Centroamérica

Honduras eleva a 20 millones de lempiras la recompensa por el arresto de Romeo Vásquez

La Policía Nacional de Honduras incrementó este lunes a 20 millones de lempiras (unos $764,000) la recompensa para quien aporte información que lleve al arresto del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, acusado del asesinato de un joven en 2009.

La recompensa anterior, emitida el 31 de julio, era de 15 millones de lempiras ($569,456). Vásquez, prófugo desde marzo, era jefe del Estado Mayor Conjunto cuando fue derrocado el presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Actualmente figura en la lista de los diez hondureños más buscados, junto a criminales como Yulan Adonay Archaga, líder de la pandilla MS-13, quien enfrenta cargos por cinco asesinatos y tiene una recompensa de 5 millones de dólaresofrecida por Estados Unidos.

El Ministerio Público acusa a Vásquez, al exsubjefe militar Venancio Cervantes y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, también generales, del asesinato de Isis Obed Murillo y de la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala, ambos seguidores de Zelaya. Murillo falleció el 5 de julio de 2009, durante una multitudinaria marcha en Tegucigalpa, tras recibir un disparo en la cabeza.

Los tres generales fueron capturados el 5 de enero y trasladados a la Penitenciaría Nacional, pero posteriormente se les concedió arresto domiciliario. El 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó la medida, y Cervantes y Puerto regresaron voluntariamente a la prisión el 18 de marzo. Desde entonces, Vásquez permanece prófugo, mientras la Fiscalía ha incautado varios de sus bienes. El exmilitar ha difundido videos criticando al sistema judicial y al expresidente Zelaya, actual coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), partido del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Centroamérica

Corte de Guatemala anula nómina de candidatos a fiscal general

Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar que se repita la fase de evaluación de los aspirantes.

La resolución responde a un recurso de amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la manera en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria en la judicatura.

Con la decisión, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá regresar a la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.

El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación aprobada, sin considerar automáticamente los años de servicio como jueces equivalentes a la experiencia profesional requerida para el cargo.

“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes”, señala la resolución.

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La Corte también enfatizó que el proceso debe regirse por principios de mérito, capacidad e idoneidad, además de garantizar mayor transparencia en la asignación de puntajes.

“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”, añade el fallo judicial.

La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina de candidatos que había recibido el miércoles, lo que retrasará la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.