Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Maduro exige liberación de venezolanos detenidos en El Salvador y ataca política de Bukele
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra la política de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y exigió la liberación de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
«Debería hacer un gesto que lo libere de tanta culpa y liberar a todos los venezolanos que tiene secuestrados en los campos de concentración», expresó Maduro, según recogió el medio digital Venezuela News.
A mediados de marzo, el presidente Bukele informó que Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron recluidos en el Cecot como parte de un acuerdo de cooperación carcelaria entre El Salvador y el gobierno del republicano Donald Trump. Esta alianza ha sido criticada tanto por el régimen venezolano como por sectores del FMLN.
Actualmente, se reporta que hay 252 venezolanos detenidos en el Cecot. El presidente Bukele ofreció, como gesto humanitario, canjear a estos reos por un número equivalente de presos políticos en Venezuela. No obstante, la propuesta fue rechazada por Maduro.
«Bukele, por mal asesorado y malintencionado, se metió en un berenjenal. Vamos a ver cómo sale de él», expresó el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, de acuerdo con Venezuela News.
Centroamérica
Bukele propone aumentar umbral para exonerar pago de impuesto de la renta
El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de aumentar el umbral de exoneración hasta los $550 mensuales. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de miles de familias salvadoreñas como parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele.
El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario detalló: «Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas».
Asimismo, señaló que esta modificación incentivará los incrementos salariales en los niveles más bajos, incluso aquellos que ya superan el salario mínimo. Esta declaración hace referencia a una propuesta enviada la semana pasada al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar en un 12 % los sueldos de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios, a partir de junio de este año.
Actualmente, la Ley del ISR exime del impuesto a quienes devengan hasta $472 mensuales (tramo I). Con la reforma, este límite se ampliaría en $78, permitiendo que más personas queden exentas del pago. Los ingresos superiores a $472.01 (tramo II) ya están obligados a presentar declaración de renta, umbral que pasaría a ser $550 una vez aprobada la propuesta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, recordó ayer que este martes vence el plazo legal para presentar la declaración de renta correspondiente, obligación que aplica a quienes perciben ingresos mensuales iguales o superiores a $472.01.
Esta iniciativa se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de proteger la economía de las familias salvadoreñas.
Centroamérica
El Salvador suma 98 días sin homicidios en 2025 y refuerza su tendencia a la baja
El martes 29 de abril finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño, según los datos oficiales divulgados esta madrugada por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este nuevo registro, abril acumula 24 días sin muertes violentas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 98 jornadas sin homicidios. Estos resultados se atribuyen a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Desde el inicio de la actual administración en 2019, El Salvador ha alcanzado un total de 895 días sin homicidios, de los cuales 791 han ocurrido bajo el régimen de excepción. En ese período, más de 85,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, los cuales se sancionan con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Además, algunos han sido acusados de otros delitos como extorsión agravada, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas, restricciones a la libre circulación y tráfico de drogas.
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