El asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán, ocurrido el sábado 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, elevó a nueve el número de comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025. Beltrán fue atacado mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, según confirmaron autoridades locales.

El caso ha generado una ola de condenas nacionales e internacionales. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país.

México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de conflicto. Los ataques incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, lo que impacta directamente el derecho de la ciudadanía a la información.

A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversas organizaciones han señalado fallas estructurales, evidenciadas en casos de periodistas asesinados incluso mientras estaban bajo resguardo oficial.

Amnistía Internacional y otros colectivos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). También pidieron garantizar condiciones seguras para los periodistas, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado.

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CEL

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la apertura de una carpeta de investigación, mientras que RSF solicitó que la FEADLE se haga cargo del caso, debido a indicios de que el crimen estaría vinculado al trabajo periodístico de Beltrán.

Organismos internacionales han advertido que la impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90 %, creando un clima de miedo que obstaculiza la labor informativa y afecta la transparencia y la rendición de cuentas.

El asesinato de Miguel Ángel Beltrán se suma a la lista de comunicadores víctimas de violencia en 2025, reforzando el llamado urgente de la comunidad internacional para que se adopten medidas eficaces de protección y justicia.

El gobierno de Jamaica declaró al país como zona catastrófica tras el paso del huracán Melissa, que dejó graves daños materiales, afectaciones en el suministro eléctrico y más de 25,000 personas desplazadas, el doble de lo reportado inicialmente.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie, señaló que las zonas más afectadas fueron Black River y Manchester, e instó a mantener abiertos los refugios debido a que se espera que más personas necesiten resguardo. La cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en tres fallecidos, sin actualizaciones confirmadas.

McKenzie alertó sobre árboles caídos, ramas y cables eléctricos vivos en las calles, cuya limpieza podría tardar varios días. El gobierno comenzó de manera gradual la restauración del suministro eléctrico en áreas como Kingston, Saint Catherine y Saint Thomas.

El primer ministro Andrew Holness indicó que se mantiene vigilancia activa en el norte, suroeste y sur-central del país, debido al riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos, ya que se prevé la caída de entre 75 y 150 mm de lluvia, con mayores acumulados en zonas montañosas.

Aunque los vientos de Melissa han disminuido, el oleaje permanece elevado, por lo que las autoridades aconsejan a embarcaciones pequeñas evitar salir al mar.

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La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro contra la banda Comando Vermelho, considerada la más letal en la historia reciente de la ciudad, dejó 132 muertos, según informó la Defensoría Pública, aunque el Gobierno regional solo ha confirmado 119 víctimas hasta el momento.

La cifra fue actualizada luego de que habitantes de los barrios afectados buscaran a sus familiares desaparecidos y comenzaran a reunir decenas de cuerpos en una plaza. La Defensoría Pública acompaña las búsquedas desde la madrugada de este miércoles en la favela de la Penha, uno de los epicentros de la operación, y participa en los institutos forenses encargados de la identificación de los cadáveres.

La institución también recabó testimonios de familiares y residentes para documentar la respuesta institucional ante la violencia estatal, considerada sin precedentes.

Por su parte, el secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, aseguró que solo fueron abatidos los sospechosos que “optaron por el enfrentamiento” con los agentes, mientras que quienes se entregaron fueron trasladados a la comisaría. “Fue una acción legítima del Estado para cumplir órdenes de prisión”, defendió.

Durante la operación, se arrestaron 113 sospechosos y se incautaron 119 armas y 14 artefactos explosivos en los complejos de favelas de Penha y Alemão. Los miembros de la banda respondieron con bloqueos de calles, afectando el tránsito de más de un centenar de líneas de autobuses y provocando el cierre de escuelas y centros de salud.

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CEL

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos, aunque la mayoría de comercios y escuelas en las zonas afectadas permanecen cerrados.