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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Félix Ulloa expone en París sobre el modelo de seguridad de El Salvador

Félix Ulloa impartió una conferencia en la École de Guerre Économique, en el marco de su agenda oficial en Francia, bajo el título: «El Salvador y el restablecimiento de la seguridad nacional: un cambio que redefine los desafíos de América Latina».

Durante su ponencia, el vicepresidente explicó cómo el país logró revertir décadas de violencia a través de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según informó la Vicepresidencia, Ulloa subrayó que la seguridad se ha convertido en un motor para el crecimiento económico, la atracción de inversión y la mejora en la calidad de vida, posicionando a El Salvador como un referente regional en transformación institucional.

La actividad reunió a académicos, estudiantes de posgrado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Francia, quienes analizaron el impacto de la seguridad en la estabilidad política y el desarrollo económico.

Como parte de su agenda en París, Ulloa también sostuvo una reunión con el subsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Yasushi Masaki; la directora del Centro de Desarrollo, Ragnheiður Elín Árnadóttir; y otros altos funcionarios del organismo.

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En el encuentro, se destacó la mejora del clima de negocios en El Salvador, que ha favorecido la llegada de empresas internacionales como Tether y Google.

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Centroamérica

Bethy Arana genera polémica por declaraciones sobre apoyo a Bukele

La analista Bethy Arana cuestionó el respaldo ciudadano al Gobierno del presidente Nayib Bukele durante su participación en el programa televisivo Encuentro TV, donde afirmó que el mandatario cuenta con el aval de un sector de la población al que calificó como “pueblo ignorante” y “fanático”.

“Tiene ahorita el aval del pueblo ignorante que les aplaude todo, del pueblo fanático que les aplaude todo”, expresó Arana en la entrevista.

Asimismo, sostuvo que quienes no respaldan la gestión del Ejecutivo son personas que, a su juicio, “ocupan la cabeza”, y señaló que no todos los salvadoreños comparten la misma postura frente al Gobierno.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la más reciente encuesta de CID Gallup indica que el 93 % de la población aprueba la gestión presidencial, cifra similar a la reflejada en estudios de Iudop-UCA y LPGDatos.

Durante su intervención, Arana también criticó la entrega de equipo tecnológico a estudiantes del sector público, programa impulsado por el Gobierno con el objetivo de fortalecer el proceso académico.

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Centroamérica

Decretan detención provisional contra hondureño acusado de tráfico de menor en El Amatillo

El Juzgado de Paz de Pasaquina, en el departamento de La Unión, decretó instrucción formal con detención provisional contra Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, y Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37, ambos de nacionalidad hondureña, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un adolescente.

Zúniga Cruz, conocido en redes sociales como el “apóstol Santiago”, continuará bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada el jueves 19 de febrero.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero en la frontera terrestre de El Amatillo, tras una intervención realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad identificado con las iniciales Y. J. G. C., quien —según el reporte policial— no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras.

La captura fue dada a conocer el 5 de febrero. Desde entonces, Zúniga Cruz ha permanecido privado de libertad en la delegación policial de La Unión, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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El equipo de prensa de Centros Judiciales informó que el proceso mantiene reserva total, a solicitud de la Fiscalía, por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad.

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