La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado una preocupación genuina por la vida, el bienestar y el futuro del pueblo venezolano, según declaraciones difundidas por la cadena CNN.

“Realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos. Él me lo dijo”, expresó Machado, quien destacó la postura asumida por el mandatario estadounidense frente a la crisis que atraviesa Venezuela.

La dirigente opositora agradeció de forma explícita las acciones impulsadas por Trump, las cuales —dijo— han requerido determinación y valentía política. “Estamos absolutamente agradecidos con Trump. Tomó un montón de coraje hacer lo que él hizo”, afirmó durante una conferencia ofrecida en Washington.

Machado subrayó que el respaldo internacional, en particular desde Estados Unidos, es clave para visibilizar la situación venezolana y respaldar los esfuerzos de la oposición por lograr cambios políticos en el país.

La fiscalía de Corea del Sur solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024, informó la agencia local Yonhap.

Según los fiscales, el exmandatario conservador, de 65 años, encabezó una “insurrección” impulsada por una “sed de poder destinada a instaurar una dictadura”, acciones que —aseguraron— pusieron en grave riesgo el orden constitucional y el sistema democrático del país.

El Ministerio Público reprochó además que Yoon no haya mostrado “ningún remordimiento” por unos hechos que consideró especialmente graves. “En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa”, concluyeron los fiscales al solicitar la pena capital, que sigue contemplada en la legislación surcoreana, aunque no se aplica desde 1997.

Durante la audiencia, el exjefe de Estado defendió su actuación y afirmó que apenas ejerció su autoridad presidencial. “No fue una dictadura militar que elimina ciudadanos, sino un esfuerzo por salvar la libertad y la soberanía, y por revivir el orden constitucional”, sostuvo Yoon, de acuerdo con Yonhap.

La fiscalía también pidió cadena perpetua para el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, implicado en el mismo caso.

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CEL

El tribunal tiene previsto dar a conocer su veredicto el próximo 19 de febrero.

El condado de Los Ángeles aprobó esta semana una moción para iniciar el proceso de designar zonas “libres” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en sus propiedades públicas, en medio de una escalada de tensiones por la violencia en operaciones migratorias en distintas partes del país.

La Junta de Supervisores del condado votó por unanimidad a favor de la iniciativa, que instruye al abogado del condado a redactar una ordenanza para ser considerada en los próximos 30 días. De ser aprobada, la normativa prohibiría que los agentes federales utilicen bienes controlados por el condado —como parques, edificios administrativos o instalaciones públicas— como áreas de concentración, procesamiento o bases de operaciones para actividades de inmigración civil no autorizadas.

Según el comunicado oficial, la moción responde a la creciente presencia de operativos migratorios en espacios públicos y busca garantizar que las propiedades del condado se empleen “exclusivamente para los fines públicos previstos”.

La medida llega en un contexto de fuerte controversia por redadas de ICE en California y otros estados, y tras varios incidentes de violencia relacionados con operativos migratorios. Entre ellos se cita el tiroteo fatal en Mineápolis en el que una agente de ICE mató a una mujer estadounidense durante un operativo, un episodio que ha generado protestas y críticas en todo el país.

Los promotores de la moción han señalado que la política de “zonas libres de ICE” no interfiere con el cumplimiento de órdenes judiciales legítimas ni con la aplicación de la ley penal, pero pretende limitar el uso de espacios públicos para acciones federales de inmigración que consideran traumáticas para las comunidades locales.

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Medidas similares ya han sido implementadas en otras ciudades como Chicago, donde se adoptó una política que prohíbe a las autoridades migratorias usar propiedades municipales para sus operaciones, lo que podría derivar en un enfrentamiento entre autoridades locales y federales sobre la jurisdicción en espacios públicos.