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Congreso de Perú intenta por tercera vez destituir a Castillo
| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, debate este miércoles una moción de destitución contra el presidente de izquierda Pedro Castillo por «permanente incapacidad moral», una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.
La sesión del parlamento está programada a las 15H00 (20H00 GMT) «con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República», según lo aprobado por 73 congresistas hace una semana.
Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que no dispone la oposición.
De los 130 legisladores que conforman el poderoso parlamento, los opositores suman unos 80. Las bancadas oficialistas y grupos afines bordean los 50.
La «moción de vacancia» es la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder. En marzo, no alcanzó los votos para removerlo y en diciembre de 2021, el Congreso la desestimó antes de debatirla.
«Proponemos la vacancia de la Presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral», dice la moción que apela al artículo 113 de la Constitución de Perú.
El pedido surge cuando el prestigio del Congreso está por los suelos debido a escándalos de corrupción y una desaprobación de 86% en los sondeos, mientras que el presidente registra un rechazo de 70%, además de denuncias de cohecho a su entorno político y familiar.
Castillo ha sido invitado junto con su abogado, y dispone de 60 minutos para defenderse en esta evaluación política más que jurídica.
El debate empieza con participación de los voceros de las bancadas y después con el desfleme de los demás legisladores. Se prevé que dure horas.
«Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de los pueblos (…) para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó», advirtió Castillo el martes.
«No he robado nunca a mi patria, no soy corrupto», reiteró en un pronunciamiento al filo de la medianoche.
Si es destituido lo reemplazará su vicepresidenta Dina Boluarte, aunque si ella renuncia corresponderá al jefe del Congreso, José Williams, asumir el cargo.
Choque de poderes
La pertinaz pugna entre el Ejecutivo y Legislativo se atizó este año por una investigación fiscal contra el mandatario por dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
Por ello, la fiscalía ha pedido «suspender» (inhabilitar) a Castillo, un pedido que aún evalúa el Congreso dado que no existen precedentes.
Desde que Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar una apretada segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, ha vivido bajo el asedio del Congreso y la fiscalía.
En octubre pidió a la OEA una mediación, denunciando «un golpe de Estado en marcha».
Desde 2017, por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski (derecha), en 2018, y Martín Vizcarra (centro), en 2020.
La oposición acusa a Castillo, un maestro rural de 53 años que debe gobernar hasta julio de 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno.
Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros, algo inédito en Perú.
Una de las razones por las que se volvió recurrente el mecanismo de vacancia es la falta de mayoría parlamentaria del gobierno de turno.
Ello ocurre desde 2016, cuando Perú ingresó a una dinámica de confrontación que lo llevó a tener hasta tres presidentes en una semana en noviembre 2020.
La OEA en escena
Una misión de la OEA visitó Perú a mediados de noviembre y emitió un informe solicitando «una tregua política de 100 días».
Su pedido cayó en saco roto: «No hay espacio para la tregua, nadie quiere conversar con un presidente como Pedro Castillo que no proyecta confianza», comentó a la AFP el analista político Augusto Álvarez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya había advertido en diciembre de 2021 su preocupación por cómo se ha desvirtuado «por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú».
Pese a la tensión política, Perú se encuentra en calma y todas las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad.
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Detienen a sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk en Utah
Las autoridades estadounidenses detuvieron a un sospechoso vinculado con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, ocurrido en una universidad de Utah, informó el miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.
En su cuenta de X, Patel escribió que el sospechoso del tiroteo que cobró la vida de Kirk está bajo custodia, y aseguró que se ofrecerán actualizaciones a medida que se disponga de más información.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un «asesinato político» y subrayó la gravedad del ataque, señalando que se trata de un día trágico para el estado y para la nación.
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Nayib Bukele confirma decomiso de droga valorada en $35 millones
La Marina Nacional de El Salvador logró incautar 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en $35 millones de dólares, según confirmó el presidente Nayib Bukele.
El decomiso se realizó a 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, donde se localizaron bultos de cocaína flotando en altamar, que serían recogidos por estructuras criminales.
«Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional», destacó el mandatario.
Con esta incautación, la cantidad total de cocaína decomisada entre 2024 y lo que va de 2025 asciende a 37.2 toneladas, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares.
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Tribunal de San Salvador evalúa caso de siete guatemaltecos acusados de tráfico de drogas
En el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se determinará la situación jurídica de siete ciudadanos guatemaltecos acusados por la Fiscalía General de la República de dedicarse al tráfico de drogas.
La audiencia no pudo continuar debido a que se informó al tribunal sobre la intención de los imputados de optar por un procedimiento abreviado, solicitado por sus defensas y que debe ser evaluado antes de ser aprobado.
Los acusados son Pablo Andrés Girón Barrios, Erroll Ricardo Ayala Zacarías, Walter Geovani Flores Díaz, Andrés Fernando Vásquez Morales, Vanessa Joselyn Mendoza Gil, Ronald Vinicio López Mayén y Mynor Alberto Arias Pineda.
Estos fueron detenidos el 25 de agosto de 2023 en la residencial Capistrano, colonia Escalón, San Salvador, en un operativo realizado por agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). La Fiscalía los señala por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.
La captura se dio luego de que los agentes recibieran información sobre la posible actividad delictiva y se trasladaran a la zona para realizar las diligencias correspondientes.
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