Asamblea Nacional.

El proyecto fue recibido por el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, y está previsto que sea aprobado a inicios de septiembre junto con otras modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló al presentar la iniciativa que el nuevo modelo de gobierno plantea un período presidencial de siete años con posibilidad de renovación.

“Propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables”, expresó Porras al leer parte del documento, cuyo contenido completo aún no ha sido divulgado.

Según el legislador oficialista, la ampliación del mandato permitiría garantizar continuidad en los planes de gobierno y responder a los desafíos del país.

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La iniciativa también plantea impedir la participación electoral de sectores identificados por el gobierno como “vendepatrias” y “golpistas”, términos utilizados por Ortega y sus aliados para referirse a sus opositores políticos.

La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, afirmó que el proyecto fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y aseguró que antes de su aprobación se realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

La nueva propuesta se suma a una reforma constitucional aprobada en 2024, que ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.
Esa modificación también retrasó hasta noviembre de 2027 las elecciones generales que estaban previstas originalmente para finales de 2026.

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Centroamérica

Perú y Honduras retoman diálogo bilateral tras restablecer relaciones diplomáticas

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, destacaron este martes el fortalecimiento del diálogo bilateral entre ambos países tras la reciente restitución de embajadores.

Los mandatarios sostuvieron un encuentro en Lima, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, previo a la ceremonia de toma de mando de Fujimori en el Palacio Legislativo.

Durante la reunión, en la que también participó el canciller peruano designado, Carlos Espá, se resaltó el nuevo impulso de la relación diplomática entre Perú y Honduras luego de que ambos gobiernos otorgaran en marzo pasado el beneplácito para reactivar la representación diplomática a nivel de embajadores.

Las relaciones entre ambos países habían atravesado un período de tensión desde 2023, cuando Perú retiró a su representante diplomático en Honduras tras cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.

La Cancillería peruana informó que los dos países también acordaron compartir experiencias relacionadas con la gestión portuaria, como parte de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral.

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Asfura llegó a Lima para participar en la investidura de Fujimori y aprovechar su visita para fortalecer vínculos con Perú y otros países de la región. Según informó el Gobierno hondureño, su agenda incluyó reuniones con empresarios, autoridades y representantes internacionales para impulsar nuevas oportunidades de cooperación.
A su llegada a la capital peruana, el mandatario hondureño y la canciller Mireya Agüero fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en Lima, Vania García Morales.

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Centroamérica

Régimen de excepción continuará vigente hasta agosto tras nueva aprobación legislativa

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga número 53 del régimen de excepción, una medida vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y que continuará aplicándose durante un mes más en todo el territorio nacional.

La extensión recibió 57 votos favorables durante la sesión plenaria y tendrá vigencia desde el 30 de julio hasta el próximo 28 de agosto. La aprobación contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

La solicitud fue presentada por el Consejo de Ministros, que argumentó ante los legisladores que la medida ha contribuido a fortalecer las acciones de seguridad pública, reducir los homicidios, capturar integrantes de estructuras criminales y recuperar zonas que anteriormente estaban bajo control de pandillas.

Durante la discusión legislativa, los diputados que apoyaron la prórroga destacaron los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad del Gobierno y señalaron que el régimen de excepción ha sido una herramienta clave en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra de la extensión. Por su parte, la fracción de ARENA no contó con asistencia completa durante la votación; sus diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira ingresaron al Salón Azul después de que finalizara el proceso nominal y público.

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Los legisladores que aprobaron la medida resaltaron que El Salvador acumula 1,167 días sin homicidios y que durante 2026 se han registrado 179 jornadas sin muertes violentas. Además, señalaron que en la administración del presidente Nayib Bukele el país suma 1,281 días sin asesinatos.

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