Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Analistas destacan alto respaldo a Bukele a casi siete años de gestión
Analistas políticos sostienen que el presidente Nayib Bukele mantiene un alto nivel de respaldo ciudadano, a casi siete años de haber asumido el Ejecutivo, y descartan un desgaste natural en su gestión.
Rafael Góchez afirmó que una de las principales razones de la aprobación es la respuesta a las problemáticas históricas de la población salvadoreña.
“La causa principal es que la gente valora las constantes acciones favorables del gobierno para mejorar la calidad de vida de la población, tanto en el tema de seguridad como en educación, salud e infraestructura. La percepción es que ahora hay un mandatario que está siempre pendiente de las necesidades y que trabaja para buscar las mejores soluciones”, señaló.
De acuerdo con encuestas de opinión realizadas por LPGDatos, CID-Gallup y Data Poll, el mandatario registra actualmente un nivel de aprobación que oscila entre el 91.9 % y el 93 %. Asimismo, el estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública UCA (Iudop-UCA) le otorga una calificación de 8.39.
Por su parte, Nelson Flores, especialista en Administración Pública, consideró que el caso de Bukele es inédito en la historia política de América Latina, donde —según indicó— la mayoría de gobernantes comienza a perder apoyo en las encuestas incluso después de los primeros 100 días de gestión.
“Este fenómeno de mantener intacta esa preferencia política en el tiempo radica en que él supo plantear un modelo diferente de hacer política, rompió con el bipartidismo y con las ideologías, y empezó a gobernar para resolver los problemas y necesidades de la población”, explicó.
Góchez añadió que la seguridad pública es un factor determinante en los niveles de aprobación del mandatario.
“La desarticulación de las pandillas, que mantuvieron sometida en terror y angustia a la población durante décadas, es sin duda el logro más valorado, y eso sirve de base para pensar en mejoras en el área económica”, concluyó.
Centroamérica
Régimen de excepción se extiende hasta el 31 de marzo tras nueva votación legislativa
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días, con el objetivo de evitar la reorganización de pandillas y capturar a personas que intenten retomar actividades delictivas vinculadas a las maras.
Se trata de la 48.ª ampliación del Decreto 333, cuya nueva vigencia iniciará el 2 de marzo y concluirá el 31 del mismo mes.
El régimen fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022 como una medida extraordinaria para combatir a las estructuras criminales. Desde entonces, según datos oficiales, ha permitido la captura de más de 91,000 presuntos pandilleros en todo el país.
Durante el debate legislativo, el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, rechazó lo que calificó como una “falsa dicotomía” impulsada por sectores de oposición en torno a si el régimen es positivo o negativo.
Guevara sostuvo que, a su juicio, los críticos centran su discurso únicamente en las personas procesadas y no en las víctimas de la violencia generada por las pandillas.
Centroamérica
Cancillería y Univo lanzan programa de becas para jóvenes de zonas fronterizas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Universidad de Oriente (Univo) firmaron un acuerdo para poner en marcha un programa de becas de educación superior dirigido a jóvenes bachilleres originarios de sectores fronterizos con Honduras, delimitados por la sentencia emitida el 11 de septiembre de 1992 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La vicecanciller Adriana Mira explicó que el convenio busca promover y facilitar el acceso a estudios técnicos superiores, con énfasis en la zona oriental del país.
“El compromiso que suscribimos tiene como objetivo promover, acercar y facilitar el acceso a educación técnica superior; especialmente para la zona oriental, la cual está siendo potenciada por medio de la apuesta de desarrollo estratégico que lleva a cabo el Gobierno salvadoreño”, afirmó la funcionaria.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de atención integral impulsados por el Ejecutivo para fomentar el bienestar y el progreso de estos territorios, mediante la ampliación de oportunidades de formación universitaria y profesional.
El programa estará dirigido a estudiantes de los sectores de Los Amates-Goascorán y Monteca-Dolores, en el departamento de La Unión, así como de Sabanetas-Nahuaterique, en Morazán.
Como parte del enfoque regional, el acuerdo contempla el trabajo conjunto con la Univo y el aprovechamiento de plataformas digitales para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje
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