Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Cuba detiene a 10 panameños por presunta propaganda contra el gobierno
Diez ciudadanos de Panamá fueron detenidos en La Habana por presunta “propaganda” contra el gobierno cubano, informaron autoridades de Cuba. La captura se produce días después de que fuerzas de seguridad interceptaran una lancha procedente de Estados Unidos cuyos ocupantes, según la versión oficial, intentaban infiltrarse en la isla con “fines terroristas”.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior de Cuba, difundido por la televisión estatal, los panameños fueron arrestados el sábado tras ingresar al país “con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional”.
La institución señaló que los implicados “reconocieron ser los autores de los hechos”, ocurridos en la madrugada del sábado en la capital cubana. Según las investigaciones preliminares, una vez cumplido el objetivo, los detenidos debían abandonar el país y, al regresar a Panamá, recibirían un pago que oscilaría entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno.
Por su parte, la Cancillería panameña solicitó a Cuba “el respeto al debido proceso” y a “los derechos humanos” de los detenidos. En un comunicado oficial, el gobierno de Panamá afirmó que actuará “con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico” cubano.
Las detenciones se producen luego de que el miércoles diez personas armadas fueran interceptadas en aguas territoriales cubanas cuando intentaban ingresar a la isla. El operativo dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes, según reportes oficiales.
Centroamérica
Jurista guatemalteco liderará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El jurista guatemalteco Stuardo Ralón Orellana fue designado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2026, durante el 195.º período de sesiones del organismo.
La elección marca el inicio de una nueva etapa en la conducción de la Comisión, considerada uno de los principales órganos de supervisión y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Ralón Orellana cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y asumirá la presidencia en un momento que distintos sectores consideran clave para el fortalecimiento del sistema interamericano.
La CIDH forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como misión promover la observancia y defensa de los derechos humanos en los países miembros.
La designación del jurista guatemalteco posiciona a Centroamérica al frente del organismo en un contexto regional marcado por desafíos en materia de justicia, institucionalidad y garantías fundamentales.
Centroamérica
Sandra Torres destaca la seguridad de El Salvador bajo la gestión Bukele
La política y empresaria guatemalteca Sandra Torres visitó el Centro Histórico de San Salvador. A través de un video compartido en sus redes sociales, la exprimera dama destacó el ambiente de paz, seguridad y armonía del que disfrutan las familias salvadoreñas y los extranjeros que llegan a El Salvador.
Torres expuso que le encantó «como muchas familias salvadoreñas disfrutan» de los paseos en la capital salvadoreña, con «paz y tranquilidad»; señalando que ellos muestras «esa sonrisa que los guatemaltecos hemos perdido, esa paz que ya no tenemos, esa prosperidad que tenemos que recuperar».
«No es normal vivir con miedo de ser asaltados en las calles, ser extorsionados», añadió. «Recuperemos Guatemala», sentenció.
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