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«Los muertos no paran de llegar»: la violencia satura las morgues de México
| Por AFP | Jennifer Gonzalez Covarrubias |
En el caluroso sur de México, una pequeña bodega almacena miles de osamentas no identificadas. Sin ventanas ni climatización, en su oscuridad palpita la crisis de un sistema forense saturado por la criminalidad.
Es la morgue de Chilpancingo (estado de Guerrero), vecina de un cementerio de autos y colmada de cadáveres como otras de este país, donde hay unos 52 000 cuerpos sin identificar.
La situación es crítica incluso en la capital. «Esto se está cayendo a pedazos porque los muertos no paran de llegar y las personas siguen desapareciendo», lamenta Nuvia Maestro, una de las seis antropólogas del Instituto Forense de Ciudad de México.
Detrás de esta situación están la violencia y la precariedad, constató la AFP durante un recorrido por las morgues de Chilpancingo y Acapulco (Guerrero), y diálogos con médicos legistas de otros servicios forenses.
«Nos sentimos muy cansados (…), pareciera que esto no va a tener fin», confiesa Maestro junto a dos estufas que ella y compañeros compraron de su bolsillo. Allí hierven costillas para retirarles tejidos y determinar la edad de un fallecido.
En redes sociales, Maestro, de 36 años, declara su amor por Clementina -su gata a quien llama «rayo de luz»-, el ciclismo, las chamarras de colores, el vino… Todo lo que le ayude a sobrellevar su labor.
Pese a sus limitaciones, las morgues son la esperanza de familiares de desaparecidos como Guadalupe Camarena, de 62 años, quien da una nueva muestra de ADN para encontrar al menos restos de sus cinco hijos en el estado de Jalisco (oeste), también atestado de cuerpos.
Violencia desbordada
En el servicio forense de Chilpancingo, un empleado ojea en un cuaderno los ingresos de cadáveres. Encoge los hombros cuando se le pregunta por qué no están digitalizados para que los puedan consultar a nivel nacional.
Ventiladores y carretillas dañadas atiborran los pasillos oscuros hacia los frigoríficos, llenos de bolsas plásticas con restos anónimos, observó un equipo de AFP en septiembre. El incienso que queman empleados no oculta el mal olor ni espanta a las moscas.
«Los estudios para confronta (de ADN) pueden tardar meses. Mientras, los cuerpos están en nuestros refrigeradores y la familia dice ‘no nos los quieren dar’. Esto crea frustración», reconoce Alfonso Ramírez, coordinador de la entidad.
México, de 126 millones de habitantes, triplicó su tasa de homicidios desde 2006, cuando arreció la lucha antidrogas. Pasó de 9,6 a 28 asesinatos por 100.000 personas en 2021 (35.625 casos).
Los «desaparecidos y no localizados» también se dispararon de 265 en 2006 a 10 366 en 2021, para un total de 108 000 desde 1964. Muchos estarían en tanatorios o cementerios públicos.
El gobierno, que entre enero y octubre reportó 26.119 homicidios (7,1% menos en el comparativo interanual), atribuye la mayoría de crímenes a guerras entre delincuentes.
«¡Ya no cabemos!»
El colapso también se explica por déficits presupuestales, de personal, de laboratorios de ADN rápidos y de un banco único de datos forenses, según expertos.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estima que en estas condiciones serían necesarios 120 años para analizar los 52 000 cuerpos que documenta la oenegé Movimiento por Nuestros Desaparecidos, gran parte de ellos sin información básica.
«Esta mesa es como la expresión de la crisis: estaba vacía hace cinco o diez años (y hoy) la osteoteca (depósito de huesos) está rebasada. ¡Ya no cabemos!», afirma Maestro, señalando una plancha con un esqueleto en estudio.
Como agravante, algunos criminales incineran a sus víctimas o las entierran en fosas clandestinas. «Saben cuáles son las áreas que valoramos (para la identificación, como caderas o yemas de dedos) y las destruyen. ¡Es terrible!», prosigue la antropóloga, subrayando que los cadáveres más maltratados «son de mujeres».
El gobierno admite como una «omisión muy grave» la falta de un censo de «cuerpos no identificados y de identificados y no reclamados en fosas comunes».
México carece de «capacidades institucionales para atender el rezago», afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
Cruel búsqueda
Los forenses también procesan cadáveres exhumados por orden judicial para armar sus fichas, o cuerpos que encuentran parientes en tumbas secretas.
Durante una exhumación, Guadalupe llora aferrada a las fotos de Lucero, Oswaldo, Tonatiuh, Ernesto y José, sus hijos desaparecidos en Jalisco.
«No quisiera encontrarlos así (muertos), pero si no los puedo encontrar vivos…», afirmó en mayo en el panteón de Coyula. Aún no tiene los resultados.
Empleada doméstica, no sabe de Lucero desde 2016, cuando desapareció en Guadalajara. En 2019 también perdió rastro de sus hijos varones, según ella tras ser detenidos por policías de Ocotlán.
Los presupuestos forenses regionales pasaron de 110 millones de dólares en 2015 a 122 millones en 2020, según datos oficiales. Pero la media de homicidios en ese período subió de 17,16 a 28,3 por 100 000 personas.
La nómina, en tanto, aumentó 4 % entre 2019 y 2020 a 10 119 trabajadores (81 % dedicados a peritajes), lo que especialistas consideran insuficiente.
Esfuerzos incipientes
El impacto de la crisis lleva a tomar terapia psicológica a peritos como Dalia Miranda, coordinadora de las exhumaciones en Coyula. «Encuentras (…) cosas muy feas», dice.
«Muchas personas pensarán que no hacemos nada, pero realmente estamos trabajando», defiende su colega René Andraca en la morgue de Acapulco, donde una ficha con el rótulo de «desconocido» cuelga de un pie.
El gobierno ha emprendido acciones como la creación de dos centros de identificación y cuatro de resguardo de cadáveres.
También avanza en la conformación de un laboratorio de genética al que Estados Unidos aportará cuatro millones de dólares. La Fiscalía tiene pendiente crear un banco de datos forenses ordenado por ley.
Mientras fructifican esas iniciativas, Guadalupe revisa semanalmente fotografías de muertos en la morgue de Guadalajara en busca de pistas de sus hijos, rutina que sobrelleva con antidepresivos.
Maestro, en tanto, continúa archivando trozos de costillas en diminutos sobres que, en medio de la impotencia, exhibe como un logro.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
Sin categoría
El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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