Durante una visita oficial a Beirut, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció un paquete de ayuda comunitaria al Líbano por valor de 1.000 millones de dólares. Esta asistencia tiene como objetivo principal apoyar la gestión de los refugiados sirios en el territorio libanés, además de abordar otras áreas de preocupación.

Von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta, explicó que esta ayuda estará disponible desde ahora hasta el año 2027. Se destinará no solo a la gestión de la migración siria, sino también a reformar el sistema bancario libanés y reforzar la labor de las fuerzas de seguridad del país.

Acompañada por el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, quien ha estado trabajando en la promoción de un acuerdo sobre migración, Von der Leyen resaltó la necesidad de abordar la crisis migratoria tanto para el Líbano como para Chipre y la Unión Europea en su conjunto.

El presidente chipriota subrayó la enorme presión que la presencia de casi 1,5 millones de refugiados sirios ejerce sobre la economía y la sociedad libanesa, instando a no abordar el problema de manera habitual.

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A pesar de la grave crisis económica que enfrenta el Líbano desde finales de 2019, las autoridades libanesas han expresado la necesidad de que la comunidad siria regrese a su país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el retorno no es seguro debido a posibles represalias por parte de las autoridades sirias contra quienes abandonaron el país durante el conflicto.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un informe la posible ejecución de más de 21 soldados ucranianos a manos de militares rusos desde diciembre pasado, basándose en análisis de varios videos compartidos en redes sociales.

Según un comunicado publicado por HRW, desde diciembre de 2023, las fuerzas rusas habrían ejecutado al menos a 15 soldados ucranianos que intentaban rendirse, y posiblemente a otros seis que ya se habían rendido o estaban en proceso de hacerlo.

HRW ha investigado cuatro casos de ejecuciones captadas en videos difundidos entre diciembre pasado y febrero de este año. En estos videos, se muestra a soldados ucranianos siendo ejecutados mientras intentaban rendirse a las fuerzas rusas en el campo de batalla. La organización afirma haber verificado la ubicación de dos de estos videos.

Además, otro material similar publicado en febrero muestra los cuerpos de seis soldados ucranianos que habrían sido ejecutados después de rendirse al enemigo.

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El informe de HRW resalta que estas ejecuciones no parecen ser casos aislados y menciona informes previos de la ONU que documentaron ejecuciones similares por parte de las fuerzas rusas y el Grupo Wagner durante el primer año de la guerra.

La Fiscalía ucraniana ha iniciado 27 investigaciones penales sobre 54 casos de presuntos soldados ucranianos ejecutados. HRW ha instado al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a responder si se han dado órdenes para ejecutar a prisioneros de guerra ucranianos que se han rendido, pero aún no ha recibido respuesta.

La cantante y ex primera dama Carla Bruni está siendo interrogada en calidad de imputada en una de las investigaciones abiertas por la justicia que involucra a su esposo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, según informaron medios locales.

Bruni se encuentra en las instalaciones de la Oficina Anticorrupción, ubicada en Nanterre, a las afueras de París, compareciendo por segunda vez en relación con este caso, luego de haber prestado testimonio como testigo en junio de 2023.

El interrogatorio está relacionado con el «caso Takieddine», denominado así por el intermediario de armas que acusó a Sarkozy de haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña presidencial de 2007. Bruni está siendo investigada por su presunta participación en una operación para silenciar a este intermediario.

El propio Sarkozy está imputado desde octubre pasado por intento de influir en un testigo, asociación de malhechores para preparar una estafa en banda organizada, junto con otras nueve personas. Estas acusaciones surgen de un intento de influenciar el testimonio de Ziad Takieddine, quien inicialmente acusó a Sarkozy de recibir dinero de Gadafi.

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En relación con estas acusaciones, se destaca la intervención de «Mimi» Marchand, una figura de la prensa del corazón y amiga personal de Bruni, quien presuntamente facilitó la operación. Los investigadores también señalan la eliminación de los mensajes entre Bruni y Marchand, lo que levanta sospechas sobre su posible participación en la empresa.

Por otro lado, Sarkozy deberá comparecer ante los jueces a principios de 2025 por la presunta financiación ilícita de su campaña presidencial de 2007 con fondos de Gadafi, así como por otras investigaciones pendientes, incluida su presunta participación en la atribución del Mundial de fútbol de 2022 a Catar.