Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Maduro exige liberación de venezolanos detenidos en El Salvador y ataca política de Bukele
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra la política de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y exigió la liberación de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
«Debería hacer un gesto que lo libere de tanta culpa y liberar a todos los venezolanos que tiene secuestrados en los campos de concentración», expresó Maduro, según recogió el medio digital Venezuela News.
A mediados de marzo, el presidente Bukele informó que Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron recluidos en el Cecot como parte de un acuerdo de cooperación carcelaria entre El Salvador y el gobierno del republicano Donald Trump. Esta alianza ha sido criticada tanto por el régimen venezolano como por sectores del FMLN.
Actualmente, se reporta que hay 252 venezolanos detenidos en el Cecot. El presidente Bukele ofreció, como gesto humanitario, canjear a estos reos por un número equivalente de presos políticos en Venezuela. No obstante, la propuesta fue rechazada por Maduro.
«Bukele, por mal asesorado y malintencionado, se metió en un berenjenal. Vamos a ver cómo sale de él», expresó el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, de acuerdo con Venezuela News.
Centroamérica
Bukele propone aumentar umbral para exonerar pago de impuesto de la renta
El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de aumentar el umbral de exoneración hasta los $550 mensuales. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de miles de familias salvadoreñas como parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele.
El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario detalló: «Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas».
Asimismo, señaló que esta modificación incentivará los incrementos salariales en los niveles más bajos, incluso aquellos que ya superan el salario mínimo. Esta declaración hace referencia a una propuesta enviada la semana pasada al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar en un 12 % los sueldos de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios, a partir de junio de este año.
Actualmente, la Ley del ISR exime del impuesto a quienes devengan hasta $472 mensuales (tramo I). Con la reforma, este límite se ampliaría en $78, permitiendo que más personas queden exentas del pago. Los ingresos superiores a $472.01 (tramo II) ya están obligados a presentar declaración de renta, umbral que pasaría a ser $550 una vez aprobada la propuesta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, recordó ayer que este martes vence el plazo legal para presentar la declaración de renta correspondiente, obligación que aplica a quienes perciben ingresos mensuales iguales o superiores a $472.01.
Esta iniciativa se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de proteger la economía de las familias salvadoreñas.
Centroamérica
El Salvador suma 98 días sin homicidios en 2025 y refuerza su tendencia a la baja
El martes 29 de abril finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño, según los datos oficiales divulgados esta madrugada por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este nuevo registro, abril acumula 24 días sin muertes violentas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 98 jornadas sin homicidios. Estos resultados se atribuyen a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Desde el inicio de la actual administración en 2019, El Salvador ha alcanzado un total de 895 días sin homicidios, de los cuales 791 han ocurrido bajo el régimen de excepción. En ese período, más de 85,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, los cuales se sancionan con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Además, algunos han sido acusados de otros delitos como extorsión agravada, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas, restricciones a la libre circulación y tráfico de drogas.
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