AFP

La reelección de Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo, con sus opositores presos o en el exilio, depara a Nicaragua una mayor crisis política y económica, en medio de un creciente aislamiento internacional.

Ortega, un exguerrillero que gobernó en los años 1980 enfrentado a Washington, y retornó al poder en 2007, se aseguró el domingo cinco años más en la presidencia con el 75,92% de los votos, ante cinco desconocidos candidatos derechistas, acusados de colaborar con el gobierno para validar el proceso.

La oposición representativa fue eliminada de los comicios por segunda vez desde las elecciones de 2016. Tres partidos políticos fueron declarados ilegales y este año fueron detenidos 39 opositores, entre ellos siete rivales de Ortega.

Ortega respondió con fiereza el lunes, calificando de fascista a la Unión Europea, que cuestiona la legitimidad de su triunfo, y llamando de «hijos de perra de los imperialistas yanquis» a los opositores presos.

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La amenaza de la comunidad internacional de imponer sanciones al considerar que la reelección de Ortega no fue democrática, podría hacer retroceder al país a la difícil década de conflictos y sanciones económicas que enfrentó el primer gobierno de Ortega en los 80, según analistas.

1.-¿Va Nicaragua a un sistema de partido único?

Analistas consultados por AFP coinciden en que Nicaragua consolidará un modelo de partido único con el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que controla Ortega, como ocurre en Cuba con el Partido Comunista.

Para Ortega, «el régimen político ideal es el modelo cubano porque [cree que] la existencia de varios partidos políticos divide a la nación», consideró el economista y analista Enrique Sáenz.

«Tal como están las cosas, con todos los partidos de oposición en la ilegalidad, de facto, es ya un régimen de partido único», estimó.

Afirmó que los grupos políticos «que Ortega tolera son las comparsas (colaboradores) que están subordinadas a su voluntad a cambio de pequeñas prebendas».

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La escritora nicaragüense Gioconda Belli apunta que «la decisión de Ortega de quedarse con el poder a cualquier precio (..) hace pensar que instalará de lleno un sistema cerrado a la oposición nacional y a la influencia de la comunidad internacional». 

«Estas elecciones amañadas son un declaración de guerra a quien se le oponga», vaticinó.

2-¿Hay condiciones para un diálogo político?

En enero, el mandatario anunció que promovería un diálogo nacional después de los comicios, pero no precisó detalles.

«Un diálogo en estas condiciones es imposible. Después de encarcelar a la oposición, ¿con quién va a dialogar?», cuestionó Belli.

«En esta etapa la única negociación posible que existe en su mente es para que sus opositores negocien la rendición incondicional. Cualquier medida que impulse con este nombre solamente será una estratagema para buscar reconocimiento al estatus quo», valoró Sáenz.

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Para el sociólogo Oscar René Vargas, el objetivo de Ortega es principalmente abrir un diálogo para restaurar su relación con el gran capital, a cambio posiblemente de «un acuerdo de reparto de cuotas de poder en el campo económico». No descartó que ofrezca «liberar a los presos políticos».

La experta en temas de seguridad y gobernabilidad Elvira Cuadra no cree que «el gobierno de los Ortega-Murillo tenga la capacidad para abrir un espacio de diálogo que sea creíble». 

«Probablemente sí va a forzar a algunos actores, como el gran capital a establecer un espacio de diálogo, pero es sobre la base de voluntades secuestradas, a punta de amenazas y a punta de detenciones», subrayó Cuadra.

Entre junio y octubre, en medio de la nueva ola represiva contra la oposición, fueron detenidos al menos cuatro empresarios, entre ellos los dos dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Para Amnistía Internacional, que condenó la represión a las protestas que estallaron en 2018 contra el gobierno, con un saldo de más de 300 muertos, Nicaragua se encamina a «un nuevo y terrible ciclo para los derechos humanos».

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-¿Está Nicaragua en riesgo de un estallido social?

Para Cuadra, «las posibilidades de un estallido social» similar al de 2018 «es bastante difícil» a pesar del descontento social, debido a la «política de represión y control que hay sobre la ciudadanía».

Belli sin embargo estima que la abstención que se registró el domingo, que un observatorio independiente calcula en un 81% y el tribunal electoral en un 34%, indica que hay «un estallido social silencioso».

«Si consideramos, por un lado, que las encuestas independientes recientes demuestran que el respaldo a Ortega se encuentra en el mínimo y sigue creciendo el desempleo, el subempleo y la carestía de la vida, la conclusión obvia es que más tarde o más temprano estallarán de nuevo las protestas», advirtió Sáenz.

«Ortega solo tiene la represión, y la represión no es suficiente para someter indefinidamente el rechazo de la población», concluyó.

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