Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Gobierno panameño y Hutchison Holdings en conversaciones por concesión portuaria
La subsidiaria de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings informó que dialogará con el gobierno de Panamá sobre el futuro de los puertos que administra en el Canal de Panamá, actualmente en proceso de negociación para su venta.
El anuncio se dio a conocer luego de que la Contraloría panameña presentara el miércoles dos demandas ante la Corte Suprema, con el objetivo de anular el contrato de concesión que desde 1997 permite a Panama Ports —filial de Hutchison Holdings— operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
Las acciones legales, respaldadas por el presidente panameño José Raúl Mulino, ocurren mientras la compañía mantiene conversaciones para vender gran parte de su negocio a nivel mundial, lo que incluye los puertos panameños cuya concesión fue renovada en 2021 por un período de 25 años.
Centroamérica
TSE ajustará procesos tras reformas constitucionales para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.
La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.
El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.
Centroamérica
El Salvador: período presidencial será de seis años y se elimina segunda vuelta
La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, una serie de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de actualizar el sistema electoral, optimizar recursos públicos y “fortalecer la democracia”, según lo expresado en la sesión plenaria.
Las modificaciones, propuestas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, permiten la reelección indefinida del presidente de la República, extienden el período presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.
Además, los legisladores aprobaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral, lo que permitirá realizar una única elección presidencial, legislativa y municipal. Esto implica que el mandato del presidente Nayib Bukele se acortará en dos años, pasando de 2029 a 2027.
La aprobación se dio durante la sesión plenaria ordinaria 66, y fue ratificada en la sesión plenaria ordinaria 67.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los cambios “no significan la creación de una nueva Constitución, sino reformas a la vigente de 1983”, recordando que esta ya ha sido modificada “no menos de 25 veces”, muchas de ellas entre 1992 y 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz.
“Una de las ventajas para el pueblo es que cuando el pueblo elija a un presidente va a tener la oportunidad de premiar o castigar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo hasta ese momento”, afirmó Castro.
El legislador también aclaró que las reformas no alteran el proceso de elección de diputados ni de concejos municipales.
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