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Colombia evaluará cada dos meses el cese al fuego pactado con grupos armados

| Por AFP |

El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó este lunes el ministerio del Interior. 

«La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio. 

La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.

El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.  

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Bajo su política de «paz total», Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016. 

Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán «diferentes» con cada organización, dependiendo de si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político». 

«No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo», admitió el vocero presidencial.

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica apoyaron la tregua. 

Sin desmilitarización

Unos 15 mil combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las operaciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería ilegal «continúan» y que lo único que se evitará es «que haya una confrontación con el grupo ilegal». 

«No significa el cese al fuego bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos», declaró Velásquez a medios. 

Desde noviembre el gobierno negocia con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país. Los rebeldes concedieron una tregua unilateral de Navidad que comenzó el 24 de diciembre y se prorrogó con el reciente anuncio. 

El ministro Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de «todo el territorio» y no se van a desmilitarizar regiones para que las organizaciones «se muevan a sus anchas» como ocurrió en negociaciones de paz anteriores.

«Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro», añadió. 

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El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse. 

Tregua entre organizaciones

Petro, un exguerrillero que firmó la paz y depuso los fusiles en 1990, se convirtió el 7 de agosto de 2022 en el primer presidente de izquierda de Colombia. 

La política de «paz total» ha sido blanco de críticas de la oposición que la considera una «apología a la criminalidad y a la impunidad».

El gobierno no ha informado si las mesas de diálogo se instalarán en Colombia o en otros países, como ocurre con el ELN que inició una primera etapa de negociación en Venezuela y seguirá en México en una fecha por definir. 

Según el ministro de Defensa, «se están adelantando conversaciones entre organizaciones armadas que tienen presencia en un mismo territorio para que también entre ellas cese la confrontación». 

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«Es lo que podría garantizar la tranquilidad para la población» que suele quedar en medio del fuego cruzado, añadió.

Los demás alzados en armas que quedaron fuera de los acuerdos de cese al fuego serán «perseguidos sin límite alguno», indicó el gobierno. 

Colombia vive un conflicto armado que en seis décadas deja nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados. 

El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.

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Detienen a sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk en Utah

Las autoridades estadounidenses detuvieron a un sospechoso vinculado con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, ocurrido en una universidad de Utah, informó el miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.

En su cuenta de X, Patel escribió que el sospechoso del tiroteo que cobró la vida de Kirk está bajo custodia, y aseguró que se ofrecerán actualizaciones a medida que se disponga de más información.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un «asesinato político» y subrayó la gravedad del ataque, señalando que se trata de un día trágico para el estado y para la nación.

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Nayib Bukele confirma decomiso de droga valorada en $35 millones

La Marina Nacional de El Salvador logró incautar 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en $35 millones de dólares, según confirmó el presidente Nayib Bukele.

El decomiso se realizó a 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, donde se localizaron bultos de cocaína flotando en altamar, que serían recogidos por estructuras criminales.

«Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional», destacó el mandatario.

Con esta incautación, la cantidad total de cocaína decomisada entre 2024 y lo que va de 2025 asciende a 37.2 toneladas, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares.

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Tribunal de San Salvador evalúa caso de siete guatemaltecos acusados de tráfico de drogas

En el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se determinará la situación jurídica de siete ciudadanos guatemaltecos acusados por la Fiscalía General de la República de dedicarse al tráfico de drogas.

La audiencia no pudo continuar debido a que se informó al tribunal sobre la intención de los imputados de optar por un procedimiento abreviado, solicitado por sus defensas y que debe ser evaluado antes de ser aprobado.

Los acusados son Pablo Andrés Girón Barrios, Erroll Ricardo Ayala Zacarías, Walter Geovani Flores Díaz, Andrés Fernando Vásquez Morales, Vanessa Joselyn Mendoza Gil, Ronald Vinicio López Mayén y Mynor Alberto Arias Pineda.

Estos fueron detenidos el 25 de agosto de 2023 en la residencial Capistrano, colonia Escalón, San Salvador, en un operativo realizado por agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). La Fiscalía los señala por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

La captura se dio luego de que los agentes recibieran información sobre la posible actividad delictiva y se trasladaran a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

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