Internacionales
Emigrar en balsa, la opción de los más pobres en Cuba
AFP | por Leticia PINEDA
Le dicen la Terminal Tres, pero no es un aeropuerto con salidas internacionales sino una playita rocosa en la humilde población El Cepem, cercana a La Habana, donde balseros se lanzan al mar buscando llegar a costas de Florida, en Estados Unidos, en medio del éxodo migratorio que vive Cuba.
Unas 30 personas trataron de zarpar el 29 de agosto en tres rústicas embarcaciones desde esta localidad de casas de madera con un camino de tierra que lleva al mar, 30 km al oeste de La Habana.
El intento terminó en una protesta de pobladores que chocaron con la policía, tratando de impedir que retirara las balsas, narró a AFP media docena de habitantes testigos.
«El que se quiera ir que se vaya, estamos pasando tremenda hambre, tremenda necesidad», se queja una vecina de 49 años, que prefiere no revelar su nombre.
Pese a que emigrar en balsa es ilegal, está «ocurriendo en toda Cuba», dice la mujer mirando al mar. «A esto le dicen la Terminal Tres», ironiza aludiendo a la estación internacional del aeropuerto José Martí de La Habana.
La gresca a plena luz del día se desató cuando policías enfrentaron a pobladores que pedían la presencia de una autoridad que permitiera la salida de los balseros.
Se saldó con al menos cuatro detenidos, personas lastimadas por golpes y el decomiso de los botes de madera, dijo a la AFP un ama de casa de 32 años cuyo marido fue arrestado y puesto en libertad esa noche, según relató.
AFP solicitó información oficial, pero no hubo respuesta hasta este día.
«Migración de emergencia»
En Isabela de Sagua, otro pueblo recurrido por balseros en la central provincia de Villa Clara, una embarcación con seis personas desapareció en el mar desde el 28 de agosto. Barcos guardafronteras, un dron y helicópteros militares continuaban el jueves la búsqueda, informó la agencias estatal Prensa Latina.
Este es un caso más de balsas con destino incierto. Al menos 61 personas murieron desde octubre al intentar atravesar el estrecho de Florida (166 kilómetros), según informó el 12 de agosto en comunicado la Guardia Costera estadounidense.
En el verano de 1994 más de 35.000 cubanos partieron hacia Miami en lo que se conoció como la «crisis de los balseros», la mayor emigración marítima de la isla. Pero desde que La Habana restableció relaciones con Washington en 2015 no se habían ido tantas personas.
El detonante de la nueva oleada de emigrantes fue la eliminación en noviembre de la visa para cubanos que viajen a Nicaragua.
Volar hasta ese país centroamericano y hacer el recorrido continental hasta la frontera estadounidense es un periplo que puede costar más de 12.000 dólares, un lujo que pocos cubanos pueden costear.
Según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) un récord de casi 179.000 cubanos entraron de manera irregular a su país entre octubre y julio, la mayoría por tierra.
Otros 5.000 fueron interceptados en el mar entre octubre y agosto por la Guardia Costera, la mitad durante el verano, cuando las condiciones climatológicas favorecen la navegación en esta zona.
El mar «es una vía que requiere quizá menos recursos y por tanto habla de una migración de emergencia», dijo a la AFP Juan Carlos Narváez, investigador de la ONG Investigación Multidisciplinaria Aplicada, Laboratorio Social, con sede en México.
Es una migración «protagonizada por cubanos que menos recursos y redes tienen para migrar» y lo hacen pese al peligro que corren, además de la alta posibilidad de ser deportados por las autoridades estadounidenses, agrega el experto.
Visas pendientes
El gobierno cubano reclama el incumplimiento de 20.000 visas anuales de emigración previstas en acuerdos con Estados Unidos, cuyo consulado reabrió en La Habana apenas en mayo tras cuatro años cerrado.
Cuba enfrenta su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de alimentos, medicinas, combustibles y apagones cotidianos, a consecuencia del embargo estadounidense y los efectos de la pandemia.
Todo esto ha crispado el ambiente. Cada vez son más frecuentes las manifestaciones en localidades de provincia, algo impensable antes de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
La gente de El Cepem, asentada de manera irregular desde hace 20 años, afirma estar irritada por las duras condiciones en que vive y la falta de atención de las autoridades.
«Como vinieron a ver el tema de las lanchas así podían haber venido a ver qué hace falta, qué se necesita», dijo enfadada una de las testigos.
Internacionales
Captura de 12 presuntos miembros del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en Michoacán
La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.
El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.
Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.
Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.
El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.
La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.
Economía
Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto
El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.
A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.
Medidas tributarias temporales
Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.
Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.
El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
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