Centroamérica
Costa Rica muestra con orgullo sus caballos en multitudinario desfile
| Por AFP | Alberto Peña |
Sombreros y botas de vaqueros, al más puro estilo «wild west», inundaron este lunes las calles del centro de San José para mostrar con orgullo la cultura del caballo en Costa Rica.
Cientos de animales y sus jinetes desfilaron en ‘El Tope’ para conmemorar, después de tres años sin lucirse por la pandemia del coronavirus, el Día Nacional del Caballista.
Para Omar González los caballos son su vida. Veterinario especializado en equinos desde hace tres décadas, a sus 58 años fue designado como el «dedicado» del desfile de 2022, la persona a quien se dedica cada año el desfile.
«El caballo para Costa Rica es uno de los emblemas del pueblo y salir a lucir el caballo el día de El Tope nacional es una convivencia con amigos, es ir a pasar bonito sanamente», afirma a la AFP González.
Él lleva toda su vida dedicado a criar y sanar caballos, y desde niño participa en ‘El Tope’.
Tres años lleva González esperando a poder subir de nuevo al lomo de su caballo para desfilar: «es una fiesta nacional», comenta.
Tradición y orgullo
Desde 2019 los caballos no habían vuelto a desfilar por las calles del centro de San José. Con la vuelta de las herraduras golpeando el asfalto los costarricenses salieron a la calle por miles para ver a los equinos.
‘El Tope’ conmemora la tradición ecuestre de Costa Rica desde la época colonial, cuando los caballos eran necesarios para moverse por el país o trabajar en el campo.
De aquella época viene la figura del ‘sabanero’, un vaquero al estilo tico, que ahora encarnan los cientos de jinetes que se suman cada año al desfile.
Marianela Matamoros, de 58 años, espera tras las vallas que delimitan el recorrido ver pasar a los caballos.
Algunos jinetes se acercan a la multitud en los laterales para que puedan acariciar a los animales. Otros cabalgan diferentes aires del caballo, la mayoría al paso, o haciendo paso doble, mostrando como si el equino bailara.
«En Costa Rica hay muchos caballos y (‘El Tope’) es algo que los ticos esperan con ansia porque aquí vienen a lucir a sus animales, vienen a mostrar lo que tienen de bello y disfrutar, que es lo más importante», señala Matamoros.
Los caballos se mostraron con sus peinados y trenzados en crines y colas, las sillas relucientes y las cintas adornando su pelo. Los jinetes, algunos con trajes tradicionales y prácticamente todos con botas y sombreros variados.
Proteger al caballo
Antes de lucir sus mejores galas, los cientos de animales que van a desfilar deben pasar una revisión veterinaria.
Equipos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) junto con grupos de veterinarios revisan cada uno de los caballos nada más descender de los camiones que los transportan, antes incluso de que sean ensillados.
Diana Jiménez, de 35 años, es la regente encargada de los equipos veterinarios y asegura que velan porque los animales «estén bien preparados, que cuenten con herraduras adecuadas, que tengan una condición corporal adecuada, que no tengan heridas o signos de enfermedades que puedan representar un riesgo para otros participantes».
Además los equipos veterinarios fiscalizan durante el recorrido que ningún animal sufra, bien por accidente o por mal comportamiento de su jinete.
«El uso de espuelas es inadecuado, (también) el uso abusivo de la fusta o la corrección. Jinetes en estado de ebriedad tampoco pueden participar», comenta a la AFP Jiménez.
En caso de observar cualquier mala práctica, tienen potestad para retirar al animal del desfile, sancionar al jinete o incluso decomisar al caballo.
A pesar de los controles veterinarios, la fiscalización y las garantías dadas por los organizadores en los 4 kilómetros del recorrido, activistas rechazaron el desfile.
Una docena de personas se manifestaron con pancartas en las que se podía leer: «Para los caballos no es divertido. ‘El Tope’ es explotación animal» o «Tu diversión, su tortura».
Centroamérica
Al menos 62 presos políticos siguen encarcelados en Nicaragua, incluidos 18 adultos mayores
Al menos 62 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen actualmente detenidos en las cárceles del país, entre ellos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con un informe de dicho organismo —cuyos datos cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, 28 de los detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada. “La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento”, advirtió la organización.
Del total de 62 personas privadas de libertad por motivos políticos, 6 son mujeres y 56 hombres, incluidos 10 detenidos antes del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, precisó el Mecanismo.
La cifra representa una disminución en comparación con el reporte anterior, que contabilizaba 77 prisioneros políticos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó la organización.
En la lista actualizada figura el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, quien permanece bajo confinamiento domiciliario impuesto por la Policía desde el 8 de marzo pasado, así como el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Ruiz, uno de los nueve comandantes de la antigua Dirección Nacional Sandinista (1979–1990), es además el detenido de mayor edad, con 81 años.
También aparecen entre los adultos mayores privados de libertad los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, abogados y redes de activistas, advirtió que el número real de detenidos podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian los casos por temor a represalias.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agravó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de “golpismo” y “traición a la patria”.
Centroamérica
CNE pide calma a candidatos tras denuncia de “cambio de datos” en el conteo electoral
La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este jueves un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse “desde la tranquilidad”, luego de que el aspirante conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino “cambio de datos” en los ajustados resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo.
“Candidatos y candidatas, en momentos como estos, cuando el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, expresó Hall durante una comparecencia ante la prensa.
La funcionaria también pidió a los aspirantes “confianza” y “respeto” hacia el ente electoral. Si bien reconoció la tensión y la urgencia que se vive en el actual contexto, advirtió que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.
Hall defendió además el trabajo del CNE durante el escrutinio preliminar y subrayó que los resultados que se entreguen serán “definitivos”, ya que el conteo se encuentra bajo dos procesos especiales de contingencia, destinados a verificar las actas y documentos que no pudieron ser procesados o transmitidos.
“El Consejo Nacional Electoral avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos”, afirmó por su parte la consejera Cossette López-Osorio.
Según explicó el organismo, uno de estos procesos contempla actas que fueron procesadas, pero no transmitidas desde los centros de votación, mientras que el segundo abarca documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras.
Las declaraciones de Hall se producen luego de que Nasralla denunciara este jueves un supuesto “cambio de datos” durante el conteo preliminar de la madrugada, cuando —según indicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados, lo que habría favorecido a su rival Nasry Asfura. Por ello, solicitó investigar a la empresa ASD, responsable de administrar la plataforma donde se proyectan los resultados.
“Cualquier análisis sobre una eventual responsabilidad de la empresa señalada debe realizarse posteriormente. En este momento lo prioritario es concluir la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en ello”, enfatizó Hall.
La denuncia se conoció después de que este jueves los resultados preliminares volvieran a cambiar de tendencia. Con el 86,62 % de las actas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera ahora el conteo con 1.116.891 votos (40,25 %), mientras que Nasralla se ubica en segundo lugar con 1.093.302 sufragios (39,40 %).
Ambos aspirantes conservadores se han alternado en la cima del conteo desde el inicio del escrutinio, que ha estado marcado por interrupciones técnicas, según el CNE. Entretanto, la ciudadanía hondureña permanece a la expectativa de conocer al virtual ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
Centroamérica
Denuncian privilegios ilegales y presunto plan de fuga de requerido por El Salvador en cárcel guatemalteca
Medios de comunicación de Guatemala denunciaron una serie de presuntos privilegios irregulares y un supuesto plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala y requerido en extradición por El Salvador por el delito de administración fraudulenta, por un monto de 1,284,274.39 dólares.
Según los reportes, Gaitán Castro se encontraría bajo condiciones distintas a las de un privado de libertad común. Las denuncias apuntan a que habría tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas e incluso uso de teléfonos celulares, a pesar de que estos están prohibidos por la normativa penitenciaria.
Asimismo, se indicó que su traslado al centro penal de Pavoncito fue ordenado mediante resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, pero hasta la fecha dichas disposiciones no han sido ejecutadas.
Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien fue extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos son señalados de integrar una estructura criminal junto a los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Esta red es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, entre ellas Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en al menos seis países de América Latina.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, los implicados conformaron una organización dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas por debajo de su valor real de mercado. Según el expediente judicial, las maniobras habrían sido ejecutadas con la participación de ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.
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