Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Shakira arranca este sábado su residencia en el “Mágico” González

La cantante colombiana Shakira iniciará a las 8:00 de la noche de este sábado su residencia de conciertos en El Salvador, con la primera de las cinco presentaciones programadas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

Gloria Villacorta, representante de la productora Two Shows, informó que las puertas del recinto se abrirán desde las 4:00 de la tarde para permitir el ingreso anticipado de los miles de asistentes previstos.

Autoridades del Gobierno y voceros de la empresa organizadora ofrecieron una conferencia de prensa para detallar la logística del evento. En materia de tránsito, el viceministro de Transporte, Nelson Retes, explicó que no habrá cierres en las calles aledañas al estadio, aunque sí se implementarán dispositivos para mantener una circulación vehicular controlada.

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdés, aseguró que la capacidad hotelera del país se encuentra completamente reservada ante la llegada de visitantes para la serie de espectáculos de la artista conocida como “La Loba”.

Asimismo, el Ejecutivo anunció un amplio despliegue de los servicios de emergencia sanitaria con el fin de atender cualquier eventualidad médica durante el desarrollo de las cinco fechas.

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Centroamérica

Gestión de Bukele alcanza 91.9 % de aprobación, según encuesta de LPG

La gestión presidencial de Nayib Bukele alcanza un 91.9 % de aprobación entre los salvadoreños, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública elaborada por La Prensa Gráfica, medio identificado con sectores de la oposición.

Según el estudio, las áreas mejor evaluadas por la ciudadanía son seguridad, que obtuvo un 92.5 % de aprobación; educación, con 79.6 %; y salud, que registró una valoración del 51.2 %.

El sondeo señala que el principal motivo del respaldo ciudadano a la gestión de Bukele es la percepción de una mejora en la seguridad del país, razón mencionada por el 33.0 % de los encuestados. En segundo lugar, el 14.3 % destacó que se han observado cambios y mejoras en general, mientras que un 11.0 % consideró que el mandatario “ha hecho un buen trabajo en términos generales”.

Los resultados también reflejan que la evaluación de la actual administración supera ampliamente la valoración obtenida por expresidentes en períodos comparables. El informe detalla que, tras un año y medio de gestión, Elías Antonio Sacaregistró un 72 % de aprobación, Mauricio Funes un 69.3 % y Salvador Sánchez Cerén apenas un 38.1 %, mientras que Bukele alcanza el 91.9 %, consolidando una ventaja significativa frente a sus antecesores inmediatos.

En cuanto al cumplimiento de promesas de campaña, el 64.2 % de los consultados afirmó que el presidente Bukele las está cumpliendo, el 22.9 % considera que se han cumplido de forma parcial y solo el 6.6 % opinó que no se han cumplido.

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Centroamérica

FGR ratifica sentencia contra Norman Quijano por pactos con pandillas en elecciones de 2014

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que fue confirmada la condena de 13 años y cuatro meses de prisión contra Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

De acuerdo con el Ministerio Público, la sentencia fue impuesta en 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador y se hizo efectiva a partir del 26 de enero, fecha en la que Quijano ingresó al país tras ser capturado por las autoridades.

El exdiputado de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, así como excandidato presidencial por el partido ARENA, fue procesado por haber pactado con pandillas durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2014, con el objetivo de obtener apoyo electoral.

“La Fiscalía presentó todas las pruebas que demostraron que Quijano sostenía reuniones directas con cabecillas de pandillas a cambio de recibir votos”, indicó la institución en un comunicado.

Según la investigación fiscal, previo a la segunda vuelta de los comicios de 2014, Quijano y otros dirigentes del partido se reunieron con líderes de la Mara Salvatrucha y de las distintas facciones del Barrio 18, con el fin de asegurar respaldo electoral en zonas bajo control de estas estructuras criminales.

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La FGR comprobó que se entregaron $100,000 a pandilleros para influir en el voto a favor del entonces candidato. El dinero habría sido canalizado por Paolo Lüers, de nacionalidad alemana y actualmente prófugo. De ese monto, $50,000fueron entregados a la Mara Salvatrucha, $25,000 a la facción Barrio 18 Revolucionarios y $25,000 a los Sureños.

A cambio, según la acusación, se ofrecieron beneficios como programas de reinserción social, la reducción de acciones policiales y la eliminación de leyes antipandillas. Además, Quijano habría prometido a los pandilleros que, de llegar a la Presidencia, invertiría $100 millones en beneficio de estas estructuras, fondos que saldrían del presupuesto general de la nación.

La Fiscalía también señaló que el exdiputado fue mencionado por el fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, como la persona que habría ordenado los pactos con pandillas a cambio de apoyo electoral.