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Internacionales

Indígenas y afros atizan su disputa por la tierra en Colombia

JOAQUIN SARMIENTO / AFP

AFP | por Juan Sebastian SERRANO

En una hacienda tomada a la fuerza por indígenas nasa, el ganado avanza devorando la caña. Los nuevos ocupantes quieren destruir el monocultivo de la región azucarera de Colombia. Sus vecinos afro denuncian la «invasión» de sus predios.

El conflicto es latente en el fértil valle del norte del departamento de Cauca. Ambas comunidades se han enfrentado reclamando las tierras de sus ancestros.

El ascenso al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, muy popular entre los pueblos originarios, animó a los indígenas a «recuperar» nuevos territorios. 

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Cuando irrumpen por decenas chocan con los trabajadores de la industria de la caña y los negros asentados en el valle desde hace más de un siglo. «¿De dónde pueden decir (los Nasa) que esto es de ellos? Si nuestros ancestros toda la vida han estado aquí», se queja un líder negro en entrevista con AFP.

Alrededor de 2.500 afros viven en Severo Mulato, un terreno de 400 hectáreas que colinda con varias haciendas ocupadas. La mayoría se presenta como «pequeños y medianos cañicultores», el mismo cultivo que desprecian los Nasa porque, según ellos, seca los suelos y enriquece únicamente a los ingenios azucareros.

Los Nasa quieren «construir la casa de ellos sobre la nuestra», resume el afro, hablando bajo reserva por temor a los indígenas que, denuncia, usan bombas molotov en sus «invasiones».

«Piedra y garrote»

Las tomas son más frecuentes desde que se instaló el nuevo gobierno el 7 de agosto. Sólo en Cauca van 30, nueve de ellas en el último mes, según la policía. 

Petro prometió redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra, según la ONG inglesa Oxfam. 

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El acceso a la tierra está en el corazón del conflicto que por casi seis décadas ha desangrado a Colombia. Primero, campesinos se levantaron en armas exigiendo equidad y luego paramilitares de ultraderecha despojaron violentamente a miles de familias de sus predios para venderlos a terratenientes.

Ante el aumento de las invasiones, que se extienden a siete de los 32 departamentos colombianos, el gobierno manifestó su rechazo y advirtió que la policía hará desalojos «dentro de las 48 horas siguientes» a la toma.

Los Nasa «van cortando lo que se les viene a la cabeza (…) van construyendo rancho, quemando», relata el líder afro, señalando con su machete la caña chamuscada. Los indígenas, asegura, destruyeron cinco de sus hectáreas sembradas. 

Tras la abolición de la esclavitud, en 1851, los negros compraron terrenos a cambio de trabajo. Hoy la mayoría siembra caña y la vende a grandes ingenios de la región. «Cuando nos hemos enfrentado (con los indígenas) nos ha tocado con piedra porque no tenemos otra arma: piedra y garrote», detalla.

Vida por tierra

Hasta hace un año el asentamiento de Severo Mulato colindaba con una hacienda azucarera. Unas 400 familias «sin tierra» ocuparon la propiedad. Sin puertas ni ventanas, en la casa duermen mujeres y niños agobiados por los mosquitos.

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Decidimos «venir a poner nuestras vidas (en riesgo) por un derecho a un pedazo de tierra», explica a la AFP el líder del grupo, que cubre su rostro por miedo a la «persecución judicial».   

La colonización y los terratenientes nos hicieron «correr hacia las cordilleras» donde las tierras son para la conservación y no para la agricultura. Conforme crecieron las poblaciones, se vieron forzados a tumbar bosque para cultivar alimentos a costa de la fauna y fuentes hídricas, añade.

Decidieron entonces «recuperar» el valle, destruir la caña y sembrar plátano, arroz y maíz para subistir. Los resguardos indígenas abarcan casi el 20 % del departamento de Cauca. Los originarios -casi el 20 % de la población- alegan que el 80 % de sus terrenos son de «vocación forestal».

«Si repartimos ese 20 % de tierra que tenemos algo productiva, nos tocaría un tercio de hectárea por familia, entonces nosotros no tenemos tierra», explica un indígena encapuchado que coordina las ocupaciones por radioteléfono.

Desde 2005, cuando se tomaron las primeras haciendas, 12 indígenas han muerto en choques con la fuerza pública. Hoy se asientan en 1.500 hectáreas. Troncos y zanjas impiden el avance de la policía que intenta desalojarlos.

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El gremio de los cañeros denuncia la pérdida de «cerca de 6.000 mil empleos». La industria lleva más de 50 años generando «desarrollo en estas comunidades», dice Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores que bloquearon por 20 días una carretera reclamando su «derecho al trabajo». 

Sin embargo, en Cauca los indicadores de pobreza (58 %) son más altos que el promedio nacional (39,5 %).

Hay «comunidades que no tienen escuelas, que no tienen vivienda, que no tienen acueducto ¿Dónde está el desarrollo?», cuestiona el coordinador de las ocupaciones.

Dentro de su programa de reforma, Petro prevé ceder a los «colombianos más vulnerables» propiedades incautadas a narcotraficantes y ha llamado a negros e indígenas a bajar la tensión.

Si el diálogo propuesto por el gobierno no avanza «entonces vamos a seguir nuestro proceso porque tenemos miles de familias que carecen de un pedazo de tierra», anticipa uno de los líderes ocupantes. 

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Fuerza Aérea de EE. UU. anuncia nuevos cargos contra soldado por filtración de documentos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos presentará nuevos cargos contra un soldado estadounidense acusado por las autoridades federales de haber filtrado documentos confidenciales de defensa, anunció el miércoles un portavoz del Pentágono.

Jack Teixeira se declaró culpable de divulgar información sobre la defensa nacional de Estados Unidos, lo que permitió retirar los cargos por espionaje. Sin embargo, este acuerdo solo concierne a la justicia federal.

«Tras una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, la Fuerza Aérea determinó que se deben presentar cargos separados y distintos contra el cabo Jack Teixeira por presuntas faltas en sus deberes militares», dijo un portavoz de la Fuerza Aérea.

Contratado como especialista en informática y comunicaciones en una base militar en el noreste de Estados Unidos y detenido en 2023, Jack Teixeira podría enfrentarse a una corte marcial.

Teixeira publicó información confidencial en un grupo de debate de la plataforma Discord, que luego se difundió en otras redes sociales.

Los documentos secretos revelaron preocupaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la viabilidad de una contraofensiva ucraniana en 2023, así como la recopilación de información de inteligencia sobre aliados como Israel y Corea del Sur por parte de Washington.

El caso puso en aprietos a Washington y planteó dudas sobre posibles fallos en la seguridad, ya que el soldado tenía autorización para acceder a información delicada a pesar de su modesto rango.

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UE Anuncia ayuda de 1.000 millones de dólares para la gestión de refugiados en el Líbano

Durante una visita oficial a Beirut, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció un paquete de ayuda comunitaria al Líbano por valor de 1.000 millones de dólares. Esta asistencia tiene como objetivo principal apoyar la gestión de los refugiados sirios en el territorio libanés, además de abordar otras áreas de preocupación.

Von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta, explicó que esta ayuda estará disponible desde ahora hasta el año 2027. Se destinará no solo a la gestión de la migración siria, sino también a reformar el sistema bancario libanés y reforzar la labor de las fuerzas de seguridad del país.

Acompañada por el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, quien ha estado trabajando en la promoción de un acuerdo sobre migración, Von der Leyen resaltó la necesidad de abordar la crisis migratoria tanto para el Líbano como para Chipre y la Unión Europea en su conjunto.

El presidente chipriota subrayó la enorme presión que la presencia de casi 1,5 millones de refugiados sirios ejerce sobre la economía y la sociedad libanesa, instando a no abordar el problema de manera habitual.

A pesar de la grave crisis económica que enfrenta el Líbano desde finales de 2019, las autoridades libanesas han expresado la necesidad de que la comunidad siria regrese a su país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el retorno no es seguro debido a posibles represalias por parte de las autoridades sirias contra quienes abandonaron el país durante el conflicto.

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HRW denuncia ejecuciones de soldados ucranianos por parte del ejército ruso

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un informe la posible ejecución de más de 21 soldados ucranianos a manos de militares rusos desde diciembre pasado, basándose en análisis de varios videos compartidos en redes sociales.

Según un comunicado publicado por HRW, desde diciembre de 2023, las fuerzas rusas habrían ejecutado al menos a 15 soldados ucranianos que intentaban rendirse, y posiblemente a otros seis que ya se habían rendido o estaban en proceso de hacerlo.

HRW ha investigado cuatro casos de ejecuciones captadas en videos difundidos entre diciembre pasado y febrero de este año. En estos videos, se muestra a soldados ucranianos siendo ejecutados mientras intentaban rendirse a las fuerzas rusas en el campo de batalla. La organización afirma haber verificado la ubicación de dos de estos videos.

Además, otro material similar publicado en febrero muestra los cuerpos de seis soldados ucranianos que habrían sido ejecutados después de rendirse al enemigo.

El informe de HRW resalta que estas ejecuciones no parecen ser casos aislados y menciona informes previos de la ONU que documentaron ejecuciones similares por parte de las fuerzas rusas y el Grupo Wagner durante el primer año de la guerra.

La Fiscalía ucraniana ha iniciado 27 investigaciones penales sobre 54 casos de presuntos soldados ucranianos ejecutados. HRW ha instado al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a responder si se han dado órdenes para ejecutar a prisioneros de guerra ucranianos que se han rendido, pero aún no ha recibido respuesta.

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