Centroamérica
Exdiputados y sus familias enfrentan procesos por millonarios incrementos patrimoniales no justificados
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en abril enviar a juicio civil por enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa —tres de Arena y dos de GANA— junto a sus familiares, tras encontrar indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados durante sus períodos en el cargo.
La decisión se tomó con base en los informes presentados por la Sección de Probidad y fue aprobada en la sesión plenaria del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.
Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presuntos aumentos patrimoniales que van desde los $214,683 hasta más de $3.8 millones.
El caso más alto corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar, y su esposo, quienes presentan un incremento no justificado de $3,822,778.28. La Sección de Probidad detectó 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales de tres períodos legislativos, entre 2012 y 2021.
Por su parte, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, diputado de Arena entre 2012 y 2015, tiene un incremento patrimonial sospechoso de $214,683.22, atribuible a él y su cónyuge.
El exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo (2012-2015), será procesado junto a su esposa por un enriquecimiento ilícito de $392,989.62, detectándose 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin respaldo, compra injustificada de vehículos y pagos de deudas.
También enfrenta juicio civil Jesús Grande, exlegislador de 2012 a 2015, por un supuesto enriquecimiento no justificado de $352,119.41.
Finalmente, el exdiputado de Arena, David Ernesto Reyes Molina, con períodos entre 2012 y 2021, tendrá que responder por un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, identificado en sus tres períodos, con 33 inconsistencias detectadas, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.
Centroamérica
El Salvador reporta 109 días sin homicidios en lo que va de 2026
La Policía Nacional Civil informó que el lunes 11 de mayo cerró con cero homicidios a nivel nacional, convirtiéndose en la octava jornada del mes sin muertes violentas y en la número 109 en lo que va de 2026.
De acuerdo con los datos oficiales, los ocho días sin asesinatos registrados en mayo se suman a las 27 jornadas sin homicidios en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero, acumulando así 109 días sin muertes violentas en el presente año.
Las estadísticas de la corporación policial también indican que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 1,211 días sin homicidios en total. De ese periodo, 1,097 días corresponden al lapso comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 11 de mayo de 2026, bajo la implementación del régimen de excepción.
Las autoridades señalan que las medidas de seguridad han influido en la reducción de la violencia, permitiendo además que El Salvador cerrara el año 2025 como el país con menor número de homicidios en Centroamérica.
Según las cifras oficiales, en 2025 el país registró 82 asesinatos, mientras que en la región Guatemala reportó 3,022 homicidios, Honduras 2,330, Costa Rica 856 y Panamá 588 casos.
Centroamérica
EE. UU. y El Salvador fortalecen agenda de inversión en reunión entre Bukele y subsecretario Orr
El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, sostuvo una reunión con el presidente de Nayib Bukele durante su visita oficial al país, en la que se abordaron temas relacionados con inversión y cooperación económica bilateral.
La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que detalló a través de la red social X que ambos funcionarios comparten el objetivo de “explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”.
A su llegada al país, Orr fue recibido por la encargada de Negocios de la misión diplomática estadounidense, Naomi Fellows.
La embajada señaló además que el subsecretario encabeza una delegación integrada por representantes del sector privado y de distintas agencias del Gobierno estadounidense.
El objetivo de la visita es identificar oportunidades de inversión en áreas estratégicas como energía, infraestructura digital, transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial, en el marco del fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.
Centroamérica
Requisas revelan ingreso constante de armas, droga y celulares a cárceles de Guatemala
A pesar de las constantes requisas realizadas por las autoridades, las cárceles de Guatemala continúan siendo escenario del ingreso y posesión de artículos ilícitos por parte de pandilleros recluidos en distintos centros penitenciarios.
En los últimos dos años se han ejecutado al menos 10 operativos de requisa en diferentes penales del país, donde las autoridades han decomisado celulares, televisores, bocinas, ventiladores, cigarros, bebidas alcohólicas, armas de fuego, objetos cortopunzantes y droga.
Uno de los operativos más recientes ocurrió el pasado 26 de abril en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en Quetzaltenango. La intervención fue desarrollada por la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala.
Durante la requisa, las autoridades encontraron teléfonos celulares y cargadores, radios de largo alcance, televisores, bocinas y ventiladores. Además, decomisaron bebidas alcohólicas, cigarros y diferentes tipos de droga, entre ellas marihuana, cocaína y crack.
Las autoridades consideran que estos hallazgos evidencian la forma en que los reclusos logran vulnerar los controles de seguridad para introducir artículos prohibidos y mantener comunicación con estructuras criminales fuera de prisión, presuntamente con apoyo de redes de corrupción.
Otro operativo similar se realizó el 11 de marzo en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, donde también fueron decomisados celulares, armas, licor, droga y equipo utilizado para generar conexión a internet.
Tras esa intervención, surgieron cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario. En dicho centro carcelario permanecen recluidos más de 3,100 privados de libertad.
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