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Internacionales

Víctimas de FARC en Colombia rechazan sanciones previstas por justicia de paz

| Por AFP |

Un grupo de familiares de exrehenes de las FARC, la extinta guerrilla que se desmovilizó en Colombia, rechazó este lunes las penas alternativas a la cárcel que impondrá el tribunal de paz a los jefes de la organización.

«Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no vamos a encontrar justicia», indicó en un comunicado la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a los familiares de algunos de los 12 diputados secuestrados en abril de 2002. Once de ellos fueron ejecutados por guerrilleros en 2007. 

Surgida del acuerdo de paz que desarmó a la entonces FARC en 2017, la JEP podría dictar penas de ocho años «de restricción no carcelaria de libertades y derechos» para seis dirigentes del hoy partido de izquierda, según anticipó el viernes una de las salas que conforman el sistema judicial que investiga los delitos atroces cometidos durante el conflicto. 

Sin embargo, los magistrados todavía no han anunciado las sanciones definitivas. El acuerdo de paz excluyó la cárcel como castigo para los antiguos rebeldes que confiesen y pidan perdón por sus crímenes, a cambio deberán cumplir «labores que contribuyan a la reparación de las víctimas». 

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La colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien estuvo seis años en poder de la guerrilla antes de ser rescatada por los militares en 2008, anunció que apelará el eventual fallo y no descartó acudir a instancias internacionales. 

«Se trata más de unas sanciones simbólicas que de una verdadera restauración a las víctimas», indicó en un comunicado la excandidata presidencial.

Asimismo, el general retirado Luis Mendieta, rehén por casi 12 años, aseguró en W Radio que la exguerrilla «no ha cumplido con la verdad» y «no hay ningún interés de la JEP en aplicar justicia». 

Entretanto Rodrigo Londoño, el último comandante de las FARC conocido como Timochenko, reaccionó ante los reclamos reafirmando su «compromiso irrestricto e inquebrantable» ante las víctimas. 

«Hemos reconocido el secuestro como un hecho que nunca debió ocurrir en el conflicto armado interno colombiano y que generó un profundo dolor a las víctimas y sus familias», dijo este lunes en un comunicado firmado por otros excomandantes. 

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La JEP imputó a la cúpula de las FARC por crímenes de lesa humanidad relacionados con más de 21.000 secuestros y torturas cometidas entre 1990 y 2016.

Los magistrados también han imputado a mandos del ejército por la ejecución de civiles que fueron presentados como rebeldes caídos en combate. 

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MARN1

Centroamérica

Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.

El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.

La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.

Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.

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Deportes

Trump impone mano dura migratoria para el Mundial de Clubes

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha reforzado sus políticas migratorias de cara al Mundial de Clubes 2025, que se celebra del 14 de junio al 13 de julio. Las autoridades han lanzado un mensaje claro: los turistas son bienvenidos para disfrutar del evento, pero deberán abandonar el país al finalizar su estancia autorizada.

Desde la implementación de listas negras con miles de personas vetadas hasta la advertencia directa de deportación para quienes se queden más tiempo del permitido, el Gobierno estadounidense ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar abusos migratorios durante el torneo.

“Queremos que vengan, que celebren, que vean el partido, pero cuando se acabe, tendrán que irse a casa”, afirmó el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, el titular de la FIFA Gianni Infantino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El endurecimiento de las restricciones ha generado inquietud entre los millones de fanáticos del fútbol que llegarán al país, muchos de ellos provenientes de América Latina. En este contexto, Argentina ha brindado su apoyo al compartir con Estados Unidos una lista con más de 15.000 personas vetadas de asistir a eventos deportivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, explicó el mes pasado que esta medida busca evitar que individuos con antecedentes en violencia deportiva puedan ingresar a EE.UU. durante el torneo.

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Internacionales

Gustavo Petro denuncia complot de extrema derecha en Colombia y EE.UU. para derrocarlo

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el miércoles que «personas de extrema derecha» en Colombia y Estados Unidos estarían planeando un golpe de Estado en su contra, en medio de un contexto de violencia interna y tensiones diplomáticas.

La denuncia fue realizada durante un acto público en Cali, donde Petro retomó acusaciones similares hechas por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien señaló al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como supuesto instigador del complot. Petro mencionó que existe comunicación entre sectores extremistas colombianos y estadounidenses, y afirmó tener pruebas del plan, aunque no las presentó públicamente.

Estas declaraciones ocurren en un momento delicado, con recientes ataques violentos en Colombia y cuestionamientos sobre la renovación de la certificación de Colombia como aliado contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Además, la relación bilateral se ha visto afectada por los acercamientos de Colombia hacia China y políticas internas del gobierno de Petro.

Varios actores políticos colombianos han pedido al mandatario moderar su discurso para evitar incrementar la polarización.

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