El líder opositor venezolano Edmundo González planteó la celebración de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela como parte de un proceso de transición democrática, condicionado a la existencia de garantías plenas de transparencia, participación y respeto a los derechos políticos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, González afirmó que la solución a la crisis política venezolana pasa por la realización de comicios “verdaderamente democráticos y libres”, con autoridades electorales independientes, un registro electoral confiable, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso equitativo a medios de comunicación.

El dirigente sostuvo que antes de avanzar hacia un nuevo proceso electoral es necesario cumplir una serie de condiciones fundamentales, entre ellas la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución contra dirigentes y activistas, así como la independencia del poder electoral y del sistema judicial.

“Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio”, expresó González en su intervención.

El opositor explicó que la propuesta fue discutida recientemente con la líder opositora María Corina Machado y otros representantes de las fuerzas democráticas venezolanas durante una reunión celebrada en Panamá, donde se abordó una hoja de ruta orientada a buscar una salida electoral a la crisis política del país.

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La iniciativa surge días después de la presentación del denominado Manifiesto de Panamá, documento en el que diversos sectores opositores expresaron su disposición a promover una negociación política para avanzar hacia elecciones con garantías democráticas y supervisión independiente.

La oposición venezolana sostiene que González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de julio de 2024, mientras que las autoridades electorales proclamaron ganador a Nicolás Maduro, un proceso que continúa siendo objeto de controversia dentro y fuera del país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el exgobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, centrada en presuntos delitos financieros y lavado de dinero vinculados a la estructura económica de su entorno político, según reportes publicados por medios estadounidenses.

La nueva pesquisa se desarrolla en el Distrito Sur de Florida, donde permanece detenido el empresario colombiano Alex Saab, considerado por fiscales federales como una pieza clave para esclarecer presuntas operaciones financieras relacionadas con el chavismo.

De acuerdo con el diario Miami Herald, Saab posee información detallada sobre la estructura financiera que habría operado alrededor de Maduro y otros funcionarios venezolanos.

Saab fue deportado el pasado 16 de mayo hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración financiera, relacionados con presuntas irregularidades en contratos del programa de alimentos CLAP y otras operaciones económicas.

Según documentos del Departamento de Justicia estadounidense, el empresario habría utilizado bancos y empresas vinculadas al sistema financiero de Estados Unidos para movilizar cientos de millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales venezolanos.

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La investigación en Miami se suma al proceso judicial que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

Medios estadounidenses señalaron que la nueva indagatoria estaría encabezada por el fiscal Michael Berger, con apoyo de agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave para documentar presuntas redes de corrupción y movimientos financieros relacionados con el gobierno venezolano.

Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3,308 armas de fuego ilegales, 56 toneladas de drogas y la captura de más de 8,700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó la Organización Internacional de Policía Criminal.

La operación, denominada “Orca XI”, se desarrolló durante seis semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos.

Según el informe divulgado por Interpol desde su sede en Lyon, además de las armas decomisadas, las fuerzas de seguridad confiscaron cerca de 200,000 municiones, 256,025 dólares en efectivo y 210 vehículos.

La organización destacó que el tráfico ilícito de armas en la región mantiene una estrecha relación con otros delitos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos cibernéticos.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, afirmó que las armas retiradas de circulación y la droga decomisada representan “un progreso real en la lucha contra el crimen organizado”.

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Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó que la operación demuestra que “la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados”.

Entre los casos más relevantes reportados durante el operativo, Colombia informó sobre la captura de 22 personas investigadas por financiación del terrorismo y tráfico de armas.

En Panamá, dos sospechosos fueron arrestados por presunto contrabando de armas mediante servicios de mensajería y correo, mientras que en Brasil las autoridades desmantelaron una red criminal vinculada al narcotráfico y posesión ilegal de armas.

Asimismo, en Chile una investigación permitió la captura de tres personas y el decomiso de 580 kilogramos de drogas valoradas en aproximadamente 5.6 millones de dólares, además de nueve pistolas. Las autoridades chilenas también congelaron 11 cuentas bancarias relacionadas con operaciones de lavado de dinero.

En el operativo participaron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, entre otros países de la región.

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