El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley destinada a crear un marco normativo que regule los incentivos económicos y sociales para la atracción, promoción y protección de la diáspora salvadoreña, así como la institucionalidad necesaria para desarrollar e implementar políticas públicas relacionadas con la movilidad humana.

La iniciativa fue presentada por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, y recibida formalmente por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, bajo el nombre de “Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana”.

El proyecto contempla 43 artículos que proponen la creación de un “Mecanismo de coordinación nacional sobre movilidad humana”, un espacio de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias para diseñar y aplicar políticas relacionadas con la diáspora. Este mecanismo estará liderado por la Cancillería, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, e incluirá a ministerios como Seguridad, Hacienda y Trabajo, así como a instituciones como la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA), el CONNA y la Procuraduría General de la República.

Entre las facultades del mecanismo se incluye la regulación de beneficios ya existentes, como la exoneración de impuestos para la introducción de muebles y enseres por hasta $100,000, la importación de dos vehículos por familia y de herramientas necesarias para actividades laborales, también hasta por $100,000.

La propuesta también establece que el Estado debe promover y facilitar las inversiones de la diáspora mediante programas y proyectos conjuntos, además de garantizar que los salvadoreños retornados tengan acceso al sistema financiero nacional para abrir cuentas o recibir servicios bancarios, respetando las normativas de prevención de lavado de dinero.

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Otro de los apartados busca fomentar la integración laboral de los retornados, con apoyo del Ministerio de Trabajo, y faculta a Cancillería a ejecutar programas de movilidad laboral para generar oportunidades en el exterior.

Asimismo, la ley regularía temas como asistencia humanitaria, repatriación de restos humanos y la creación de un mecanismo de búsqueda y localización de salvadoreños desaparecidos en el extranjero.

La iniciativa será estudiada el próximo martes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior.

Los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo para financiar obras hídricas que reduzcan la contaminación por aguas residuales en el río Tijuana, un cuerpo de agua que atraviesa Baja California y desemboca en el océano Pacífico, afectando las costas del sur de California.

Durante décadas, las autoridades estadounidenses han denunciado que aguas sin tratar provenientes de Méxicocontaminan el cauce del río.

“Olí lo que muchos residentes de la comunidad han experimentado… vi la degradación del valle del río Tijuana. Escuché acerca de las playas que fueron cerradas”, expresó Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., al recordar su visita a la región durante la firma del convenio.

La secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que las acciones acordadas buscan “resolver de una vez por todas el problema de las aguas residuales del río Tijuana”.

El memorándum de entendimiento se firmó en Ciudad de México y llega apenas una semana antes de que entren en vigor, el 1 de agosto, los aranceles del 30 % a todas las exportaciones mexicanas, impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el pacto como “un buen ejemplo de cómo, sentándonos con los equipos técnicos, se puede resolver un problema”.

Como parte del acuerdo, México se comprometió a destinar 13.3 millones de dólares para iniciar este año la construcción de una obra que permitirá desviar un efluente de agua tratada, reduciendo la carga contaminante en el río.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado por error y posteriormente retornado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de migrantes. Este miércoles, dos jueces federales dictaminaron que debe quedar en libertad mientras espera juicio y que no podrá ser deportado de forma inmediata.

Ábrego fue expulsado de Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump en marzo pasado. Sin embargo, en junio fue trasladado nuevamente a ese país tras una orden de arresto emitida por las autoridades salvadoreñas. A su regreso, fue detenido y acusado en Nashville, Tennessee, de participar en una red de tráfico de migrantes entre 2016 y 2025. El salvadoreño se ha declarado no culpable.

El caso ha cobrado notoriedad al reflejar las tensiones entre el Gobierno de Trump y el sistema judicial federal. La liberación del acusado ha sido aplazada en varias ocasiones tanto por los fiscales como por sus abogados, quienes temen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detenga nuevamente y ejecute otra deportación.

El juez de distrito Waverly Crenshaw, en Tennessee, autorizó este miércoles su liberación bajo fianza, en espera del juicio fijado para el 27 de enero. En paralelo, la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, emitió una orden que impide a ICE arrestar al acusado de forma inmediata. Además, ordenó que Ábrego sea trasladado a Maryland y que cualquier intento de deportación sea notificado con al menos tres días de anticipación.

Por el momento, no se ha determinado cuándo será liberado. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, expresó su desacuerdo con la resolución judicial.

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