Centroamérica

El Salvador cierra 2025 con una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica

El Salvador se ubicó entre los países con las tasas de homicidios más bajas de América Latina durante 2025, según cifras oficiales presentadas por el Gobierno y comparaciones regionales. El país cerró el año con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, resultado de una reducción sostenida de la violencia en años recientes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Ampliado, en 2025 se registraron 82 homicidios en todo el territorio nacional, y las autoridades afirmaron que el 100 % de estos casos fueron resueltos. Esto representa un cambio significativo en los indicadores de seguridad y sitúa a El Salvador entre las naciones con mejores resultados en materia de criminalidad en la región.

Las autoridades atribuyen esta baja sostenida a la continuidad de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele que han permitido disminuir de forma constante los índices de violencia desde 2019.

La situación en otros países latinoamericanos fue distinta durante 2025. Por ejemplo, Argentina se ubicó entre los países con tasas de violencia homicida más altas que El Salvador, aunque también registró cifras relativamente bajas en comparación con décadas anteriores.

En Chile, las cifras preliminares mostraron una reducción en tasa de homicidios en 2025 en comparación con años anteriores, aunque aún se mantiene por encima de la registrada en El Salvador. Venezuela reportó tasas superiores y también mostró disminuciones respecto a 2024. En Uruguay, la violencia homicida se redujo ligeramente, pero las tasas se mantuvieron más elevadas que en El Salvador. (Comparaciones basadas en informes regionales)

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Los datos reflejan una tendencia de mejora en la seguridad en varios países de la región, aunque El Salvador destaca por sus cifras históricamente bajas y el avance en la resolución de casos de homicidio.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.