Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Gobierno de Bukele refuerza cooperación internacional con envíos de ayuda a países afectados por desastres
Bajo la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha enviado ayuda humanitaria a cinco países en los últimos cinco años, con el objetivo de asistir a comunidades afectadas por desastres naturales como terremotos, tormentas e inundaciones.
En noviembre de 2020, el Gobierno salvadoreño envió paquetes alimentarios a Guatemala y Honduras para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Eta.
Tres años después, en febrero de 2023, un equipo de especialistas en búsqueda y rescate viajó a Turquía para colaborar en las labores de emergencia tras los devastadores terremotos que impactaron ese país.
En noviembre de 2024, El Salvador volvió a mostrar su solidaridad regional al enviar asistencia humanitaria a Costa Rica, donde diversas comunidades resultaron afectadas por fuertes lluvias. El más reciente apoyo fue enviado este jueves a Jamaica, como respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.
El analista Francisco Góchez destacó que este tipo de acciones refuerzan la cooperación entre naciones. “La solidaridad entre los pueblos es una actitud y una práctica de beneficio compartido y crecimiento mutuo. Aunque a nuestro país no le sobran recursos, cuando hay voluntad de ayudar, lo hacemos con gusto”, afirmó tras conocer la ayuda ofrecida por el presidente Bukele al pueblo jamaiquino.
Centroamérica
El Salvador envía contingente de rescate y 50 toneladas de ayuda a Jamaica tras huracán Melissa
Un contingente salvadoreño especializado en rescate y asistencia humanitaria partió rumbo a Jamaica para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Melissa.
“El devastador paso del huracán Melissa ha generado graves afectaciones en la hermana República de Jamaica. Ante esta emergencia, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha dispuesto el envío de un contingente de ayuda humanitaria integrado por más de 300 profesionales altamente capacitados y equipados en labores de búsqueda y rescate, salvamento acuático y atención médica”, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
La misión está conformada por equipos de distintas instituciones: 60 bomberos, 36 miembros del Equipo Táctico Operativo, 60 guardavidas especializados en salvamento acuático, 95 elementos de la Fuerza Armada, 10 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden y 40 profesionales médicos y de atención prehospitalaria.
“Este esfuerzo conjunto demuestra que la cooperación y la unión son herramientas poderosas para enfrentar cualquier desafío. Desde el Sistema Nacional de Protección Civil reafirmamos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, eficiencia y humanidad. Al pueblo de Jamaica le decimos: mucha fuerza, El Salvador está con ustedes”, añadió Amaya.
Además del personal de rescate, El Salvador enviará 50 toneladas de insumos para apoyar a las comunidades más afectadas por el fenómeno climático.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, destacó que este tipo de apoyo internacional ya se ha brindado anteriormente. “En 2023 estuvimos apoyando a Turquía tras el terremoto y, el año pasado, mostramos solidaridad con Costa Rica. Esta no es la primera vez que el presidente Nayib Bukele demuestra ese nivel de solidaridad con naciones amigas”, afirmó.
Las autoridades ofrecieron estas declaraciones antes de la salida del contingente desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Centroamérica
Presidenta del TSE acusa a Chaves de amenazar la paz política de Costa Rica
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, Eugenia Zamora, acusó este jueves al presidente Rodrigo Chaves de amenazar la paz y la estabilidad política con sus constantes críticas a la institución y sus magistrados en el marco de la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.
En un pronunciamiento enviado a los medios, Zamora señaló que las acusaciones de Chaves sobre un presunto sesgo partidario en sus actuaciones y en las de sus colegas son falsas y constituyen un ataque directo a la credibilidad del tribunal, al proceso electoral y a los resultados que el TSE certificará. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos y del proceso electoral que se avecina”, afirmó.
Zamora indicó que las declaraciones del mandatario representan una amenaza a la paz y la estabilidad política del país, algo que el tribunal no puede permitir. Durante los últimos meses, Chaves ha denunciado que el TSE le aplicó una “mordaza” en la campaña, ha hablado de un supuesto “golpe de Estado” mediante una solicitud de desafuero y ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados, señalando además que Zamora trabajó anteriormente en un Gobierno del Partido Liberación Nacional, principal fuerza de oposición.
La presidenta del TSE reiteró que el tribunal no está sesgado y recordó que, en 2022, protegieron los votos a favor de Chaves, certificando la elección conforme a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.
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