Centroamérica
Fiscalía de Guatemala exige al TSE la inscripción de Bernardo Arévalo y detalles sobre funcionarios de Movimiento Semilla
16 de noviembre | Redacción |
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, a través de su dependencia, ha presentado una solicitud urgente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que, en un plazo no superior a 24 horas, se lleve a cabo la inscripción de Bernardo Arévalo, miembro del partido político Movimiento Semilla.
Según el comunicado oficial emitido este miércoles, la FECI demanda la «copia certificada de la resolución o acuerdo en el que conste la inscripción de César Bernardo Arévalo de León como diputado listado nacional por el partido político Movimiento Semilla». La solicitud incluye un total de ocho requerimientos, entre ellos la provisión de informes sobre los funcionarios del partido, abarcando cargos como secretario general, director general, director de informática, director del padrón electoral, registrador de ciudadanos, auditor electoral, inspector electoral y subsecretario desde 2018 hasta la fecha actual.
Además, la FECI requiere la copia certificada de la toma de posesión de los actuales magistrados titulares y suplentes del TSE. Esta acción legal se lleva a cabo en el contexto de la reciente declaración del director de la FECI, Rafael Curruchiche, quien anunció el 12 de julio que el partido Semilla perdía su personalidad jurídica por disposición del juez Orellana. Curruchiche sostuvo también que los candidatos electos no podrían asumir los cargos para los cuales fueron elegidos.
La solicitud de estos documentos cruciales fue firmada por la Fiscal de la FECI, Leonor Morales Lazo, y la auxiliar fiscal Wendy Marisol Jordan Virula, ambas subordinadas a Rafael Curruchiche. El Ministerio Público busca esclarecer la situación legal del partido político y garantizar la transparencia en el proceso electoral.
Centroamérica
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Centroamérica
Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.
Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado
De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.
El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.
Centroamérica
Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.
Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.
Personas vinculadas al caso
El monto fue incautado a:
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Santos Elías Guardado Flores
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William Arnoldo Hernández Navidad
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José Luis González Villalobos
Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.
Otro caso reciente
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.
En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.
Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.
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