Centroamérica
¿Qué le espera a Nicaragua bajo un cuarto gobierno consecutivo de Ortega?
AFP
La reelección de Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo, con sus opositores presos o en el exilio, depara a Nicaragua una mayor crisis política y económica, en medio de un creciente aislamiento internacional.
Ortega, un exguerrillero que gobernó en los años 1980 enfrentado a Washington, y retornó al poder en 2007, se aseguró el domingo cinco años más en la presidencia con el 75,92% de los votos, ante cinco desconocidos candidatos derechistas, acusados de colaborar con el gobierno para validar el proceso.
La oposición representativa fue eliminada de los comicios por segunda vez desde las elecciones de 2016. Tres partidos políticos fueron declarados ilegales y este año fueron detenidos 39 opositores, entre ellos siete rivales de Ortega.
Ortega respondió con fiereza el lunes, calificando de fascista a la Unión Europea, que cuestiona la legitimidad de su triunfo, y llamando de «hijos de perra de los imperialistas yanquis» a los opositores presos.
La amenaza de la comunidad internacional de imponer sanciones al considerar que la reelección de Ortega no fue democrática, podría hacer retroceder al país a la difícil década de conflictos y sanciones económicas que enfrentó el primer gobierno de Ortega en los 80, según analistas.
1.-¿Va Nicaragua a un sistema de partido único?
Analistas consultados por AFP coinciden en que Nicaragua consolidará un modelo de partido único con el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que controla Ortega, como ocurre en Cuba con el Partido Comunista.
Para Ortega, «el régimen político ideal es el modelo cubano porque [cree que] la existencia de varios partidos políticos divide a la nación», consideró el economista y analista Enrique Sáenz.
«Tal como están las cosas, con todos los partidos de oposición en la ilegalidad, de facto, es ya un régimen de partido único», estimó.
Afirmó que los grupos políticos «que Ortega tolera son las comparsas (colaboradores) que están subordinadas a su voluntad a cambio de pequeñas prebendas».
La escritora nicaragüense Gioconda Belli apunta que «la decisión de Ortega de quedarse con el poder a cualquier precio (..) hace pensar que instalará de lleno un sistema cerrado a la oposición nacional y a la influencia de la comunidad internacional».
«Estas elecciones amañadas son un declaración de guerra a quien se le oponga», vaticinó.
2-¿Hay condiciones para un diálogo político?
En enero, el mandatario anunció que promovería un diálogo nacional después de los comicios, pero no precisó detalles.
«Un diálogo en estas condiciones es imposible. Después de encarcelar a la oposición, ¿con quién va a dialogar?», cuestionó Belli.
«En esta etapa la única negociación posible que existe en su mente es para que sus opositores negocien la rendición incondicional. Cualquier medida que impulse con este nombre solamente será una estratagema para buscar reconocimiento al estatus quo», valoró Sáenz.
Para el sociólogo Oscar René Vargas, el objetivo de Ortega es principalmente abrir un diálogo para restaurar su relación con el gran capital, a cambio posiblemente de «un acuerdo de reparto de cuotas de poder en el campo económico». No descartó que ofrezca «liberar a los presos políticos».
La experta en temas de seguridad y gobernabilidad Elvira Cuadra no cree que «el gobierno de los Ortega-Murillo tenga la capacidad para abrir un espacio de diálogo que sea creíble».
«Probablemente sí va a forzar a algunos actores, como el gran capital a establecer un espacio de diálogo, pero es sobre la base de voluntades secuestradas, a punta de amenazas y a punta de detenciones», subrayó Cuadra.
Entre junio y octubre, en medio de la nueva ola represiva contra la oposición, fueron detenidos al menos cuatro empresarios, entre ellos los dos dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Para Amnistía Internacional, que condenó la represión a las protestas que estallaron en 2018 contra el gobierno, con un saldo de más de 300 muertos, Nicaragua se encamina a «un nuevo y terrible ciclo para los derechos humanos».
-¿Está Nicaragua en riesgo de un estallido social?
Para Cuadra, «las posibilidades de un estallido social» similar al de 2018 «es bastante difícil» a pesar del descontento social, debido a la «política de represión y control que hay sobre la ciudadanía».
Belli sin embargo estima que la abstención que se registró el domingo, que un observatorio independiente calcula en un 81% y el tribunal electoral en un 34%, indica que hay «un estallido social silencioso».
«Si consideramos, por un lado, que las encuestas independientes recientes demuestran que el respaldo a Ortega se encuentra en el mínimo y sigue creciendo el desempleo, el subempleo y la carestía de la vida, la conclusión obvia es que más tarde o más temprano estallarán de nuevo las protestas», advirtió Sáenz.
«Ortega solo tiene la represión, y la represión no es suficiente para someter indefinidamente el rechazo de la población», concluyó.
Centroamérica
Trump elogia a Bukele y lo califica como “uno de mis favoritos” en evento internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración, un evento que congregó a líderes políticos y dignatarios de más de 110 países.
Durante su discurso, Trump calificó a Bukele como “una de mis personas favoritas” y destacó su relación con El Salvador, al que describió como un aliado clave de Estados Unidos. El mandatario estadounidense subrayó especialmente la gestión del presidente salvadoreño en materia de seguridad y el combate al crimen.
“Nos complace dar la bienvenida a líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluido uno de mis favoritos. El presidente Bukele, de El Salvador, ha sido realmente increíble”, afirmó Trump ante los asistentes.
El mandatario estadounidense también hizo referencia al sistema penitenciario salvadoreño y a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Bukele. “Él opera prisiones muy grandes, enormes. No se puede ver de un lado al otro a menos que se tenga una visión perfecta”, expresó, al tiempo que aseguró que, pese a tratarse de centros penitenciarios “fuertes”, el trabajo que se realiza en ellos es “muy humano”.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele también se refirió a los avances en seguridad en El Salvador y recordó que el pasado 19 de enero su país celebró por primera vez el Desayuno Nacional de Oración.
“Hace un par de días tuvimos el honor de organizar, por primera vez, un Desayuno Nacional de Oración en El Salvador. Allí compartí un poco sobre el milagro que se está desarrollando en nuestro país. Como saben, El Salvador era la capital mundial de los homicidios, como se le conocía”, afirmó el mandatario salvadoreño.
Centroamérica
Panama Ports inicia arbitraje internacional tras fallo del Supremo panameño
La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, de recurrir a un arbitraje internacional tras el fallo del Supremo de Panamá que declaró inconstitucional la concesión de dos puertos del Canal ha abierto una nueva etapa legal en el proceso, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.
PPC anunció que el pasado 3 de febrero inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, amparándose en el contrato de concesión firmado en 1997, según informó la empresa en un comunicado enviado a EFE. La compañía, operadora de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, sostiene que el Estado panameño ha incumplido el marco contractual y legal, por lo que reclama “daños extensos”.
El anuncio se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión otorgada a PPC. No obstante, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la empresa continuará operando los puertos hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Por su parte, PPC asegura que el fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor.
El Gobierno panameño prevé una fase transitoria tras la ejecución de la sentencia, durante la cual la operación provisional de los puertos estaría a cargo de APM Terminals Panama, filial del grupo danés Maersk. Posteriormente, se impulsará un nuevo proceso de concesión que, según Mulino, será abierto y participativo.
De acuerdo con la ICC, el arbitraje iniciado por PPC tiene un carácter estrictamente contractual y no puede revisar ni anular decisiones de tribunales nacionales. Su alcance se limita a determinar si existieron incumplimientos contractuales y, de ser el caso, establecer compensaciones económicas.
El profesor Ja Ian Chong, de la Universidad Nacional de Singapur, advirtió en declaraciones a EFE que este tipo de arbitrajes “pueden prolongarse durante años” y recordó que Panamá, como Estado, “no está obligada a participar ni a cumplir el laudo”, como ha ocurrido en otros litigios internacionales.
Centroamérica
Autoridades abren investigación por amenazas contra mandataria electa en Costa Rica
Las autoridades judiciales de Costa Rica iniciaron el lunes una investigación luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiera información confidencial sobre la difusión de videos en redes sociales que contienen amenazas dirigidas contra la presidenta electa, Laura Fernández.
Según el Código Penal costarricense, el delito de amenazas agravadas está sancionado con penas que van de seis meses a dos años de prisión, por lo que el caso es analizado bajo este marco legal.
En el plano electoral, con el 96.87 % de las mesas escrutadas, la candidata oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener el 48.3 % de los votos, de acuerdo con el más reciente informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En segundo lugar se ubicó Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.44 % de los sufragios, mientras que ninguno de los otros 18 candidatos superó el 5 % de los votos.
El TSE inició el martes el escrutinio manual de las actas electorales y cuenta con un plazo máximo de un mes para oficializar los resultados y declarar a las autoridades electas, entre ellas la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.
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