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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Dagoberto Arévalo asume la presidencia de ANDA tras juramentación de Bukele

El presidente Nayib Bukele juramentó este miércoles a Dagoberto Arévalo como nuevo titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

El anuncio fue realizado por Casa Presidencial a través de su cuenta oficial en X.

Arévalo es licenciado en Física y cuenta con una maestría en Geología, además de estudios especializados en Hidrología, Geoquímica, Oceanografía, Manejo de Recursos Hídricos, Tratamiento de Aguas Residuales, Desalinización de Agua de Mar y Eficiencia en Sistemas de Riego.

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Centroamérica

Confirman prisión para Luis Martínez, Julio Arriaza y Héctor Grimaldi

La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó que el exfiscal Luis Martínez y los abogados Julio Arriaza y Héctor Francisco Grimaldi deben permanecer en prisión, ratificando la decisión emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

De manera unánime, los magistrados Apolonio Tobar y David Morán respaldaron la resolución tras analizar la apelación presentada por los defensores de los condenados.

Durante el fallo, los jueces de sentencia señalaron que, tras el debate, existía certeza de que los tres incurrieron en los delitos que la Fiscalía General de la República les imputó. Además, descartaron medidas suspensivas de la pena, argumentando la existencia de apariencia del buen derecho de culpabilidad y el riesgo de fuga.

Los condenados presentaron diversos argumentos en su apelación: Grimaldi aseguró que el tribunal no fundamentó debidamente la decisión y que no existían pruebas legales suficientes ni indicios claros de peligro de fuga. Martínez alegó falta de justificación fáctica para cambiar su arresto domiciliario por detención provisional, mientras que Arriaza cuestionó la motivación de la resolución y aseguró que su encarcelamiento carecía de sustento.

Sin embargo, la Cámara Tercera de lo Penal indicó que el tribunal cumplió con la fundamentación de la sentencia, especificando con claridad los motivos por los cuales ordenó la detención de los tres imputados.

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Centroamérica

Bukele destaca el “modelo salvadoreño” tras años de recetas fallidas del bipartidismo

El presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que El Salvador dejó atrás las “recetas” impuestas por el bipartidismo, que no resolvieron los problemas del país, y que desde 2019 se aplica un “modelo salvadoreño” propio.

«Durante años seguimos recetas internacionales, manuales interminables, millones de dólares en préstamos y supuestas ayudas, y todo fracasó. Incluso se nos decía que la inseguridad era un mal necesario que debíamos soportar durante generaciones, pero cuando aplicamos nuestra propia fórmula, todo cambió», señaló Bukele durante su discurso por el Día de la Independencia.

El politólogo Óscar Peñate criticó las estrategias de ARENA y FMLN, que gobernaron de 1989 a 2019, y aseguró que estaban centradas en el saqueo y la corrupción. «Su primera fórmula era cogobernar con los mareros y mantener vínculos con el crimen organizado y narcotráfico. ARENA y el FMLN formaban parte de las estructuras criminales», explicó. Recordó que en 2012 el FMLN negoció una tregua con las pandillas y que investigaciones posteriores revelaron que dirigentes de ARENA también sostuvieron acuerdos con criminales.

Por su parte, el sociólogo Mauricio Rodríguez señaló que en educación el bipartidismo importó modelos de Chile, España y Colombia que no se ajustaron a la realidad salvadoreña. «Ninguna receta se adecuó a nuestra verdadera situación educativa. Esto mantuvo a El Salvador en abandono y limitó su desarrollo», indicó Rodríguez.

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