Internacionales
A tres años de la toma de Kabul, Afganistán sufre bajo el dominio talibán
Tres años después de que los talibanes tomaran el control de Kabul, Afganistán sigue siendo un país asediado, atrapado en una situación de inseguridad y represión. Aunque los fundamentalistas prometieron traer paz tras dos décadas de conflicto, el país continúa sufriendo violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres, en medio de denuncias de tortura y ejecuciones.
«La guerra terminó en términos de enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses y afganas, pero eso no significa que se haya alcanzado la seguridad ni la paz», explicó a EFE el analista político Azizullah Marij.
Los talibanes entraron en la capital afgana el 15 de agosto de 2021, poniendo fin a veinte años de guerra con el antiguo Gobierno respaldado por Estados Unidos, bajo la promesa de que su llegada traería estabilidad al país. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.
Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas Persisten
Desde la toma de poder, Afganistán ha sido testigo de una serie de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones en nombre de la seguridad, sin que exista un mecanismo legal para presentar quejas. Este clima de terror ha generado un ambiente de miedo, especialmente entre los funcionarios del antiguo gobierno, que temen las represalias de los talibanes.
En los últimos tres años, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha documentado más de 800 casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas contra individuos vinculados al antiguo régimen.
Además, el gobierno talibán ha retomado las ejecuciones públicas, una práctica común durante su primer régimen entre 1996 y 2001. Estos actos, realizados en estadios frente a multitudes, se justifican bajo una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica, y buscan imponer el miedo y el control sobre la población.
Afganistán: Un País en Rehén
El analista político Ahmad Sayeed Saeedi señaló que los talibanes han «tomado como rehenes al pueblo afgano» y han instaurado un régimen de miedo y desilusión en la nación. Su interpretación extrema de la Sharia ha resultado en medidas draconianas, como la prohibición a las mujeres de estudiar, trabajar o salir sin un acompañante masculino, recordando las duras restricciones de su primer mandato.
El ascenso al poder de los talibanes también llevó a la retirada de todo el personal diplomático extranjero de Kabul y a la suspensión de la ayuda económica internacional, agravando la crisis humanitaria y económica del país. La población afgana vive sumida en la pobreza y el desempleo, sin un plan claro de cómo el gobierno talibán pretende ganar el reconocimiento internacional o aliviar las penurias de sus ciudadanos.
Represión y Cierre de Medios de Comunicación
El régimen talibán también ha impuesto estrictas restricciones a la libertad de prensa, lo que ha resultado en el cierre de la mayoría de los medios de comunicación que operaban antes de su llegada al poder. Los periodistas que siguen trabajando en Afganistán lo hacen bajo una vigilancia constante, enfrentando amenazas de arresto o desaparición si no se adhieren a las líneas dictadas por el gobierno.
El analista militar Ahmad Andar advierte que la represión talibana podría causar un retroceso en la seguridad del país si no se gestiona adecuadamente. «La falta de una gobernanza legítima alineada con los requisitos de la nación, la ausencia de la Loya Jirga (asamblea de líderes tribales), y la falta de inclusión y compromiso con la comunidad internacional ponen en peligro el futuro de Afganistán», declaró a EFE.
A pesar de la represión interna, los talibanes han visto signos de respaldo internacional en los últimos meses. China nombró a un embajador en Kabul en diciembre, y en junio, Rusia expresó su apoyo al reconocimiento del régimen talibán, un paso que podría legitimar su gobierno en la escena global.
Economía
Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto
El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.
A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.
Medidas tributarias temporales
Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.
Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.
El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
Internacionales
EE. UU. envía 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto
Estados Unidos envió a Colombia cerca de 220,000 libras, unas 100 toneladas, de suministros humanitariosdestinados a refugio, agua, saneamiento e higiene, como parte de la respuesta internacional al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país la semana pasada.
El material fue trasladado durante el fin de semana desde un almacén del Departamento de Estado de Estados Unidos en Miami, con apoyo del Comando Sur (SOUTHCOM), informó el Comando de Transporte militar estadounidense.
El envío se suma a los $26.5 millones anunciados por el Departamento de Estado para apoyar las labores de reconstrucción tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
A una semana del sismo, la Cancillería colombiana informó que el país ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de países como El Salvador, México, Chile y Perú.
España e Italia también anunciaron aportes por un total de 1.5 millones de euros para contribuir a la atención de la emergencia.
El terremoto ha dejado hasta este lunes 287 personas fallecidas, 4,147 heridas y 194 desaparecidas, de acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las autoridades colombianas mantienen las labores de atención a las comunidades afectadas, mientras avanza la evaluación de los daños y la planificación de la etapa de reconstrucción.
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