Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Presidenta del TSE acusa a Chaves de amenazar la paz política de Costa Rica
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, Eugenia Zamora, acusó este jueves al presidente Rodrigo Chaves de amenazar la paz y la estabilidad política con sus constantes críticas a la institución y sus magistrados en el marco de la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.
En un pronunciamiento enviado a los medios, Zamora señaló que las acusaciones de Chaves sobre un presunto sesgo partidario en sus actuaciones y en las de sus colegas son falsas y constituyen un ataque directo a la credibilidad del tribunal, al proceso electoral y a los resultados que el TSE certificará. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos y del proceso electoral que se avecina”, afirmó.
Zamora indicó que las declaraciones del mandatario representan una amenaza a la paz y la estabilidad política del país, algo que el tribunal no puede permitir. Durante los últimos meses, Chaves ha denunciado que el TSE le aplicó una “mordaza” en la campaña, ha hablado de un supuesto “golpe de Estado” mediante una solicitud de desafuero y ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados, señalando además que Zamora trabajó anteriormente en un Gobierno del Partido Liberación Nacional, principal fuerza de oposición.
La presidenta del TSE reiteró que el tribunal no está sesgado y recordó que, en 2022, protegieron los votos a favor de Chaves, certificando la elección conforme a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.
Centroamérica
Arévalo denuncia intento de golpe de Estado impulsado por sectores judiciales en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, presuntamente promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y encabezados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por supuestos actos de corrupción.
Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue siendo blanco de ataques sistemáticos para socavar el orden constitucional. El mandatario celebró la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que anuló una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual pretendía declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.
Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y forman parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, afirmó.
Asimismo, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita un proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, medida que el presidente considera procedente, argumentando que “las pruebas son claras”.
Centroamérica
CIDH respalda denuncia sobre desapariciones forzadas en Nicaragua bajo régimen de Ortega
Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillopermanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 detenidos están en condición de desaparición forzada, lo que significa que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. La información es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluyendo 10 arrestados antes de la crisis social de 2018, que marcó el inicio de la actual situación política en el país. La lista incluye al excomandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el 8 de marzo, y al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.
Otros casos destacados son los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como militares retirados como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.
El Mecanismo alertó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con la mayoría de sus principales opositores encarcelados, expulsados del país o despojados de la nacionalidad por supuestos cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.
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