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Centroamérica

Rigoberta Menchú honra a víctimas de asalto a embajada de España en 1980 en Guatemala

Foto: Johan Ordonez / AFP

31 de enero | Por AFP |

Indígenas, entre ellos la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú, honraron este martes a los 37 muertos del asalto e incendio de la embajada de España en 1980, durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996).

«Esa masacre nos dejó mucho dolor en nuestro corazón, sin embargo hoy conmemoramos su nombre, recordamos sus apellidos, recordamos que se trata de la vida de personas, no solo son números», declaró Menchú, cuyo padre es una de las víctimas.

El 31 de enero de 1980, militares y policías guatemaltecos asaltaron la misión diplomática española, que había sido ocupada horas antes por dirigentes mayas y estudiantes que denunciaban abusos en el combate a la guerrilla izquierdista. Durante la incursión se desató un voraz incendio.

La operación terminó con 37 muertos, entre ellos el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres, el excanciller Adolfo Molina y Vicente Menchú, padre de Rigoberta, quien era dirigente de la etnia maya.

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La premio Nobel 1992 encabezó una ceremonia de conmemoración con estudiantes del Centro Educativo Pavarotti de la Fundación que lleva su nombre en el poblado indígena de San Lucas Tolimán, 175 km al oeste de la capital.

En tanto, sacerdotes mayas realizaron una ceremonia frente al edificio donde estaba la embajada, en el centro de la capital, que tras el incendio fue reconstruido y alberga un área de estacionamiento y oficinas de diversas empresas.

Además, organizaciones campesinas cumplieron actividades similares en el campus central de la Universidad estatal de San Carlos.

En la incursión sobrevivió el embajador español, Máximo Cajal -fallecido en 2014-, mientras que el único de los indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue poco después secuestrado del hospital y su cadáver arrojando en la Universidad de San Carlos.

Menchú afirmó que los ocupantes de la embajada «fueron quemados vivos y posteriormente fueron asesinadas varias personas».

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Agregó que la masacre será conmemorada cada 31 de enero «para que siempre nuestros héroes y mártires que murieron en la embajada de España estén presentes en nuestra memoria».

Por este hecho, en 2015 un tribunal condenó a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la extinta Policía Nacional, que se encargaba de tareas represivas como hacer desaparecer a opositores.

El asalto a la embajada ocurrió bajo el gobierno del general Romeo Lucas García (1978-1982), quien tras ser depuesto por un golpe militar se radicó en Venezuela, donde falleció en 2006.

Los 36 años de guerra civil guatemalteca terminaron con unos 200.000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.

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Centroamérica

Zamora denuncia irregularidades y pide su liberación ante la Corte Suprema de Guatemala

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022, exigió este martes su liberación durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva, en un proceso que calificó como plagado de irregularidades.

“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora ante el pleno, al denunciar que su caso se desarrolla dentro de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

Durante la diligencia, la defensa del periodista sostuvo que se han vulnerado sus derechos constitucionales, particularmente con la revocatoria de medidas sustitutivas basada en lo que calificaron como premisas falsas. El abogado Francisco Vivar aseguró que el Ministerio Público argumentó la existencia de audios escuchados en audiencias en las que Zamora nunca estuvo presente, lo que, según la defensa, evidencia una manipulación del proceso judicial para mantenerlo en prisión.

Zamora también denunció las condiciones de reclusión en la base militar Mariscal Zavala, donde permanece detenido. Según relató, se restringen visitas familiares sin previo aviso, se impide el ingreso de medicamentos y se aplican tratos que calificó de “sádicos” contra los internos, por órdenes arbitrarias del comandante de la instalación.

El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta además nuevas acusaciones, entre ellas una denuncia por discriminación presentada por la fiscal general Consuelo Porras. Al respecto, Zamora afirmó que su derecho a la crítica debe prevalecer en una democracia y calificó la actuación de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, sostuvo.

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La detención del periodista ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —relacionados con presunto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como fabricados y carentes de sustento. Zamora fue arrestado cinco días después de que elPeriódico publicara investigaciones que señalaban presuntos actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.

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Centroamérica

Informe acusa a Ortega y Murillo de profundizar el autoritarismo y perseguir la disidencia

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha profundizado su carácter autoritario mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de las medidas represivas contra la disidencia, según un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).

El documento advierte que el presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, y Murillo —recientemente designada como “copresidenta” tras las enmiendas constitucionales— han reforzado la persecución contra críticos del régimen, incluso aquellos que se encuentran en el exilio. Además, señala un proceso continuo de desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, sostiene el informe de HRW.

La organización recuerda que, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional —controlada por el partido oficialista— aprobó una reforma constitucional que designó a Murillo, entonces vicepresidenta y esposa de Ortega, como “copresidenta”, además de otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes Judicial y Legislativo.

HRW subraya que Ortega gobierna sin límites de mandato desde que una enmienda constitucional aprobada en 2014eliminó las restricciones a la reelección presidencial.

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El informe también denuncia que, durante 2025, el Ejecutivo amplió la represión para incluir a antiguos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre de ese año, se contabilizaban al menos 77 presos políticos en el país.

Asimismo, HRW alertó que en agosto murieron bajo custodia el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, tras permanecer semanas en condición de desaparición forzada. Con estos casos, el número de muertes bajo custodia estatal asciende a seis desde 2019, según la organización defensora de derechos humanos.

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Centroamérica

PNC reporta un nuevo día sin muertes violentas en El Salvador

El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con la institución de seguridad, durante la jornada del martes 3 de febrero no se registraron muertes violentas en el territorio nacional. “Finalizamos el martes 03 de febrero, con 0 homicidios en el país”, informó la corporación policial.

Con este resultado, el país suma dos días sin homicidios en lo que va del mes de febrero, correspondientes a los días 1 y 3, según el recuento oficial.

El Salvador ha sido señalado en los últimos años por la implementación de diversas estrategias de seguridad, que han permitido reducir de manera sostenida los índices de violencia y devolver la tranquilidad a las familias salvadoreñas, tras la captura de miles de pandilleros.

Entre las principales medidas destacan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que han sido observadas por otros países interesados en conocer el modelo de seguridad aplicado para el combate del crimen.

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