Internacionales
Olvidar el miedo: el peligroso viaje a pie de migrantes sin visa hacia el Darién y EEUU
AFP
Unos 40 migrantes avanzan en grupo hacia un paso ilegal en la frontera de Venezuela con Colombia, primera escala de un viaje sin visa hacia Estados Unidos en una odisea a pie que incluirá al peligroso Tapón del Darién.
«El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida», dice a la AFP Eiden Serrada, un joven de 18 años en el pelotón, consciente de casos de muertes, desapariciones y abusos en el pasaje selvático de 266 km entre Colombia y Panamá, cada vez más atractivo para los venezolanos.
Este cruce, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fue atravesado por unos 28 mil venezolanos en el primer semestre de 2022, salto gigantesco en comparación con los poco más de 2,800 que lo hicieron en 2021.
Cerca de la trocha, como llaman en la zona a los senderos limítrofes ilegales, Venezuela y Colombia reabrían la frontera a vehículos de carga tras restablecer relaciones diplomáticas.
Pero nada cambia para los caminantes.
Un registro del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (Odisef) estima que apenas el 1 % tiene pasaporte, documento que cuesta 200 dólares, así que no pueden emplear cruces formales.
Más de seis millones de venezolanos han migrado desde 2015 por una crisis económica sin precedentes, calcula la ONU, aunque el gobierno de Nicolás Maduro desestima ese número.
El fenómeno de los migrantes a pie surgió con fuerza en 2017, con rutas a otros países de América Latina en principio, pero Estados Unidos ha pasado a ser destino cotizado.
Los venezolanos, de hecho, quedaron atrapados en la batalla política en ese país, con gobernadores republicanos enviando a miles de migrantes a bastiones demócratas para protestar contra la política del presidente Joe Biden, acusado de haber convertido a la frontera en un colador sin control.
«Mami, me voy a Estados Unidos»
De «un día para otro», Jonathan Gil empezó a caminar.
«Necesitaba comprarle comida a mi mamá y como no me vi con plata, me sentí mal, y le dije: ‘Mami, yo me voy a Estados Unidos y cuando esté allá le mando todo lo que necesite’», relata a la AFP este exmilitar de 24 años, en la carretera hacia la fronteriza población de San Antonio (estado Táchira).
Jonathan salió seis días antes a pie desde El Tocuyo, un pueblo a unos 600 km, con su pareja, un amigo y un chico de 15 años. Andan en chancletas, con pequeños morrales, y llevan un perro.
Horas después paran en un albergue de migrantes en San Antonio, administrado por la católica Diócesis de San Cristóbal y la OIM en un proyecto nacido en 2018. Allí tienen comida y cama… al menos una noche.
Con 19 literas y dos corralitos para bebés, el refugio recibe a los migrantes, a quienes dan pastillas potabilizadoras, jabón, protector solar y otros artículos que les ayudarán en la ruta; charlas sobre mecanismos de protección y organizaciones internacionales que pueden asistirles; y asesoría legal.
«¡Ayúdennos para comer! ¡Somos caminantes!», grita al día siguiente un hombre en las calles de San Antonio con su niña de un año en brazos. Su familia es el primero de cuatro grupos, todos con menores, que llegan a este albergue esa mañana.
Negocios en esta población de 60 mil habitantes ofrecen baños y duchas por cuatro mil pesos colombianos (un dólar), pues el depreciado bolívar venezolano prácticamente desapareció en la frontera. Por el terminal de buses se mueven diariamente viajeros que inician su travesía a pie al extranjero o vuelven, también caminando, a Venezuela.
Ida y vuelta
Un millar de migrantes pasa por el albergue cada mes, dice a la AFP Cristhian Pastrán, vocero de la diócesis, quien destaca que el flujo aumenta y muta: «ya no es solo de ida, sino también de vuelta».
El 58 % de los grupos de caminantes que contabilizó Odisef entre junio y agosto salían y el 42 % entraban a un país cuya economía ganó oxígeno tras la flexibilización de asfixiantes controles.
Casi la mitad de estos migrantes eran niños y adolescentes, muy vulnerables al tráfico humano.
Carteles y folletos advierten de ese peligro en el refugio.
La diócesis tiene otro albergue -focalizado en víctimas de trata o abusos sexuales- y siete puntos móviles de asistencia. Hasta 10.000 personas, apunta Pastrán, han sido atendidas en un mes por toda la red.
Belén González, de 25 años, llega al albergue de San Antonio con su niña y su esposo, en su retorno al país a pie tras migrar a Ecuador en 2020. Su marido quedó desempleado.
«No teníamos para el arriendo y nos sacaron a la calle», cuenta.
En una ruta sin fin, retornados como Belén contemplan volver a migrar sin visa, ahora con el Darién en el horizonte. «No sabemos si nos vamos a ir otra vez. Pensamos en Estados Unidos».
Internacionales
Captura de 12 presuntos miembros del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en Michoacán
La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.
El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.
Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.
Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.
El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.
La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.
Economía
Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto
El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.
A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.
Medidas tributarias temporales
Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.
Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.
El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
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