Centroamérica
Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
20 de noviembre | Redacción |
Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.
Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.
El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».
Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.
El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.
Centroamérica
Consuelo Porras busca tercer mandato como fiscal general en Guatemala
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo señalamientos de “corrupción” y conductas “antidemocráticas”, se postuló para un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, informó el viernes la comisión encargada de conformar la nómina de candidatos.
El comité deberá entregar un listado de seis aspirantes entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general. El mandatario mantiene un enfrentamiento con Porras desde hace dos años, luego de que la funcionaria impulsara investigaciones que pusieron en duda su investidura.
Washington y la UE sancionaron a Porras —en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022— al considerar que intentó obstaculizar la toma de posesión de Arévalo y promovió, según sus señalamientos, acciones contra exfuncionarios anticorrupción, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales se encuentran actualmente en el exilio.
59 aspirantes al cargo
La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó en conferencia de prensa que al cierre del período de recepción de expedientes se registraron 59 postulaciones para el cargo.
El funcionario que resulte electo asumirá el próximo 17 de mayo.
De acuerdo con el listado oficial divulgado por la comisión, la candidatura de Porras fue incluida pese a que no presentó personalmente su documentación. Según medios locales, la fiscal envió a una representante para completar el trámite.
Señalamientos y revés electoral
La funcionaria perdió recientemente una elección interna en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia judicial del país, aunque podría optar nuevamente mediante la vía de la Corte Suprema.
Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, acusación que la fiscal rechazó.
El proceso de selección se desarrolla en un contexto de tensión política y escrutinio internacional sobre el sistema de justicia guatemalteco.
Centroamérica
El Salvador y Acnur celebran 45 años de cooperación en protección internacional
El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.
La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.
“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.
La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.
Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.
Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.
Centroamérica
CUBO impulsan becas y formación para jóvenes salvadoreños
El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, informó en la entrevista de Diálogo 21 que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) registraron alrededor de 15,000 usuarios durante el mes de enero.
De acuerdo con el funcionario, del total de asistentes el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres. La mayoría de quienes frecuentan estos espacios son adolescentes.
“Estamos hablando que la mayoría de los usuarios que tenemos en los CUBOS son adolescentes. Entonces esto es un centro de entretenimiento, piensan algunos. Pero no, es un punto de trabajo con la generación perdida a causa de la violencia”, expresó Marroquín.
El director señaló que los CUBO funcionan como semilleros de oportunidades para jóvenes que durante años estuvieron excluidos, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades y acceder a herramientas formativas.
Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para ampliar oportunidades educativas. “Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las becas están llegando a salvadoreños que antes no podían acceder. Acá les brindamos acompañamiento legal y técnico para que realmente aprovechen estas oportunidades”, explicó.
Marroquín agregó que recientemente, con el respaldo de la Embajada de China, tres jóvenes usuarios de los CUBO viajarán a ese país asiático para continuar su formación académica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Las autoridades reiteraron que estos centros forman parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, orientada a generar espacios seguros y de desarrollo para la juventud salvadoreña.
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