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Internacionales

Indígenas y afros atizan su disputa por la tierra en Colombia

JOAQUIN SARMIENTO / AFP

AFP | por Juan Sebastian SERRANO

En una hacienda tomada a la fuerza por indígenas nasa, el ganado avanza devorando la caña. Los nuevos ocupantes quieren destruir el monocultivo de la región azucarera de Colombia. Sus vecinos afro denuncian la «invasión» de sus predios.

El conflicto es latente en el fértil valle del norte del departamento de Cauca. Ambas comunidades se han enfrentado reclamando las tierras de sus ancestros.

El ascenso al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, muy popular entre los pueblos originarios, animó a los indígenas a «recuperar» nuevos territorios. 

Cuando irrumpen por decenas chocan con los trabajadores de la industria de la caña y los negros asentados en el valle desde hace más de un siglo. «¿De dónde pueden decir (los Nasa) que esto es de ellos? Si nuestros ancestros toda la vida han estado aquí», se queja un líder negro en entrevista con AFP.

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Alrededor de 2.500 afros viven en Severo Mulato, un terreno de 400 hectáreas que colinda con varias haciendas ocupadas. La mayoría se presenta como «pequeños y medianos cañicultores», el mismo cultivo que desprecian los Nasa porque, según ellos, seca los suelos y enriquece únicamente a los ingenios azucareros.

Los Nasa quieren «construir la casa de ellos sobre la nuestra», resume el afro, hablando bajo reserva por temor a los indígenas que, denuncia, usan bombas molotov en sus «invasiones».

«Piedra y garrote»

Las tomas son más frecuentes desde que se instaló el nuevo gobierno el 7 de agosto. Sólo en Cauca van 30, nueve de ellas en el último mes, según la policía. 

Petro prometió redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra, según la ONG inglesa Oxfam. 

El acceso a la tierra está en el corazón del conflicto que por casi seis décadas ha desangrado a Colombia. Primero, campesinos se levantaron en armas exigiendo equidad y luego paramilitares de ultraderecha despojaron violentamente a miles de familias de sus predios para venderlos a terratenientes.

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Ante el aumento de las invasiones, que se extienden a siete de los 32 departamentos colombianos, el gobierno manifestó su rechazo y advirtió que la policía hará desalojos «dentro de las 48 horas siguientes» a la toma.

Los Nasa «van cortando lo que se les viene a la cabeza (…) van construyendo rancho, quemando», relata el líder afro, señalando con su machete la caña chamuscada. Los indígenas, asegura, destruyeron cinco de sus hectáreas sembradas. 

Tras la abolición de la esclavitud, en 1851, los negros compraron terrenos a cambio de trabajo. Hoy la mayoría siembra caña y la vende a grandes ingenios de la región. «Cuando nos hemos enfrentado (con los indígenas) nos ha tocado con piedra porque no tenemos otra arma: piedra y garrote», detalla.

Vida por tierra

Hasta hace un año el asentamiento de Severo Mulato colindaba con una hacienda azucarera. Unas 400 familias «sin tierra» ocuparon la propiedad. Sin puertas ni ventanas, en la casa duermen mujeres y niños agobiados por los mosquitos.

Decidimos «venir a poner nuestras vidas (en riesgo) por un derecho a un pedazo de tierra», explica a la AFP el líder del grupo, que cubre su rostro por miedo a la «persecución judicial».   

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La colonización y los terratenientes nos hicieron «correr hacia las cordilleras» donde las tierras son para la conservación y no para la agricultura. Conforme crecieron las poblaciones, se vieron forzados a tumbar bosque para cultivar alimentos a costa de la fauna y fuentes hídricas, añade.

Decidieron entonces «recuperar» el valle, destruir la caña y sembrar plátano, arroz y maíz para subistir. Los resguardos indígenas abarcan casi el 20 % del departamento de Cauca. Los originarios -casi el 20 % de la población- alegan que el 80 % de sus terrenos son de «vocación forestal».

«Si repartimos ese 20 % de tierra que tenemos algo productiva, nos tocaría un tercio de hectárea por familia, entonces nosotros no tenemos tierra», explica un indígena encapuchado que coordina las ocupaciones por radioteléfono.

Desde 2005, cuando se tomaron las primeras haciendas, 12 indígenas han muerto en choques con la fuerza pública. Hoy se asientan en 1.500 hectáreas. Troncos y zanjas impiden el avance de la policía que intenta desalojarlos.

El gremio de los cañeros denuncia la pérdida de «cerca de 6.000 mil empleos». La industria lleva más de 50 años generando «desarrollo en estas comunidades», dice Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores que bloquearon por 20 días una carretera reclamando su «derecho al trabajo». 

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Sin embargo, en Cauca los indicadores de pobreza (58 %) son más altos que el promedio nacional (39,5 %).

Hay «comunidades que no tienen escuelas, que no tienen vivienda, que no tienen acueducto ¿Dónde está el desarrollo?», cuestiona el coordinador de las ocupaciones.

Dentro de su programa de reforma, Petro prevé ceder a los «colombianos más vulnerables» propiedades incautadas a narcotraficantes y ha llamado a negros e indígenas a bajar la tensión.

Si el diálogo propuesto por el gobierno no avanza «entonces vamos a seguir nuestro proceso porque tenemos miles de familias que carecen de un pedazo de tierra», anticipa uno de los líderes ocupantes. 

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Internacionales

Violencia en México repunta: sube la tasa de homicidios tras tres años de descensos

La tasa de homicidios en México cerró 2024 en 25,6 por cada 100.000 habitantes, rompiendo una racha de tres años consecutivos de descensos y marcando los últimos nueve meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice fue superior al de 24 por cada 100.000 reportado en 2023, aunque se mantuvo por debajo de las cifras de 2022 (26), 2021 (28) y de los años 2018, 2019 y 2020, cuando alcanzó 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.

El Inegi reportó además un aumento anual del 6,7 % en el número absoluto de asesinatos, con 33.241 casos en 2024, frente a los 31.062 del año anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo ligeramente inferior a los 33.287 homicidios de 2022 y está por debajo de los picos registrados en 2020 (36.773), 2019 (36.661) y 2018 (36.685).

En total, México acumuló 206.724 homicidios en los últimos seis años, la mayoría durante el sexenio de López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, cuando fue sucedida por Claudia Sheinbaum.

A diferencia de los datos del Gobierno, que se basan en carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi provienen de registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.

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Internacionales

Trump concede a México 90 días más antes de la nueva subida arancelaria

México obtuvo un respiro luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aplazamiento de 90 días en la subida de aranceles, a pocas horas de que venciera el plazo para negociar acuerdos comerciales con Washington.

Mientras economías como Brasil e India no lograron pactar con la Casa Blanca para evitar los nuevos gravámenes, Trump optó por dar un margen a México tras lo que calificó como una “conversación telefónica muy exitosa” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo, con miras a firmar un trato dentro de ese plazo, o incluso más”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Pese a la prórroga, México continuará pagando el 25 % de arancel que Trump impuso como medida de presión para combatir el tráfico de fentanilo, así como el 25 % a los automóviles y autopartes que no se produzcan en EE. UU., el 50 % al acero y aluminio y, a partir de este viernes, un 50 % al cobre.

Trump, de 79 años, advirtió que la nueva fecha límite, el 1.º de agosto, será “inaplazable”, aunque dejó abierta la posibilidad de un acuerdo “dentro o incluso después” de los 90 días, con la mira puesta en imponer un “nuevo orden comercial mundial”.

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Centroamérica

Cancillería firma acuerdo con Labormex para ampliar empleos temporales en EE. UU.

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmó un acuerdo con la reclutadora estadounidense Labormex para ampliar las oportunidades laborales de los salvadoreños en el exterior a través del programa de Movilidad Laboral, que impulsa el Gobierno salvadoreño en colaboración con Estados Unidos.

Con esta alianza, la empresa seleccionará a personas con diferentes talentos y experiencias registradas en el programa, de acuerdo con la demanda de compañías estadounidenses que visiten el país en busca de trabajadores calificados.

El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Asocio Estratégico de Labormex, Brian Gannon, destacó que la iniciativa es “un avance enorme en la forma en que los gobiernos pueden apoyar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, resolver los desafíos laborales para los empleadores internacionales”.

Por su parte, la ministra Hill Tinoco afirmó que este esfuerzo refuerza el compromiso de El Salvador con una migración segura, ordenada y regular, en beneficio de la población.

Desde su creación en 2021, el programa de Movilidad Laboral ha permitido la contratación temporal en Estados Unidos de más de 17,500 salvadoreños en sectores como pesca, construcción, hostelería, servicios al cliente y agricultura.

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