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Dos manifestantes heridos tras desalojo de planta de gas en Perú
| Por AFP |
Al menos dos heridos dejó el domingo el desalojo de una planta de gas en el sur de Perú, en el que un centenar de personas manifestaban contra la nueva presidenta Dina Boluarte, informaron las Fuerzas Armadas.
La expulsión de los manifestantes del campamento gasífero de Camisea, en la localidad de Kepashiato, ocurrió poco después de las 05h00 (10h00 GMT) y dejó dos civiles «policontusos», según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tiene a su cargo la seguridad en la zona por el estado de emergencia vigente.
«Queda absolutamente descartado que existan heridos por armas de fuego», agregó el comando militar, en respuesta a versiones difundidas en las redes sociales.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el 7 de diciembre la presidencia peruana, luego de que el Congreso destituyó a Pedro Castillo por «quebrar el orden institucional» tras anunciar la disolución del Parlamento, la intervención del sistema judicial y un gobierno por decreto hasta convocar a una Asamblea Constituyente. Sin éxito.
A su vez, la planta de gas permanecía tomada desde el 13 de diciembre por un centenar de manifestantes, lo que paralizó sus operaciones.
El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, reclamó a los manifestantes por ocupar a la fuerza el local de una empresa privada, pero también exigió a los uniformados respetar los derechos humanos. Al menos 22 personas han muerto en medio de las protesas que exigen la renuncia de Boluarte y elecciones inmediatas tras el fallido autogolpe del presidente izquierdista Pedro Castillo.
«En referencia a la incursión en la Planta de Bombeo de Camisea – Kepashiato. Exigimos respeto de los derechos humanos; así como el respeto de estos activos estratégicos para el país: El Gobierno tiene que dialogar con la Provincia de La Convención. !!Ni una sola muerte más!!», tuiteó el gobernador.
La recuperación de la planta permitirá al consorcio de Camisea reiniciar actividades y retomar sus exportaciones de gas, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, citado por el diario La República.
Castillo, líder sindical y maestro rural de 53 años, en el poder desde 2021 y ajeno a las élites, era investigado por la fiscalía por corrupción al momento de su frustrada intentona. Ahora cumple 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión en flagrancia. Su esposa y dos hijos están asilados en México.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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