Internacionales
ONU advierte contra planes de austeridad por amenazar desarrollo de países pobres
25 de enero | Por AFP |
A pesar de previsiones de crecimiento económico pesimistas para 2023, ahora no es el momento de implementar planes de austeridad que amenacen los objetivos de desarrollo, en particular en los países pobres, dijo la ONU en un informe publicado el miércoles.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas pronostica un crecimiento mundial de sólo 1,9% este año, «una de las tasas más bajas de las últimas décadas».
El Banco Mundial ya revisó fuertemente a la baja su previsión: 1,7% para 2023, frente al 3% de junio pasado, debido a la persistente inflación, la subida de las tasas de interés y los efectos de la guerra en Ucrania.
Pero «este no es el momento para el pensamiento a corto plazo o la austeridad fiscal que exacerba la desigualdad, aumenta el sufrimiento y corre el riesgo de alejar los Objetivos de Desarrollo Sostenible» (ODS), señala el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el preámbulo del informe.
Los 17 ODS adoptados en 2015 apuntan a lograr para 2030 la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria para todos y el acceso a energía limpia y asequible.
Una cumbre en septiembre en Nueva York evaluará la situación actual de los ODS. Pero la mayoría de ellos no están en vías de ser alcanzados.
Y «el crecimiento más lento, la inflación elevada y las crecientes vulnerabilidades de la deuda amenazan con retrasar aún más los logros de los ODS obtenidos con tanto esfuerzo, profundizando los efectos ya negativos de la pandemia del covid-19», advierte el informe.
Su autor principal, Hamid Rashid, dice que «en este escenario, la receta típica de los economistas sería recortar el gasto público» y señala que algunos gobiernos ya fueron llamados a «apretarse el cinturón».
Por el contrario, «nuestro mensaje clave en el informe es que los gobiernos de los países en desarrollo, especialmente, deben evitar la austeridad», lo cual «sería extremadamente perjudicial para ODS», explica a la AFP.
En este contexto, Rashid aboga por una reestructuración de la deuda de los países en problemas, antes de que entren en default.
Según el informe, en 2022, en ocho países en desarrollo, la carga de esta deuda representó más del 25% de los ingresos del gobierno, hasta casi el 80% en Sri Lanka.
La ONU también está preocupada por el riesgo de una reducción de la ayuda al desarrollo.
La guerra de Ucrania y una futura reconstrucción estimada entre 350.000 y 500.000 millones de euros (USD 380.000 a 545.000 millones) «desviarán algunos recursos», señala Rashid, que teme «un gran revés para los países de bajos ingresos».
En septiembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que el mundo había retrocedido cinco años en desarrollo humano debido a crisis sin precedentes.
Internacionales
Migrante guatemalteco fallece en hospital de El Paso tras semanas bajo custodia de ICE
Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.
El fallecimiento ocurrió a las 5:53 de la mañana en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre. ICE indicó que la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del centro la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones. La agencia sostuvo que el migrante recibió atención médica “constante y de alta calidad” desde que se detectó el deterioro de su salud.
Gaspar-Andres fue detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación conjunta de la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), la división de ICE encargada de la detención y deportación de migrantes. Según las autoridades, había ingresado de manera irregular a Estados Unidos tras cruzar desde México. Tras su arresto, fue enviado al centro de detención Krome South, en Miami, y posteriormente hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.
El 19 de septiembre fue trasladado a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios. Registros médicos incluidos en el informe señalan que recibió atención en múltiples ocasiones por reflujo, alergias, dolores de cabeza y otros malestares.
El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Gaspar-Andres fue intubado el 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales han documentado durante años condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en instalaciones de detención migratoria donde estuvo recluido el guatemalteco, entre ellas Krome y el campamento de ICE en Fort Bliss, conocido como Camp East Montana.
Los informes señalan un patrón constante: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o insalubres, acceso limitado a duchas, alimentación deficiente, luz encendida de manera permanente, uso extendido del aislamiento y demoras o negativas en la atención médica y de salud mental, algunas vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.
Durante el Gobierno de Donald Trump, múltiples organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluido el encierro de personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo.
En el año fiscal 2025, entre 20 y 22 personas han muerto bajo custodia de ICE, lo que convierte a este periodo en el más letal en dos décadas, solo por detrás de 2004, según datos oficiales.
Internacionales
María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Venezuela y denuncia el desmantelamiento democrático
La líder opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Premio Nobel de la Paz al pueblo de Venezuela y a los “héroes” que continúan luchando por la libertad y la democracia en su país. El mensaje fue leído en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en representación de su madre.
Sosa subió al estrado para recibir, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, el diploma y la medalla de oro, en medio de una ovación que contó con la presencia del rey Harald V de Noruega. En su discurso, transmitió la “infinita gratitud” de su familia y de Venezuela por el reconocimiento internacional a “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz”.
“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario”, expresó Sosa, antes de leer un mensaje que subrayó el valor cívico como base de la democracia. “Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, pero incluso la democracia más firme se debilita cuando los ciudadanos olvidan que la libertad no es algo por lo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos. Es una elección personal deliberada, y la suma de esas elecciones forma el ethos cívico que debe renovarse cada día”, señaló.
Machado, a través de las palabras de su hija, denunció que el “régimen” venezolano ha “desmantelado” la institucionalidad democrática en las últimas décadas, “violando la Constitución, falsificando la historia, corrompiendo al Ejército, purgando a jueces independientes, censurando a la prensa, manipulando elecciones, persiguiendo a los disidentes y destruyendo la biodiversidad del país”.
Asimismo, criticó el uso de la riqueza petrolera, que —según dijo— “no se utilizó para mejorar la vida de los venezolanos, sino para atarlos”. Afirmó que el petróleo se convirtió en una herramienta para “comprar lealtades fuera”, mientras que en Venezuela “grupos terroristas internacionales se fusionaron con el Estado”. Esto, añadió, ha contribuido a una pobreza que supera el 86 % y a la migración forzada de más de nueve millones de venezolanos.
Internacionales
Cámara baja de Brasil aprueba ley que podría reducir drásticamente la condena de Bolsonaro
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó durante la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que podría reducir de forma drástica la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La votación ocurrió en medio de una caótica sesión marcada por denuncias de boicot y tensión política.
Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por la Corte Suprema en septiembre por el intento de subvertir el orden democrático tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde finales de noviembre permanece encarcelado en instalaciones policiales en Brasilia.
El proyecto, incluido de forma sorpresiva en la agenda del día, propone una reducción significativa de las penas asociadas a varios delitos, entre ellos el de golpe de Estado. Según Paulinho da Força, parlamentario responsable de la iniciativa, de ser aprobado también en el Senado, la condena del exmandatario podría disminuir a “más o menos dos años y cuatro meses”. No obstante, el cálculo final dependerá del Poder Judicial.
La nueva normativa también abriría la puerta a la libertad condicional para más de cien seguidores bolsonaristas encarcelados por la asonada del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de la toma de posesión de Lula.
«Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser eternamente prisionero de su pasado reciente», defendió Paulinho da Força en el pleno legislativo.
Una sesión marcada por el caos
La sesión, celebrada en un Congreso de mayoría conservadora, estuvo lejos de la calma. El diputado izquierdista Glauber Braga fue expulsado a la fuerza por policías legislativos tras acusar a la mayoría de impulsar una “ofensiva golpista” en favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara para intentar boicotear la votación.
La transmisión oficial en vivo fue interrumpida, los periodistas fueron obligados a abandonar la sala y se registraron empujones y forcejeos entre legisladores y personal de seguridad. Ante estos hechos, la Federación de Periodistas de Brasil emitió un comunicado en el que «repudió vehementemente» la violencia ejercida contra varios de sus profesionales.
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