Centroamérica
Más de 215 pandilleros expulsados de Guatemala y México: El Salvador intensifica la lucha contra las maras
20 de noviembre | Redacción |
En el marco del combate frontal contra las maras, más de 215 pandilleros pertenecientes a diversas estructuras terroristas fueron deportados de Guatemala y México hacia El Salvador entre finales de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de este año, según datos de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Instituto Nacional de Migración de México (INM).
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha destacado el papel fundamental de la investigación e inteligencia de la Policía salvadoreña, en colaboración con las autoridades de Guatemala y México, en la detención de mareros que intentan evadir la justicia.
La SGIC de la Policía de Guatemala informó que, desde el 1.º de enero al 7 de noviembre de 2023, se realizaron 76 arrestos de mareros entregados a las autoridades de El Salvador. Entre los detenidos se encontraban 38 miembros de la Mara Salvatrucha (MS) y 38 de la pandilla del Barrio 18. Durante los operativos, se decomisaron armas de fuego, municiones, dispositivos móviles y vehículos.
En 2022, 94 salvadoreños fueron detenidos, 75 de los cuales fueron entregados a las fuerzas de seguridad, y 19 cumplen condena en Guatemala. Los deportados pertenecían a las estructuras Las Cachorras, Teclas Locos Salvatruchas y Programas San Marcos MS-13.
Randall García, jefe del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), informó que se han efectuado 63 deportaciones y ocho capturas de integrantes de clicas, con un enfoque en la búsqueda, ubicación y detención de delincuentes de origen salvadoreño, hondureño y mexicano en territorio guatemalteco. Se mantiene una comunicación continua con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Belice.
Según el Instituto Nacional de Migración de México (INM), las detenciones de pandilleros aumentaron un 214% en 2022, en respuesta a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de El Salvador contra las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Las más recientes capturas fueron anunciadas por el ministro Gustavo Villatoro, involucrando a Reyes de Jesús Flores Menjívar, alias «Vilma», de la pandilla 18 sureños, detenido en Quetzaltenango, Guatemala, y a José Steven Tablas López, alias «Chele», de la estructura MS-13, aprehendido en Tijuana, México. Ambos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.
Villatoro advirtió que la lucha contra las pandillas continuará hasta capturar al último terrorista, destacando el compromiso de El Salvador en encontrar y llevar ante la justicia a quienes intenten evadir las consecuencias de sus acciones delictivas.
Centroamérica
Bukele propone derogar ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador
El presidente Nayib Bukele confirmó este jueves que enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta para derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde marzo de 2017.
“El Salvador es el único país que ha prohibido la minería. Vamos a enviar la derogatoria, aunque entiendo las preocupaciones que esto genera”, declaró el mandatario durante una reunión con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Casa Presidencial.
El anuncio, realizado días después de informar sobre hallazgos de yacimientos de oro y otros metales en territorio salvadoreño, ha generado críticas de organizaciones ambientalistas y partidos políticos, entre ellos el FMLN, que impulsó la ley que actualmente prohíbe la minería en el país.
Bukele defendió su postura señalando que “el 95 % de las aguas de El Salvador están contaminadas”. Argumentó que, en lugar de preservar el 5 % restante, el país debería enfocarse en recuperar el agua contaminada y que los recursos necesarios para ello podrían obtenerse a través de la minería.
“El argumento lógico es invertir miles de millones de dólares para limpiar nuestras aguas, y los recursos para hacerlo pueden salir de la minería”, afirmó.
Centroamérica
Juez sancionado en Guatemala enfrenta recusación por caso contra Movimiento Semilla
El juez guatemalteco Fredy Orellana, sancionado en 2023 por Estados Unidos debido a señalamientos de corrupción, fue recusado este jueves por diputados del partido oficial Movimiento Semilla. La recusación surge tras la decisión de Orellana de ordenar la cancelación del partido, que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo.
“Creemos que el juez Orellana no está capacitado para manejar el caso de nuestro partido. La semana pasada actuó de forma espuria al intentar cancelar al Movimiento Semilla”, declaró Samuel Pérez, diputado oficialista, en una conferencia de prensa.
El pasado 27 de noviembre, Orellana emitió un fallo en el que pedía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar al Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en su proceso de formación en 2018. Sin embargo, los magistrados del TSE aún no se han pronunciado sobre la solicitud.
El juez, junto con altos mandos del Ministerio Público, ha enfrentado sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por lo que ambas entidades consideran acciones judiciales “antidemocráticas” contra el Movimiento Semilla. Estas acciones se intensificaron desde julio de 2023, cuando Bernardo Arévalo sorprendió al ganar las elecciones presidenciales, superando a los favoritos de derecha.
Mientras se resuelve la situación legal del partido, el bloque oficialista, compuesto por 23 diputados, enfrenta limitaciones en sus facultades legislativas, incluyendo la dirección de comisiones y su participación en la junta directiva del Congreso.
Centroamérica
Gobierno salvadoreño extiende régimen de excepción para consolidar avances contra el crimen
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la 33ª prórroga del régimen de excepción, extendiéndolo por 30 días más. Esta medida, establecida inicialmente el 27 de marzo de 2022 en respuesta a un aumento de homicidios, refuerza la estrategia del Plan Control Territorial (PCT) para garantizar la seguridad pública en El Salvador.
El régimen, solicitado por el presidente Nayib Bukele y respaldado por el congreso desde su implementación, suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa, la inviolabilidad de correspondencia y la intervención de telecomunicaciones. Según el Gobierno, estas acciones han resultado en una reducción histórica de la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad para la población.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó en su solicitud que el régimen sigue siendo necesario para erradicar por completo a los grupos terroristas y evitar un retroceso en los avances logrados. También destacó que el régimen ha permitido logros significativos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
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