Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Incertidumbre electoral crece en Honduras mientras avanza lento el escrutinio
El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre se ha transformado en frustración e incertidumbre, ante la ausencia de resultados oficiales definitivos. A dos semanas de las elecciones, el proceso de escrutinio avanza con lentitud en medio de denuncias de irregularidades y fallas en el sistema electoral.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisa 2,773 actas con inconsistencias como parte de una segunda fase del conteo. Aunque el país se mantiene en relativa calma, el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) ha convocado a sus bases a manifestarse en respaldo a sus candidatos, quienes exigen la anulación de los comicios.
Las protestas han sido limitadas, aunque en algunos puntos se han registrado quemas de llantas. La tensión social se refleja en el sentir ciudadano. “La población quiere saber quién ganó para pasar una Navidad tranquila, sin pensar que van a quemar llantas”, expresó Dixon Norales, vendedor ambulante en Tegucigalpa.
Norales también criticó a la candidata oficialista Rixi Moncada, a quien calificó de representar el “comunismo”. Moncada se ubica en tercer lugar, con 618,448 votos (19.29 %), según el 99.40 % del escrutinio preliminar.
De acuerdo con esos resultados, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, encabeza la votación con 1,298,835 sufragios (40.52 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien registra 1,256,428 votos (39.20 %).
Nasralla ha denunciado un supuesto fraude electoral, mientras que Moncada calificó el proceso como un “golpe electoral”, postura respaldada por el expresidente Manuel Zelaya y su esposa, la actual presidenta Xiomara Castro.
El CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para oficializar los resultados. Entretanto, ciudadanos como Evangelina Mejía y Juan Godoy han pedido que se implementen mejoras tecnológicas en futuros procesos electorales para evitar retrasos y dudas sobre la transparencia.
Centroamérica
RAE defiende candidatura de Panamá como sede del CILE 2028
El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, aseguró este lunes que la propuesta para que Panamá sea la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) siguió el procedimiento habitual, en respuesta a las críticas del Instituto Cervantes, que ha denunciado una supuesta imposición.
“Lo normal es que acabe celebrándose en Panamá”, afirmó Muñoz Machado al término de la presentación, en Madrid, de las novedades del Diccionario de la lengua española. No obstante, precisó que aún falta que los gobiernos de España y Panamá alcancen un acuerdo definitivo.
El director de la RAE recordó que la candidatura panameña fue aprobada por la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) durante el CILE celebrado en Arequipa (Perú) en octubre pasado. Sin embargo, explicó que no se anunció públicamente debido a la tensión existente con el Instituto Cervantes.
La controversia marcó el desarrollo del congreso, que concluyó sin el tradicional anuncio de la sede del siguiente CILE, previsto para 2028.
La semana pasada, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acusó a Muñoz Machado de intentar imponer “por su cuenta” a Panamá como sede del próximo congreso. Argumentó, entre otros puntos, que corresponde al organismo que dirige proponer oficialmente las sedes a las academias de la lengua. García Montero también cuestionó el perfil del director de la RAE al afirmar que “la Academia debería tener como director un filólogo de calidad y no un abogado de negocios”.
Por su parte, el director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, expresó el viernes a EFE su confianza en que Panamá será finalmente la sede del CILE 2028 y calificó la polémica como un “tropiezo” institucional.
“Postulamos la candidatura de Panamá en el Congreso de Arequipa, como se ha hecho tradicionalmente, y fue aprobada en una reunión privada por las 23 academias de la lengua española que integran Asale, sin que se presentara ninguna otra candidatura”, explicó Ritter.
Centroamérica
Chaves augura beneficios regionales tras firmar alianza Escudo de las Américas con El Salvador
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, auguró resultados positivos para su país y para El Salvador tras la firma del acuerdo que dio origen a la alianza Escudo de las Américas, una iniciativa destinada a unir esfuerzos regionales en la lucha contra la criminalidad organizada.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario costarricense destacó el alcance del acuerdo firmado en territorio salvadoreño. “La alianza con nuestros hermanos salvadoreños, el Escudo de las Américas, que nació en Coatepeque, traerá cosas buenas para Costa Rica y otros países en la región”, escribió.
Chaves fue recibido el jueves pasado con honores de visita de Estado en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, en Comalapa, y posteriormente se trasladó a Casa Presidencial de Coatepeque, en Santa Ana, donde fue recibido por el presidente Nayib Bukele. Ambos mandatarios suscribieron el denominado Acuerdo de Coatepeque, que formaliza la alianza bilateral.
En otro mensaje, el jefe de Estado costarricense resaltó el liderazgo de su homólogo salvadoreño en materia de seguridad. “Nayib Bukele será un formidable líder en la lucha para frenar al crimen organizado en el hemisferio”, expresó.
Como parte del segundo y último día de su visita oficial, Chaves recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur, según informó la Presidencia de la República de El Salvador. Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy.
Las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la megacárcel, inaugurada en enero de 2023 tras la implementación del régimen de excepción contra las pandillas en marzo de 2022. De acuerdo con medios costarricenses como Central Noticias, Chaves constató de primera mano las condiciones bajo las cuales el Gobierno salvadoreño mantiene recluidos a miembros de pandillas catalogados como de alta peligrosidad, en el marco de una política de seguridad que ha generado amplio debate internacional.
Por su parte, el noticiero Trivisión informó que el mandatario conoció el funcionamiento operativo, los protocolos de seguridad y el modelo de control del centro penitenciario, acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
La visita de Chaves a El Salvador se produjo a pocos días de que su Gobierno inicie la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un proyecto inspirado en el CECOT, con el que Costa Rica busca hacer frente al aumento de la criminalidad.
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