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Seis soldados mueren en un ataque de disidentes de las FARC en Colombia
| Por AFP | Juan Sebastian Serrano |
Seis soldados del ejército colombiano murieron este martes a manos de disidentes de las FARC, en la peor arremetida de los rebeldes desde que expresaran la voluntad de negociar su desarme, informó el gobierno.
Los jóvenes militares fueron atacados a las 03H00 de la mañana con granadas, artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil en una zona rural del municipio de Buenos Aires (suroeste), departamento de Cauca, según un boletín del ejército, que da cuenta de seis uniformados «asesinados».
«Han perdido la vida varios soldados (..) Todos entre 18 y 20 años», detalló más tarde el presidente, Gustavo Petro, al término de un consejo extraordinario de seguridad en Bogotá.
«La operación que hicieron es de infiltración. Premeditadamente se buscó el ataque, se planificó por parte de la columna Jaime Martínez», uno de los grupos que se apartó del acuerdo de paz al que se acogieron la mayoría de los exguerrilleros de las FARC en 2016, agregó el mandatario.
La semana pasada otros tres soldados murieron en medio de combates con disidentes en el municipio de Argelia, cerca de Buenos Aires. Ambos ataques fueron «concomitantes el uno del otro», precisó Petro.
Desde que asumió el poder el 7 agosto, el mandatario y sus delegados se han reunido con jefes de las dos principales facciones de disidentes de las FARC con miras a eventuales negociaciones de paz.
El Frente Primero, o Estado Mayor Central -que agrupa a la mayor parte de los combatientes, incluida la columna Jaime Martínez-, anunció en septiembre que iba a reducir los ataques contra la fuerza pública para propiciar un alto al fuego bilateral.
«La posición militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación» por parte de las disidencias, aseguró Petro este martes y anticipó una «reacción» al ataque contra la fuerza pública.
Acercamientos entre balas
El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia aspira a desactivar medio siglo de conflicto armado con una nueva política de «paz total» que incluye negociaciones y sometimiento a la justicia de las organizaciones alzadas en armas.
Petro reiteró este martes que «la posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares».
En junio el ejército abatió a Leider Noscue, alias Mayimbú, quien comandaba la columna Jaime Martínez y fue homenajeado en noviembre por cientos de pobladores del Cauca y decenas de rebeldes en unas exequias colosales.
Sin un mando unificado, estos grupos suman unos 5.200 miembros repartidos en diferentes regiones del país, de acuerdo al centro de estudios Indepaz, y se financian principalmente del tráfico de droga.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, lamentó que los soldados fallecidos fueran jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio de 12 meses que impone la ley a los hombres colombianos entre 18 y 24 años.
«Los soldados regulares, como los que murieron hoy en Buenos Aires, Cauca, no deben ser enviados a zonas de conflicto. Los mandos de las fuerzas militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reduciendo al máximo los riesgos para sus vidas», advirtió el jefe de la cartera.
El oficialismo aboga por la eliminación del servicio militar obligatorio, pero la iniciativa fracasó en el Congreso.
Narcotráfico
Tras décadas de fracasada lucha antidrogas, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína, el motor de la violencia que deja más de nueve millones de víctimas en el prolongado conflicto.
Petro aseguró que los enfrentamientos en el Cauca tienen «que ver con rutas de narcotráfico y otros (negocios ilegales) que utilizan el área difícil del Naya», un corredor selvático que conecta los inmensos sembradíos de hoja de coca en las montañas del departamento con el Océano Pacífico, donde los narcos embarcan cargamentos rumbo a México y Centroamérica.
En las regiones del Putumayo y Arauca, fronterizas con Ecuador y Venezuela respectivamente, la fuerza pública también está desplegada por «conflictividades» con disidentes, informó el gobierno.
Luego del acuerdo de paz con el grueso de las FARC, facciones detractoras del pacto siguieron en armas y aprovecharon la fragilidad del Estado en sus regiones de influencia donde hoy se disputan a sangre y fuego la producción y tráfico de cocaína con otras organizaciones.
Las disidencias hoy hacen hace parte de la amalgama de grupos armados con los que Petro quiere dialogar para lograr su desarme en el marco de su política de «paz total».
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país, negocia en este momento con delegados del gobierno en Venezuela.
Dos bandas urbanas de Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el océano Pacífico, también adelantan acercamientos con Petro para desescalar la violencia.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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