Centroamérica
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala garantiza juramentación del presidente electo en medio de controversias
15 de diciembre | Redacción |
La máxima instancia judicial de Guatemala emitió una orden este jueves para «garantizar» la juramentación del presidente electo, Bernardo Arévalo, tras acoger un recurso de amparo contra acciones de la fiscalía que buscaban obstaculizar su asunción al poder el 14 de enero.
Según un comunicado oficial, la Corte de Constitucionalidad decidió «conminar al Congreso a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados». La resolución también abarca la toma de posesión de la vicepresidenta Karin Herrera, los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.
El tribunal, que previamente había dictado un amparo provisional en octubre, fundamentó su decisión en la necesidad de salvaguardar el orden constitucional y el Estado de Derecho en Guatemala. La Corte especificó que su fallo no afecta las facultades de investigación y acusación del Ministerio Público y los jueces del orden penal.
El presidente electo, Bernardo Arévalo, ha denunciado acciones de la fiscalía como parte de un «golpe de Estado» para evitar su asunción, alegando malestar en sectores «corruptos» del país. A pesar del respaldo internacional y las sanciones de Estados Unidos contra la fiscalía, que considera «corrupta» y «antidemocrática», Arévalo ha enfrentado desafíos legales, incluyendo la suspensión de su partido y la solicitud de quitarle la inmunidad para investigarlo por lavado de dinero.
Las acciones de la fiscalía han generado rechazo a nivel internacional, con Estados Unidos sancionando a varios guatemaltecos por socavar la democracia. El Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo sanciones contra los responsables de la «tentativa de golpe de Estado» en Guatemala.
A pesar de la controversia, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, afirmó que nada impediría que Arévalo y otras autoridades electas asuman sus puestos. Las tensiones políticas en Guatemala continúan siendo objeto de atención internacional, con un escenario político en evolución a medida que se acerca la fecha de cambio de mando.
Centroamérica
Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.
Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.
“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.
Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.
El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.
Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios
La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.
Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.
Centroamérica
Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.
“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.
El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.
Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.
Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.
Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.
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