Centroamérica
Crisis en el Congreso de Honduras se convierte en batalla legal
AFP
La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro, Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar. A cambio se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix, de Libre, desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal.
Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
El jueves, durante la ceremonia de asunción de la presienta Castro en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue la jueza Karla Romero quien le tomó juramento, un hecho permitido por la ley pero poco habitual, porque usualmente lo hace el presidente del Congreso.
Redondo, jefe del Legislativo reconocido por Castro, estuvo en la ceremonia pero solo para colocar la banda presidencial. Esto dejaría en evidencia que el puesto de Redondo no tiene validez legal, consideran quienes respaldan a Cálix.
-A la justicia-
Este viernes, ambos bandos acudieron por separado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para pedir que se defina la situación. El abogado que representa a Cálix, José Rodríguez, presentó un recurso de amparo para que se reconozca a su patrocinado.
«El recurso de amparo, una vez que lo admita la Corte, deberá, si lo decide (…) suspender en sus funciones al señor Luis Redondo, y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la junta directiva de Cálix, mientras se resuelve el conflicto», dijo a la AFP.
Más temprano, José Lagos, dirigente de un partido minoritario, también acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso contra Cálix, «por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados en el Congreso Nacional».
Castro le ha ofrecido a Cálix integrarse a su equipo de gobierno, pero él no ha respondido.
«Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ [Corte Suprema] (…) Sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino. Dialoguemos», sostuvo Cálix el viernes en Twitter.
La Corte deberá responder en la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados por el anterior Parlamento, que dominaba el Partido Nacional (PN) del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta sala es la que validó en 2017 su postulación a una reelección, pese a que la Constitución no lo permitía.
En tanto, 44 diputados de PN presentaron una denuncia criminal contra Redondo, alegando «usurpación de funciones públicas».
-Incertidumbre-
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado, en medio del desconcierto de sus trabajadores, que estaban impedidos de ingresar.
«Se nos ha negado el permiso de poder ingresar. Es extraño, nunca se nos han cerrado las puertas, siempre han estado abiertas, pero en esta semana no hemos podido ingresar a las instalaciones», dijo Rosibel León, de 41 años, trabajadora del área de Protocolo del Parlamento.
«Somos parte administrativa del Congreso, no importa el partido (…) Estamos pidiendo a las autoridades que por favor resuelvan sus problemas políticos. Solo queremos entrar en las oficinas como nos corresponde por ser empleados», agregó.
Mientras, en el primer día de su gestión, Castro ratificó la cúpula militar encabezada por el contraalmirante José Fortín, y se reunió con canciller de México, Marcelo Ebrard.
Centroamérica
Surf City 2 será sede del Desafío Plaza Mundo Usulután este 19 de abril
Atletas de la zona oriental y de todo El Salvador se preparan para participar el próximo 19 de abril en el Desafío Plaza Mundo Usulután, que se desarrollará en Surf City 2 a partir de las 6:00 a.m.
La carrera es organizada por Infinity Sports y patrocinada por Plaza Mundo, con el respaldo del gobierno del presidente Nayib Bukele.
El evento contempla dos categorías, General y Máster, con un costo de inscripción de $15, que incluye un kit con camiseta, dorsal, chip y medalla. Los participantes podrán competir en tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta las instalaciones de Plaza Mundo Usulután.
La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, destacó que el turismo deportivo sigue en crecimiento a nivel global, y que el país busca consolidarse como un destino atractivo para este tipo de actividades.
Asimismo, invitó a la población a sumarse a la iniciativa: “Que se anoten, que se desafíen y que promuevan una vida saludable. No es necesario ser un atleta experto para participar”, expresó.
Durán también resaltó que los asistentes podrán aprovechar la visita para conocer destinos turísticos de la zona oriental, como la Laguna de Alegría, el distrito de Berlín y las playas El Cuco y Las Flores.
Por su parte, Infinity Sports señaló que el evento busca fomentar el deporte en un entorno seguro, moderno y accesible para todos los salvadoreños.
Centroamérica
Capturan en Guatemala a presunto pandillero de la MS y será expulsado a El Salvador
Un presunto miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido en Guatemala y será expulsado hacia El Salvador para enfrentar un proceso judicial.
Se trata de Irving Humberto Linares, alias “Mico” o “Demente”, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en la aldea San Jerónimo, municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.
Según informaron las autoridades guatemaltecas, el detenido se encontraba en condición migratoria irregular y fue identificado como miembro activo de la estructura criminal, por lo que se procederá a su expulsión hacia su país de origen.
Aunque en Guatemala no registra antecedentes penales, será entregado a la Policía Nacional Civil para que enfrente la justicia salvadoreña.
Una vez en territorio nacional, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
El caso formará parte de un expediente consolidado en tribunales especializados en crimen organizado, donde el imputado deberá enfrentar las etapas judiciales correspondientes en los próximos meses.
Las autoridades guatemaltecas también informaron que durante el año pasado fueron detenidos 93 presuntos pandilleros. De ellos, 47 fueron entregados a El Salvador por contar con órdenes de captura por delitos como homicidio, extorsión y tráfico ilícito, mientras que otros 46 enfrentaron procesos judiciales en Guatemala por delitos relacionados con drogas y crimen organizado.
Centroamérica
Costa Rica extradita a exministro Celso Gamboa a EE. UU. por narcotráfico
Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes a Celso Gamboa hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico en un caso que, según el propio acusado, podría involucrar a funcionarios del actual gobierno.
Gamboa, de 49 años, exministro de Seguridad, exmagistrado y exfiscal general adjunto, fue entregado por orden judicial a agentes antidrogas estadounidenses en el aeropuerto Juan Santamaría, en un operativo de alta seguridad. Junto a él también fue extraditado su presunto socio, Edwin López Vega, señalado en el mismo proceso.
Ambos se convirtieron en los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditados tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que habilitó la entrega de nacionales requeridos por la justicia extranjera.
El fiscal general Carlo Díaz calificó el hecho como un “día histórico”, al tratarse de personas de alto perfil involucradas en el caso.
Gamboa, quien se desempeñó como ministro durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), fue trasladado junto a López Vega en un avión con destino al estado de Texas, bajo custodia de agentes de la DEA.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018) abordó la aeronave esposado y bajo fuerte resguardo policial, luego de que sus intentos de frenar la extradición mediante recursos legales de última hora fueran rechazados.
Según indicó la Fiscalía, existían versiones sobre posibles amenazas contra la vida de Gamboa, lo que habría incrementado las medidas de seguridad durante el procedimiento.
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