El Ejército de Ecuador confirmó este martes la liberación de cuatro de los 17 militares que fueron retenidos el pasado domingo en la provincia andina de Imbabura, durante las protestas indígenas contra el alza del precio del diésel tras la eliminación del subsidio.

Según la institución castrense, los soldados recuperaron su libertad el lunes y este martes por la mañana los organismos competentes realizaban exámenes médicos, procedimientos legales y revisión del material bélico. No se ofrecieron más detalles sobre las condiciones de su liberación.

La retención ocurrió en una de las jornadas más intensas de movilización convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la medida gubernamental que elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares. Ese mismo día, falleció Efraín Fuerez, comunero kichwa, en Cotacachi (Imbabura), hecho que la Conaie calificó como un “crimen de Estado”, al acusar a militares de haber disparado contra él.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur pidió al Estado ecuatoriano una investigación exhaustiva y transparente que garantice justicia a la familia y comunidad de Fuerez.

Por su parte, las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia por secuestro ante la Fiscalía, que trasladó el caso a la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía (Unase) para continuar con las investigaciones.

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Mientras tanto, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, rechazó las acusaciones sobre la retención de militares: “Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”, afirmó.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comunicó este lunes con su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque ocurrido en Doha el 9 de septiembre, que dejó un saldo de seis personas muertas, según informó la cadena catarí Al Jazeera.

La llamada se produce en un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, tras reunirse con Netanyahu, expresó su “mucha confianza” en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para establecer una tregua en el enclave palestino, fue el escenario del ataque israelí dirigido a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás, que dejó a cinco miembros del movimiento y a un agente de seguridad catarí fallecidos.

Catar calificó el ataque de “agresión” y “terrorismo de Estado”, comprometiéndose a tomar “las medidas necesarias” para proteger su seguridad nacional. En la reunión de la Casa Blanca, ambos líderes discutieron un plan estadounidense que incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de rehenes de Hamás, la excarcelación de prisioneros palestinos en Israel y el retiro del Ejército israelí de la Franja.

Hamás indicó el domingo que aún no había recibido nuevas propuestas de los mediadores, pero se mostró dispuesto a considerar cualquier iniciativa “de manera positiva y responsable”.

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe jugar un papel en la administración de Gaza, proponiendo en su lugar una autoridad provisional dirigida por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair. Además, Trump aseguró a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.

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La persecución política en Venezuela se ha intensificado, advirtió este lunes una misión de expertos designada por la ONU, que señaló que la única esperanza de obtener justicia para las víctimas recae en instancias internacionales.

La presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, denunció que el Estado incrementó la represión en momentos de alta tensión política, como la toma de posesión presidencial en enero, mediante detenciones masivas. Su compañera, la argentina Patricia Tappatá, agregó que, ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la vía internacional es la única opción para las víctimas.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, documentó al menos 200 detenciones entre enero y agosto de 2015, y reportó 14 arrestos adicionales en la primera mitad de septiembre de 2025.

Tras la reelección de Nicolás Maduro en 2024, calificada como fraudulenta por la oposición, se registraron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2,400 detenidos, de los cuales aproximadamente 2,000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.

Valiñas concluyó que las evidencias recopiladas confirman que el crimen de persecución por motivos políticos sigue ocurriendo en Venezuela, sin que las autoridades nacionales muestren voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas violaciones de derechos humanos.

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