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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

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Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

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Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

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«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Tribunal Electoral de Panamá retira voto electrónico ante desconfianza de partidos políticos

El Tribunal Electoral de Panamá ha decidido suspender el uso del voto electrónico en el Centro de Convenciones Atlántico Pacífico (Atlapa) de la capital, donde estaba previsto que 10,000 electores votaran de esta manera en las próximas elecciones del 5 de mayo. La decisión afecta a 20 mesas de votación que ahora adoptarán el sistema de votación y escrutinio manual, como el resto de las 32 mesas del mismo centro, conforme a lo estipulado en el Código Electoral.

Esta medida se tomó tras una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Partidos Políticos y su subcomisión técnica el pasado martes, donde se expresaron preocupaciones sobre la seguridad y la confianza en el voto electrónico. Además, el inicio del voto anticipado por internet el 23 de abril sufrió problemas técnicos, incluyendo un error en el orden de aparición de los candidatos en la papeleta digital, lo que provocó reclamaciones de los votantes y los partidos políticos.

El Tribunal Electoral afirmó que la suspensión del voto electrónico busca «mantener la transparencia del sistema electoral y eliminar causas de preocupación para asegurar la integridad del proceso».

Este 5 de mayo, cerca de 3 millones de panameños están convocados a votar para elegir al presidente y vicepresidente del país, así como a otros cargos públicos que incluyen 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Ocho candidatos aspiran a la presidencia, con cuatro de ellos destacándose en las encuestas como principales contendientes: José Raúl Mulino por el partido Realizando Metas, Rómulo Roux representando la alianza de Cambio Democrático y el Partido Panameñista, Ricardo Lombana por el Movimiento Otro Camino, y el expresidente Martín Torrijos por el Partido Popular.

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Centroamérica

Guatemala: 20 guardias entre los acusados por facilitar abuso de menores a manos de pandilleros

Un tribunal en Guatemala ha iniciado un proceso legal contra 29 individuos, incluidos 20 guardias de prisiones, por su presunta implicación en el ingreso ilegal de menores a centros penitenciarios para ser abusadas sexualmente por pandilleros encarcelados. La fiscalía hizo esta revelación el viernes pasado.

Según María José Mansilla, vocera de la fiscalía, entre los acusados se encuentra un oficial de policía y ocho miembros de la pandilla Barrio 18. Las investigaciones revelaron que menores de entre 12 y 16 años fueron llevadas a las prisiones, donde sufrieron abusos sexuales y fueron coaccionadas para unirse a la pandilla Barrio 18 y sus diferentes clicas.

«Las jóvenes eran captadas por medio de redes sociales, aplicaciones de mensajería, conexiones humanas y centros educativos», detalló Mansilla. Posteriormente, las menores eran instruidas para cometer delitos como nuevas integrantes de la pandilla y preparadas para las visitas a las cárceles, donde eran sometidas a abuso sexual.

Los guardias penitenciarios enfrentarán cargos por incumplimiento de deberes y el oficial de policía está acusado de violación con circunstancias agravantes. Los otros ocho acusados serán procesados por trata de personas en modalidad de reclutamiento de menores para actividades delictivas organizadas y explotación sexual, además de lavado de dinero y otros delitos.

La problemática de las pandillas en Guatemala es una fuente continua de violencia, con las autoridades reportando que los líderes pandilleros organizan extorsiones y ordenan asesinatos desde prisión. En 2023, la violencia relacionada con pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha resultó en 4,361 homicidios, la mitad de los cuales estaban relacionados con la lucha por el control territorial y extorsiones a comerciantes y transportistas.

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Centroamérica

PNC arresta a líder de la MS13 tras su deportación de Estados Unidos

Las autoridades de Seguridad de El Salvador anunciaron la captura de Omar Eduardo Martínez Pérez, conocido por el alias «Burro», inmediatamente después de ser deportado de Estados Unidos. Martínez Pérez fue arrestado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero gracias a una operación de inteligencia policial.

«Este terrorista de la MS13, el homicida conocido como Burro, fue deportado de los Estados Unidos y capturado en el Aeropuerto Internacional gracias al trabajo de Inteligencia Policial», declaró la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido tenía pendiente una orden de captura desde el año 2020, emitida por un juzgado salvadoreño, acusado de asesinar a una mujer e intentar matar a otra persona. La PNC indicó que Martínez Pérez enfrenta una larga condena en el CECOT por sus delitos. Además, está siendo investigado por otros crímenes que habría cometido en el distrito de Tonacatepeque, perteneciente al municipio de San Salvador Este.

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