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Centroamérica

Guatemala presenta su política migratoria en el Día Internacional del Migrante

Foto: Prensa Libre

19 de diciembre | Redacción |

En conmemoración al Día Internacional del Migrante, Guatemala dio a conocer su tan esperada política migratoria, una iniciativa que estaba pendiente desde el año 2016 y que se ha convertido en una tarea crucial para las autoridades competentes del país. La presentación, liderada por la Autoridad Migratoria Nacional, reveló los ejes temáticos fundamentales que guiarán la gestión migratoria del país centroamericano.

La política migratoria, plasmada en un documento de 16 principios rectores, se centra en temas clave como Derechos Humanos, integración sustentable, servicios migratorios, consulares, gestión de fronteras y migración y desarrollo sostenible.

Uno de los puntos más destacados es el firme compromiso con el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. Se subraya que cualquier acto destinado a impedir el ejercicio de los derechos, basado en criterios como color de piel, nacionalidad, xenofobia, homofobia, transfobia, misoginia, segregación racial o antisemitismo, será considerado como discriminación.

La política también establece el principio de no criminalización, dejando claro que la condición migratoria irregular no constituirá por sí misma un delito, y la presencia de una persona en dicha condición no será presunción de la comisión de ilícitos.

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Otro aspecto crucial resaltado en el documento es la protección de la vida, condición física o libertad de las personas migrantes. Se enfatiza que ninguna persona podrá ser devuelta o rechazada en la frontera si su vida está en peligro por razones fundadas.

Stuart Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), indicó que esta política representa un paso significativo para fortalecer el Instituto y abordar cuestiones pendientes, como el asilo y la regulación de ingresos en las fronteras. La implementación de la política involucra a 40 instituciones y comenzará en los próximos meses, iniciando con la creación de espacios de trabajo.

El vicepresidente Guillermo Castillo y la vicepresidenta electa Karin Herrera participaron en el acto, junto con viceministros de diversas carteras y representantes del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua). Castillo expresó su pesar por la migración forzada, atribuyéndola a la falta de condiciones necesarias en los Estados para mantener a sus ciudadanos, y destacó que la nueva política mejorará la atención a los migrantes.

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Centroamérica

Informe internacional critica detenciones bajo el régimen de excepción en El Salvador

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) afirmó en un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Geneva, Switzerland, que la pertenencia a una pandilla, por sí sola, no debería constituir un delito que justifique el encarcelamiento.

Según el documento, el delito de “agrupaciones ilícitas”, tal como está tipificado en los decretos legislativos aprobados durante el Régimen de Excepción en El Salvador, pone el énfasis en la pertenencia a una organización criminal sin requerir que se demuestren hechos delictivos específicos cometidos por los implicados ni su participación directa en ellos.

“El delito de agrupaciones ilícitas y la forma en que está tipificado […] ponen el acento en la sola pertenencia a la organización sin requerir que se demuestren los hechos delictivos perpetrados por esta ni la conexión de los implicados con su perpetración”, señala el informe en su página 110.

El grupo también sostiene que la tipificación de este delito resulta imprecisa y considera que ha sido utilizada para justificar detenciones que califican como arbitrarias de más de 90,000 personas en el marco del régimen de excepción. En el mismo informe, los expertos piden la liberación de personas detenidas durante esta medida de seguridad.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reiterado recientemente que su Gobierno prioriza los derechos de los ciudadanos honrados frente a los de quienes considera criminales. El mandatario también ha cuestionado a algunas organizaciones nacionales e internacionales que, según afirmó, defienden a miembros de estructuras delictivas bajo el argumento de la protección de los derechos humanos.

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Centroamérica

Vicepresidente Félix Ulloa se reúne con salvadoreños en Chile para destacar avances del país

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la comunidad salvadoreña residente en Chile, donde expuso los principales cambios y proyectos impulsados en el país en los últimos años.

Durante la reunión, el funcionario invitó a los compatriotas a visitar El Salvador para conocer de primera mano los avances en áreas como seguridad, vivienda y salud.

De acuerdo con información difundida por la Vicepresidencia de El Salvador en su cuenta oficial de la red social X, Ulloa destacó el papel de la diáspora salvadoreña como un puente entre naciones.

Según el vicegobernante, los salvadoreños en el exterior contribuyen a fortalecer los vínculos humanos, culturales y económicos entre ambos países, además de promover el comercio, la inversión y el intercambio de experiencias.

Durante el encuentro, Ulloa también se refirió al liderazgo del presidente Nayib Bukele, cuya administración —señaló— ha impulsado un proceso de transformación en el país, con avances en seguridad pública y programas orientados a mejorar la calidad de vida de la población.

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Entre las iniciativas mencionadas destacó la aplicación móvil DoctorSV, una herramienta digital que busca facilitar el acceso a servicios de salud.

El vicepresidente afirmó que la mejor forma de conocer el nuevo momento que vive El Salvador es visitarlo y experimentar personalmente las condiciones actuales del país.

Según la vicepresidencia, la reunión permitió generar un espacio de diálogo y cercanía con los salvadoreños residentes en Chile, fortaleciendo su conexión con la realidad política y social de la nación centroamericana.

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Centroamérica

Bukele defiende medidas de seguridad y cuestiona a organizaciones de derechos humanos

El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la prioridad de su Gobierno es garantizar los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según señaló, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que afirman trabajar en favor de los derechos humanos.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario citó declaraciones brindadas previamente a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado sobre las críticas de algunas entidades y medios de comunicación a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.

«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», expresó Bukele.

Debate sobre derechos humanos

En el video adjunto a la publicación, el jefe de Estado señaló que los criminales poseen derechos humanos, pero cuestionó que algunas organizaciones prioricen su defensa frente a las víctimas de la violencia que afectó al país durante décadas.

Las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno, agregó, cuentan con el respaldo del 96 % de la población, según ha señalado el mandatario en diferentes ocasiones al referirse a los resultados obtenidos en la reducción de la criminalidad.

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Ulloa habla de delitos de lesa humanidad

Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad.

Ulloa sostuvo que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 puede calificarse como un genocidio, periodo en el que —según indicó— fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.

El vicepresidente señaló que estos delitos no prescriben, por lo que deberían ser investigados y juzgados, y cuestionó que organizaciones de derechos humanos no hayan impulsado denuncias al respecto.

Asimismo, planteó si organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas deberían investigar estos hechos de oficio.

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