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Centroamérica

Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano

Foto: Orlando Estrada / AFP

19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |

La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.

El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.

De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.

Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.

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En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.

Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.

«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

«Ninguna prueba»

La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.

«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.

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La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala. 

Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».

«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.

La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.

El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.

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En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.

La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».

Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.

Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.

El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».

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«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.

Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».

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Centroamérica

Bukele entrega reconocimientos a 452 salvadoreños que participaron en misión humanitaria en Venezuela

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entregó medallas de reconocimiento a los 452 salvadoreños que integraron la misión humanitaria enviada a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país sudamericano en junio.

Durante un acto transmitido en cadena nacional, el mandatario destacó la labor realizada por rescatistas, personal médico y colaboradores que participaron durante un mes en las operaciones de asistencia a las comunidades afectadas.

“Estamos aquí para rendirle homenaje a los hombres y mujeres del contingente salvadoreño que formó parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela. Las medallas que recibirán representan la gratitud de todo el pueblo salvadoreño, y me atrevería a decir que también del pueblo venezolano”, expresó Bukele.

Como parte de la misión, el contingente salvadoreño brindó más de 3,200 atenciones médicas en un hospital de campaña instalado en la zona afectada, además de realizar más de 1,100 asistencias veterinarias.

Asimismo, el Gobierno de El Salvador envió más de 170 toneladas de alimentos, insumos y medicamentos para apoyar a las personas afectadas por los sismos.

El presidente también explicó que se gestionó atención médica en clínicas privadas para algunas víctimas, cuyos costos fueron asumidos por el Gobierno salvadoreño con el objetivo de garantizar una atención adecuada.

Bukele señaló que la condecoración reconoce el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo del personal salvadoreño que participó en las labores de rescate y asistencia humanitaria.

“Todos observábamos las operaciones de rescate y estábamos desvelándonos con ustedes, nerviosos, preocupados, tratando de coordinar lo mejor posible, pero eso no es ni la fracción de lo que ustedes, estando allá, en medio de los escombros, en medio de la tragedia, hicieron”, manifestó el mandatario.

La entrega de medallas destacó el papel del contingente salvadoreño en las acciones de apoyo internacional y en la atención de las personas afectadas por la emergencia en Venezuela.

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Centroamérica

El Salvador suma siete días consecutivos sin homicidios durante julio, según la PNC

El Salvador cerró el miércoles 29 de julio de 2026 sin homicidios, informó la Policía Nacional Civil (PNC), con lo que el país acumuló una nueva jornada sin muertes violentas.

De acuerdo con la institución policial, esta representa la séptima jornada consecutiva sin homicidios durante julio y el día número 26 sin registros de este tipo en lo que va del mes.

La PNC destacó que las cifras actuales reflejan una reducción significativa en comparación con años anteriores. Como referencia, el 29 de julio de 2018 se registraron 17 homicidios en una sola jornada, según los datos citados por la institución.

Las autoridades atribuyen estos resultados al trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, mediante acciones de seguridad y control territorial orientadas a la prevención del delito y la protección de la población.

El Gobierno ha señalado que la estrategia de seguridad implementada en los últimos años ha permitido mantener una tendencia a la baja en los índices de violencia y alcanzar períodos prolongados con ausencia de homicidios.

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Centroamérica

Reforma impulsada por Ortega plantea más años de gobierno y cambios al sistema electoral

Nicaragua cancela personería jurídica de cinco ONGs y aprueba cierre "voluntario" de otras diez

La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años y establecer nuevas restricciones para la participación de sectores opositores en los procesos electorales, según informó este martes la Asamblea Nacional.

El proyecto fue recibido por el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, y está previsto que sea aprobado a inicios de septiembre junto con otras modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló al presentar la iniciativa que el nuevo modelo de gobierno plantea un período presidencial de siete años con posibilidad de renovación.

“Propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables”, expresó Porras al leer parte del documento, cuyo contenido completo aún no ha sido divulgado.

Según el legislador oficialista, la ampliación del mandato permitiría garantizar continuidad en los planes de gobierno y responder a los desafíos del país.

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La iniciativa también plantea impedir la participación electoral de sectores identificados por el gobierno como “vendepatrias” y “golpistas”, términos utilizados por Ortega y sus aliados para referirse a sus opositores políticos.

La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, afirmó que el proyecto fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y aseguró que antes de su aprobación se realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

La nueva propuesta se suma a una reforma constitucional aprobada en 2024, que ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.
Esa modificación también retrasó hasta noviembre de 2027 las elecciones generales que estaban previstas originalmente para finales de 2026.

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