Centroamérica

Autoridades indígenas de Sololá retoman bloqueos de carreteras en protesta contra la fiscal general

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24 de octubre | Redacción |

Hoy, tal como habían anunciado la noche del 23 de octubre, las autoridades indígenas de Sololá han retomado los bloqueos de carreteras en la región en un acto de protesta ante la negativa de Consuelo Porras de dejar el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que los manifestantes han bloqueado cuatro puntos en la ruta Interamericana, afectando el tráfico en los departamentos de Sololá y Quiché. Según el reporte de Provial, en estos puntos, el paso está bloqueado en ambos sentidos de la ruta, generando un importante impacto en la movilidad de la zona.

Las autoridades indígenas habían anunciado estas acciones después de 22 días de protestas, en las que han estado exigiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta. La comunidad indígena la acusa de intentar revertir los resultados electorales, en los que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

El alcalde indígena de Sololá, Misrahi Xoquic, comunicó a través de la página de Facebook «TDS Televisión Departamental Sololá» que las asambleas de alcaldes comunitarios acordaron retomar las manifestaciones y los puntos de concentración para este martes.

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La crisis política en Guatemala se desencadenó el 12 de julio cuando el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras Argueta, emprendió acciones contra los resultados electorales y el partido Movimiento Semilla, después de que Arévalo avanzara al balotaje presidencial. Durante los primeros 20 días de octubre, el país experimentó bloqueos de carreteras y masivas protestas que exigían la renuncia de Porras Argueta y de la cúpula de la Fiscalía, acusados por el presidente electo de socavar la democracia.

La intervención judicial de la Fiscalía en el proceso electoral ha generado preocupación y condena a nivel internacional, y la Organización de Estados Americanos (OEA) sigue de cerca el proceso de transición de mando en Guatemala.

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Centroamérica

Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.

Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.

“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.

Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.

El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.

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Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.

El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.

Centroamérica

El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios

La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.

Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.

Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.

De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.

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Centroamérica

Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.

Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.

“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.

El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.

Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.

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Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.

Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.