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Centroamérica

Fiscalía investiga a ministra de Salud de Costa Rica por presunta malversación de fondos

11 de enero | Por AFP |

La Fiscalía de Costa Rica confirmó este miércoles que abrió una investigación contra la ministra de Salud, Joselyn Chacón, por la presunta malversación de fondos con el fin de pagar una campaña para desacreditar a periodistas en redes sociales.

«Lo que se investiga es el origen de los fondos», indicó una fuente del Ministerio Público a la AFP al explicar que se busca «determinar si se trata o no de fondos públicos, en virtud de que algunas de las informaciones publicadas sugerían esa posibilidad».

La fuente indicó que se habría pagado a un «troll», en referencia a un usuario anónimo que publica mensajes en internet con fines malintencionados.

De acuerdo con la pesquisa, Alberto Vargas actuaba a través de un perfil en redes sociales como ‘Piero Calandrelli’ para producir informaciones contra profesionales de los medios CRHoy, La Nación y TeleNoticias.

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Estos mensajes fueron difundidos por Facebook y Tik Tok entre julio y septiembre de 2022 tras la asunción como presidente de Rodrigo Chaves. Chacón fue la jefa de campaña.

Vargas ya había informado en diciembre que formaba parte de una red de troles que recibía órdenes del gobierno. Este miércoles lo reiteró ante una comisión del Congreso donde explicó cómo funciona dicha red.

«Eran de 100.000 colones (170 dólares) semanales y después 100.000 colones quincenales. Estos pagos eran para acciones específicas de ataque, en la imaginación de Joselyn (Chacón)», dijo Vargas.

Chaves rechazó el martes las acusaciones de malversación de fondos hechas por diversos medios.

«Son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a la ministra sin razón», afirmó el mandatario costarricense el martes.

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Las declaraciones fueron criticadas por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper).

«(Colper) considera inaceptables los calificativos utilizados por el presidente Rodrigo Chaves hacia los periodistas que denunciaron pagos hechos por la ministra de Salud a un trol», según un comunicado.

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Centroamérica

Cardenal pide a Asfura priorizar a migrantes ante riesgo de más pobreza por deportaciones

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry “Tito” Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones incrementan la pobreza en el país centroamericano.

“Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el religioso este domingo, en un llamado público al mandatario tras su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Rodríguez recordó que alrededor de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, y destacó que muchos sostienen la economía nacional mediante el envío de remesas. Por ello, pidió impulsar soluciones concretas en favor de este sector.

Durante una visita a Miami, Asfura declaró a periodistas que conversó con Trump sobre asuntos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS), así como sobre inversión y política arancelaria.

“Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, expresó el gobernante, quien asumió la presidencia el pasado 27 de enero.

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El cardenal también hizo un llamado a combatir la corrupción, a la que calificó como un “mal endémico” que ha mantenido al país rezagado durante décadas.

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Centroamérica

Conadeh denuncia que 90 % de asesinatos de abogados en Honduras sigue impune

Al menos 220 abogados han muerto de forma violenta en Honduras desde 2004, y cerca del 90 % de esos casos permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

En un comunicado, la funcionaria alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Altamirano tenía trayectoria política y pública: fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

Izaguirre expresó su solidaridad con los familiares de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables.

La defensora recordó que desde 2015 funciona en Honduras un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, aunque advirtió que este “no ha funcionado” de manera efectiva.

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“En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones limita el esclarecimiento de los crímenes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, urgió al Estado a implementar medidas de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus parientes.

Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se ha vuelto especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras desagregadas.

Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de distintas instituciones. La mayoría de los ataques, añadió el Conadeh, ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales.

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Centroamérica

Nicaragua restablece visa para ciudadanos cubanos tras cuatro años de libre ingreso

El Gobierno de Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, informó este domingo el Ministerio del Interior. La medida pone fin al régimen de libre visado que estaba vigente desde 2021 y que, según las autoridades, buscaba fomentar el turismo y fortalecer la “relación familiar humanitaria”.

La decisión se produce en un contexto de presiones internacionales hacia el Ejecutivo copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington ha insistido en la liberación de presos políticos y, de manera recurrente, ha señalado a Managua de facilitar el tránsito de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.

Asimismo, el anuncio coincide con un aumento de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, tras medidas que han afectado el suministro de petróleo venezolano hacia la isla, en medio de una crisis energética.

En el comunicado oficial, la cartera del Interior incluyó a los ciudadanos “de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario”, dentro del listado de nacionalidades que deberán tramitar visa para ingresar al territorio nicaragüense.

La institución detalló que las solicitudes podrán realizarse por medio de correo electrónico “desde cualquier parte del mundo” y aseguró que el trámite no tendrá costo. Sin embargo, no precisó las razones específicas detrás del restablecimiento del permiso migratorio.

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Previo al pronunciamiento oficial, medios nicaragüenses en el exilio ya habían adelantado información sobre la decisión gubernamental.

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