Centroamérica

Despojo de inmunidad a magistrados del TSE genera incertidumbre en su funcionamiento interno

Foto: Prensa Libre

1 de diciembre | Redacción |

Expertos en derecho advierten que la reciente decisión de despojar de la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados de posible sobrevaloración en la compra del sistema informático empleado en las elecciones de junio y agosto, podría tener consecuencias significativas en el funcionamiento interno de dicho organismo.

Los magistrados afectados por esta medida son Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco. La presidenta actual del TSE, Blanca Alfaro, expresó su preocupación tras el retiro de la inmunidad, argumentando que la continuidad de las labores del Tribunal debe ser sometida a un análisis detenido. Alfaro destacó que el pleno del TSE no podría tomar decisiones al quedar incompleto, ya que los magistrados bajo investigación no podrían asistir a las sesiones.

En respuesta a la situación, Irma Palencia y Rafael Rojas han solicitado licencia especial, mientras que Mynor Franco y Gabriel Aguilera estarían gestionando períodos de vacaciones, según informes emitidos este viernes.

Ana Elly López, exmagistrada suplente del TSE, señala que, incluso con un proceso judicial en curso, los magistrados titulares pueden mantenerse en sus cargos. No obstante, en caso de que se emita una orden de captura y los funcionarios sean enviados a prisión preventiva, deberán ser sustituidos provisionalmente por los magistrados suplentes hasta que se dicte una sentencia.

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López destaca que no existe la obligación de renunciar antes de que se dicte sentencia, ya que los magistrados no están fuera del cargo durante el proceso. Además, menciona el precedente de la exmagistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en su puesto después de enfrentar un proceso judicial.

El abogado constitucionalista Édgar Ortíz coincide en que el proceso legal contra los magistrados del TSE no tiene relación con los resultados electorales y que podrán mantener sus cargos, a menos que se les dicte prisión preventiva. Asegura que, en tal caso, serán los suplentes quienes los reemplacen.

La decisión del Congreso de retirar la inmunidad a los magistrados del TSE se produce después de que la Pesquisidora del TSE recomendara el retiro de la inmunidad en un informe emitido el 29 de noviembre. La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y los magistrados suplentes con amparo provisional quedaron exentos de esta medida.

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Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.