Centroamérica
Congreso de Guatemala declara independientes a diputados del Movimiento Semilla
31 de agosto | Redacción |
En una sorpresiva medida, el Congreso de Guatemala, en su sesión ordinaria de este miércoles, desconoció a la bancada del Movimiento Semilla y declaró como independientes a los diputados de dicha fuerza política. La decisión fue tomada por la Junta Directiva del Congreso, encabezada por la diputada Shirley Rivera del partido oficialista Vamos, y se basa en una orden emitida por el juez Fredy Orellana el pasado 12 de julio para quitar la personalidad jurídica al Movimiento Semilla.
La maniobra impide a los diputados de Semilla presidir comisiones legislativas, participar en la preparación de la agenda y tener asesores en el Congreso. Esta decisión se tomó en medio de la reapertura de las sesiones legislativas después de un receso de dos meses.
Andrea Reyes, una diputada electa de Semilla, denunció que la resolución de la Junta Directiva es anómala y atribuye la medida a presiones de la Fiscalía y del juez Orellana, a quienes califica como actores políticos corruptos. Reyes señaló que el proceso fue irregular y que debió someterse a votación entre los 160 congresistas y contar con una resolución del Tribunal Supremo Electoral.
El Movimiento Semilla tuvo un notable desempeño en las elecciones generales, logrando la victoria de Bernardo Arévalo en la presidencia y obteniendo 23 diputados en el Congreso, consolidándose como la tercera fuerza parlamentaria para la próxima legislatura.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación ante esta situación. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, felicitó a Arévalo por su elección como próximo presidente de Guatemala, pero manifestó la preocupación de Estados Unidos por las medidas que buscan socavar la democracia en el país. Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó su inquietud ante los intentos por socavar los resultados y desconocer la victoria de Arévalo.
Centroamérica
Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.
Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.
“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.
Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.
El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.
Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios
La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.
Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.
Centroamérica
Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.
“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.
El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.
Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.
Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.
Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.
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