La noche del jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció la detención de siete excombatientes del FMLN, acusados de planificar atentados con explosivos para el día de la investidura presidencial, programada para el 1 de junio. Según los informes policiales, el grupo, autodenominado «Brigada de Insurrección Salvadoreña», tenía como objetivo detonar explosivos en gasolineras, supermercados e instituciones públicas en diferentes puntos del país durante la ceremonia de investidura.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la identificación de José Santos Melara Yánez, exdiputado del FMLN, como el financista de estos planes. Los detenidos, entre los cuales se encuentra Wilfredo Parada, especialista en explosivos durante la guerra civil, fueron capturados en un operativo policial. Además, se encontraron explosivos destinados para estos ataques en un sector de Guazapa, en el departamento de San Salvador.

La rápida acción de la PNC ha sido crucial para desarticular este plan terrorista y evitar potenciales tragedias durante un evento de importancia nacional. Este episodio subraya la importancia de la vigilancia continua y la acción rápida de las autoridades para mantener la seguridad ciudadana en momentos críticos.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrenta a un panorama desafiante en sus elecciones internas, programadas para el próximo 7 de julio. A diferencia del proceso de 2019, donde hubo una participación significativa con cinco candidatos, este año solo ha habido una inscripción hasta el momento. Esta situación refleja un cambio notable en el ánimo y la dinámica del partido de izquierda.

El excandidato presidencial Manuel Flores ha sido el único en inscribirse hasta la fecha, junto con su compañera de fórmula, Marleni Funes. Este escenario contrasta con el entusiasmo y la competencia que caracterizó al proceso interno de 2019. La falta de respaldo de la cúpula roja y sus constantes críticas a las medidas gubernamentales han marcado su candidatura.

Sin embargo, recientemente, Simón Paz, exalcalde de Mejicanos, ha expresado su interés en competir por la secretaría general del partido, señalando la necesidad de renovación y una nueva forma de trabajo. Esta perspectiva es compartida por muchos dentro del partido, quienes ven en la actual dirección del FMLN una falta de representación efectiva en los órganos legislativos y municipales.

El analista Óscar Peñate atribuye la falta de interés en la competencia interna a la deserción masiva de militantes y a la percepción de que el FMLN ha perdido su relevancia como opción de poder. Según Peñate, el próximo secretario general enfrentará el desafío de revitalizar un partido que parece estar en declive, liderado por una cúpula envejecida y desconectada de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha liderado iniciativas para salvaguardar los derechos de los habitantes de las zonas limítrofes entre El Salvador y Honduras, afectados por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992. La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, informó que desde la aprobación de la Ley Especial de Creación del Régimen de Identificación Migratorio y Aduanero en 2022, se ha trabajado en la emisión de carnés de identificación para cerca de 18,000 personas registradas en los llamados ex-Bolsones.

Estos sectores, que quedaron en una situación vulnerable tras la sentencia de 1992, han enfrentado dificultades al pertenecer a territorio hondureño pero depender en gran medida de los servicios y oportunidades en El Salvador. Seis de estos sectores han sido prioritarios en el proceso de carnetización, con un total de 3,161 habitantes atendidos hasta la fecha.

La iniciativa ha beneficiado a los residentes al eliminar la necesidad de largas esperas en fronteras distantes para acceder a servicios esenciales en El Salvador. Además, representa un reconocimiento tardío pero significativo de los derechos amparados por la sentencia internacional de La Haya de 1992, que otorgó una doble nacionalidad salvadoreña-hondureña a los habitantes de estas zonas, derechos que habían sido ignorados por administraciones anteriores.