Internacionales
Indígenas y afros atizan su disputa por la tierra en Colombia
AFP | por Juan Sebastian SERRANO
En una hacienda tomada a la fuerza por indígenas nasa, el ganado avanza devorando la caña. Los nuevos ocupantes quieren destruir el monocultivo de la región azucarera de Colombia. Sus vecinos afro denuncian la «invasión» de sus predios.
El conflicto es latente en el fértil valle del norte del departamento de Cauca. Ambas comunidades se han enfrentado reclamando las tierras de sus ancestros.
El ascenso al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, muy popular entre los pueblos originarios, animó a los indígenas a «recuperar» nuevos territorios.
Cuando irrumpen por decenas chocan con los trabajadores de la industria de la caña y los negros asentados en el valle desde hace más de un siglo. «¿De dónde pueden decir (los Nasa) que esto es de ellos? Si nuestros ancestros toda la vida han estado aquí», se queja un líder negro en entrevista con AFP.
Alrededor de 2.500 afros viven en Severo Mulato, un terreno de 400 hectáreas que colinda con varias haciendas ocupadas. La mayoría se presenta como «pequeños y medianos cañicultores», el mismo cultivo que desprecian los Nasa porque, según ellos, seca los suelos y enriquece únicamente a los ingenios azucareros.
Los Nasa quieren «construir la casa de ellos sobre la nuestra», resume el afro, hablando bajo reserva por temor a los indígenas que, denuncia, usan bombas molotov en sus «invasiones».
«Piedra y garrote»
Las tomas son más frecuentes desde que se instaló el nuevo gobierno el 7 de agosto. Sólo en Cauca van 30, nueve de ellas en el último mes, según la policía.
Petro prometió redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra, según la ONG inglesa Oxfam.
El acceso a la tierra está en el corazón del conflicto que por casi seis décadas ha desangrado a Colombia. Primero, campesinos se levantaron en armas exigiendo equidad y luego paramilitares de ultraderecha despojaron violentamente a miles de familias de sus predios para venderlos a terratenientes.
Ante el aumento de las invasiones, que se extienden a siete de los 32 departamentos colombianos, el gobierno manifestó su rechazo y advirtió que la policía hará desalojos «dentro de las 48 horas siguientes» a la toma.
Los Nasa «van cortando lo que se les viene a la cabeza (…) van construyendo rancho, quemando», relata el líder afro, señalando con su machete la caña chamuscada. Los indígenas, asegura, destruyeron cinco de sus hectáreas sembradas.
Tras la abolición de la esclavitud, en 1851, los negros compraron terrenos a cambio de trabajo. Hoy la mayoría siembra caña y la vende a grandes ingenios de la región. «Cuando nos hemos enfrentado (con los indígenas) nos ha tocado con piedra porque no tenemos otra arma: piedra y garrote», detalla.
Vida por tierra
Hasta hace un año el asentamiento de Severo Mulato colindaba con una hacienda azucarera. Unas 400 familias «sin tierra» ocuparon la propiedad. Sin puertas ni ventanas, en la casa duermen mujeres y niños agobiados por los mosquitos.
Decidimos «venir a poner nuestras vidas (en riesgo) por un derecho a un pedazo de tierra», explica a la AFP el líder del grupo, que cubre su rostro por miedo a la «persecución judicial».
La colonización y los terratenientes nos hicieron «correr hacia las cordilleras» donde las tierras son para la conservación y no para la agricultura. Conforme crecieron las poblaciones, se vieron forzados a tumbar bosque para cultivar alimentos a costa de la fauna y fuentes hídricas, añade.
Decidieron entonces «recuperar» el valle, destruir la caña y sembrar plátano, arroz y maíz para subistir. Los resguardos indígenas abarcan casi el 20 % del departamento de Cauca. Los originarios -casi el 20 % de la población- alegan que el 80 % de sus terrenos son de «vocación forestal».
«Si repartimos ese 20 % de tierra que tenemos algo productiva, nos tocaría un tercio de hectárea por familia, entonces nosotros no tenemos tierra», explica un indígena encapuchado que coordina las ocupaciones por radioteléfono.
Desde 2005, cuando se tomaron las primeras haciendas, 12 indígenas han muerto en choques con la fuerza pública. Hoy se asientan en 1.500 hectáreas. Troncos y zanjas impiden el avance de la policía que intenta desalojarlos.
El gremio de los cañeros denuncia la pérdida de «cerca de 6.000 mil empleos». La industria lleva más de 50 años generando «desarrollo en estas comunidades», dice Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores que bloquearon por 20 días una carretera reclamando su «derecho al trabajo».
Sin embargo, en Cauca los indicadores de pobreza (58 %) son más altos que el promedio nacional (39,5 %).
Hay «comunidades que no tienen escuelas, que no tienen vivienda, que no tienen acueducto ¿Dónde está el desarrollo?», cuestiona el coordinador de las ocupaciones.
Dentro de su programa de reforma, Petro prevé ceder a los «colombianos más vulnerables» propiedades incautadas a narcotraficantes y ha llamado a negros e indígenas a bajar la tensión.
Si el diálogo propuesto por el gobierno no avanza «entonces vamos a seguir nuestro proceso porque tenemos miles de familias que carecen de un pedazo de tierra», anticipa uno de los líderes ocupantes.
Internacionales
Muere jefe de inteligencia iraní en ataque israelí, según medios estatales
Mohammad Kazemi, jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución —el poderoso brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán—, murió este domingo durante un bombardeo israelí, según informó la agencia estatal IRNA.
Junto a Kazemi, también perdieron la vida otros dos altos oficiales: Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri. “Tres generales de inteligencia, Mohammad Kazemi, Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri fueron asesinados y cayeron como mártires”, indicó un comunicado de los Guardianes de la Revolución citado por IRNA.
La muerte de Kazemi representa un golpe significativo para la estructura de inteligencia iraní en medio de la creciente escalada militar con Israel, que ya entra en su tercer día consecutivo de enfrentamientos.
Internacionales
Netanyahu amenaza a Irán tras ataque mortal: “Pagará un precio muy alto”
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este domingo una dura advertencia a Irán, asegurando que su país responderá con contundencia por el ataque con misiles que dejó al menos 10 civiles muertos en territorio israelí.
«Irán pagará un precio muy alto por el asesinato premeditado de civiles, mujeres y niños», afirmó Netanyahu durante una visita a Bat Yam, al sur de Tel Aviv, una de las zonas afectadas por el bombardeo. El mensaje fue difundido en video por su oficina oficial.
En respuesta, el ejército israelí intensificó sus operaciones con nuevos bombardeos sobre instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, además de atacar depósitos de combustible en varias ciudades del país persa. Estos ataques marcan el tercer día consecutivo de un conflicto sin precedentes entre ambos rivales históricos.
La ofensiva israelí se produce tras la ofensiva nocturna de Irán, que lanzó una lluvia de misiles sobre suelo israelí, provocando la muerte de al menos 10 personas, según reportes oficiales. La tensión en Oriente Medio escala rápidamente en medio de crecientes temores internacionales por una guerra regional abierta.
Centroamérica
Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado
Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.
El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.
La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.
Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.
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