Centroamérica

Despojo de inmunidad a magistrados del TSE genera incertidumbre en su funcionamiento interno

Foto: Prensa Libre

1 de diciembre | Redacción |

Expertos en derecho advierten que la reciente decisión de despojar de la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados de posible sobrevaloración en la compra del sistema informático empleado en las elecciones de junio y agosto, podría tener consecuencias significativas en el funcionamiento interno de dicho organismo.

Los magistrados afectados por esta medida son Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco. La presidenta actual del TSE, Blanca Alfaro, expresó su preocupación tras el retiro de la inmunidad, argumentando que la continuidad de las labores del Tribunal debe ser sometida a un análisis detenido. Alfaro destacó que el pleno del TSE no podría tomar decisiones al quedar incompleto, ya que los magistrados bajo investigación no podrían asistir a las sesiones.

En respuesta a la situación, Irma Palencia y Rafael Rojas han solicitado licencia especial, mientras que Mynor Franco y Gabriel Aguilera estarían gestionando períodos de vacaciones, según informes emitidos este viernes.

Ana Elly López, exmagistrada suplente del TSE, señala que, incluso con un proceso judicial en curso, los magistrados titulares pueden mantenerse en sus cargos. No obstante, en caso de que se emita una orden de captura y los funcionarios sean enviados a prisión preventiva, deberán ser sustituidos provisionalmente por los magistrados suplentes hasta que se dicte una sentencia.

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López destaca que no existe la obligación de renunciar antes de que se dicte sentencia, ya que los magistrados no están fuera del cargo durante el proceso. Además, menciona el precedente de la exmagistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en su puesto después de enfrentar un proceso judicial.

El abogado constitucionalista Édgar Ortíz coincide en que el proceso legal contra los magistrados del TSE no tiene relación con los resultados electorales y que podrán mantener sus cargos, a menos que se les dicte prisión preventiva. Asegura que, en tal caso, serán los suplentes quienes los reemplacen.

La decisión del Congreso de retirar la inmunidad a los magistrados del TSE se produce después de que la Pesquisidora del TSE recomendara el retiro de la inmunidad en un informe emitido el 29 de noviembre. La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y los magistrados suplentes con amparo provisional quedaron exentos de esta medida.

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Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia

El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.

Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.

Llamado a la convivencia y al diálogo

Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.

El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.

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Centroamérica

Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.

Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.

Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado

De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.

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Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.

El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.

Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

Santos Elías Guardado Flores
William Arnoldo Hernández Navidad
José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.