Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
San Salvador Este e INABVE fortalecen apoyo a veteranos y excombatientes adultos mayores

La alcaldía de San Salvador Este, en coordinación con el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), continúa desarrollando diversas actividades y proyectos dirigidos a los adultos mayores afiliados al instituto.
Durante la entrega de créditos a veteranos y excombatientes provenientes de varios departamentos, el alcalde Elías Aragón destacó la importancia de brindar asistencia a este sector poblacional. Además, reafirmó el compromiso de la municipalidad de apoyar a los afiliados que residen en los distritos de Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.
«Estamos trabajando de la mano con el presidente del INABVE porque ustedes son parte fundamental del sector adulto mayor. Ponen a disposición espacios municipales, como el rancho junto al lago, para que disfruten de momentos de sano esparcimiento», expresó el edil.
Por su parte, el presidente del INABVE, Juan Ortiz, agradeció el respaldo de la alcaldía, asegurando que cuentan con un aliado comprometido para seguir promoviendo el bienestar de veteranos y excombatientes.
En mayo pasado, ambas instituciones firmaron un convenio para fortalecer la atención al sector adulto mayor, iniciando la creación de estrategias conjuntas orientadas a promover la inclusión, el respeto y el bienestar de quienes han contribuido a la historia del país.
Centroamérica
TSE comenzará simulacros de transmisión de resultados en julio para elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará el próximo 14 de julio los simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, como parte de la preparación para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.
Según el calendario electoral publicado por el organismo, los ensayos se realizarán durante un periodo de 19 meses, con el objetivo de evaluar y optimizar el sistema que se usará el día de los comicios. Esta fase incluirá pruebas del sistema de registro y transmisión de datos desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales se desarrollarán hasta el 7 de octubre de 2026.
Además, se contempla la simulación del proceso de escrutinio final, que concluirá el 12 de febrero de 2027, unos 15 días antes de las elecciones.
Para el voto en el exterior, el TSE ha programado pruebas desde el 27 de julio de 2026 hasta el mismo 12 de febrero de 2027, lo que permitirá evaluar el sistema en su totalidad tanto dentro como fuera del país.
“De acuerdo con el artículo 63, literal b) del Código Electoral, es parte de nuestras obligaciones convocar, organizar, dirigir y vigilar estas elecciones de funcionarios públicos”, recordó el tribunal, haciendo referencia también a los procesos celebrados en 2024.
El TSE detalló que recientemente concluyó el análisis de los 46 programas que conforman el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, de los cuales 24 están destinados al voto nacional y 22 al sufragio en el extranjero. Este plan se suma al Plan Estratégico Institucional y al calendario electoral, que contempla 190 actividades para el voto nacional y 105 para el exterior.
Centroamérica
Gobierno y Banco Mundial acuerdan reconstrucción de mercados en Santa Ana y San Miguel

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), firmó un convenio con el Banco Mundial para financiar la construcción de los nuevos mercados municipales de Santa Ana Centro y San Miguel Centro, los cuales fueron destruidos por incendios en años anteriores.
La firma del contrato estuvo encabezada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, y representantes del organismo internacional, bajo el marco del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (Pdelr).
“Ambas obras serán financiadas con el apoyo del Banco Mundial, y fortalecerán la economía de Santa Ana y San Miguel, brindando espacios más seguros, modernos y dignos para todos”, detalló el MOP.
Tras el anuncio, el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, convocó a una asamblea general con los comerciantes que actualmente se ubican en las aceras cercanas al mercado siniestrado, para abordar su reubicación temporal como parte de las medidas de seguridad requeridas para iniciar la obra.
“Ya solo falta reubicar a los vendedores de las calles aledañas para cerrar el radio de impacto de la obra y no arriesgar vidas humanas. Nos adelantaremos con esos detalles para salvaguardar a los vendedores y sus clientes”, afirmó Acevedo. Se prevé que este proceso inicie el fin de semana.
De igual manera, la alcaldía de San Miguel Centro sostiene reuniones con los comerciantes locales para coordinar el inicio de las obras, que se esperan arranquen en las próximas semanas y que contemplan estructuras más amplias y con mejores condiciones para usuarios y vendedores.
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