Centroamérica
Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
20 de noviembre | Redacción |
Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.
Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.
El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».
Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.
El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.
Centroamérica
Gobierno guatemalteco acusa a policías penitenciarios por evasión masiva de Barrio 18
El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, informó que el pasado 12 de octubre se escaparon 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 —considerada organización terrorista por Estados Unidos y Guatemala— de la cárcel Fraijanes II, ubicada cerca de la capital, en circunstancias aún no esclarecidas.
En respuesta a la fuga, las autoridades guatemaltecas detuvieron el sábado a 23 policías penitenciarios de la misma prisión, tras una requisa realizada por la policía y fiscales, según informó la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.
Todos los agentes están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.
El incidente generó una crisis de seguridad en el país y llevó al presidente Arévalo a relevar a su cúpula de seguridad, en un intento por controlar la situación y reforzar el sistema penitenciario.
Centroamérica
Jornada violenta en Guatemala deja 20 muertos y recaptura de pandilleros
El pasado viernes 24 de octubre, Guatemala vivió una jornada marcada por la violencia, que dejó un total de 20 personas fallecidas en distintos puntos del país, según reportó el medio local Nuestro Diario.
Entre los incidentes más graves, las autoridades localizaron ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en una carretera de un poblado al este de la capital. Tras este hallazgo, cuatro pandilleros fueron recapturados en relación con el crimen.
Ese mismo día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de una pareja de sicarios acusada de haber atacado a tiros a una mujer en el mercado de Brisas, San Pedro Ayampuc. La víctima falleció debido a las lesiones sufridas.
Estos hechos reflejan la gravedad de la situación de inseguridad que atraviesa Guatemala.
Los crímenes coincidieron con el primer día en funciones del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien asumió el cargo en medio de crecientes tensiones por la violencia que afecta al país.
Centroamérica
Guatemala aprueba ley que tipifica a pandillas MS-13 y Barrio 18 como terroristas
El Congreso de Guatemala aprobó la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, normativa que califica como terroristas a los miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, permite la construcción de una cárcel de máxima seguridad y endurece las penas por delitos de extorsión, usura y reclutamiento de menores.
«Para nadie es un secreto que las pandillas en Guatemala han sembrado el terror en todos los hogares. Por ello, este Congreso ha dicho basta ya», afirmó el presidente del Legislativo, Nery Ramos, tras la aprobación de la ley con 145 votos a favor. Según el diputado, más del 90 % de las extorsiones y el 70 % de los delitos contra la vida en el país son cometidos por estas estructuras criminales.
La nueva legislación reconoce a la MS-13 y al Barrio 18 como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. Asimismo, establece penas de 14 a 18 años de prisión y multas para quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para actividades delictivas, y aumenta hasta 18 años de cárcel la pena por extorsión, que anteriormente era de seis años.
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