Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Surf City 2 será sede del Desafío Plaza Mundo Usulután este 19 de abril

Atletas de la zona oriental y de todo El Salvador se preparan para participar el próximo 19 de abril en el Desafío Plaza Mundo Usulután, que se desarrollará en Surf City 2 a partir de las 6:00 a.m.

La carrera es organizada por Infinity Sports y patrocinada por Plaza Mundo, con el respaldo del gobierno del presidente Nayib Bukele.

El evento contempla dos categorías, General y Máster, con un costo de inscripción de $15, que incluye un kit con camiseta, dorsal, chip y medalla. Los participantes podrán competir en tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta las instalaciones de Plaza Mundo Usulután.

La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, destacó que el turismo deportivo sigue en crecimiento a nivel global, y que el país busca consolidarse como un destino atractivo para este tipo de actividades.

Asimismo, invitó a la población a sumarse a la iniciativa: “Que se anoten, que se desafíen y que promuevan una vida saludable. No es necesario ser un atleta experto para participar”, expresó.

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Durán también resaltó que los asistentes podrán aprovechar la visita para conocer destinos turísticos de la zona oriental, como la Laguna de Alegría, el distrito de Berlín y las playas El Cuco y Las Flores.

Por su parte, Infinity Sports señaló que el evento busca fomentar el deporte en un entorno seguro, moderno y accesible para todos los salvadoreños.

Centroamérica

Capturan en Guatemala a presunto pandillero de la MS y será expulsado a El Salvador

Un presunto miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido en Guatemala y será expulsado hacia El Salvador para enfrentar un proceso judicial.

Se trata de Irving Humberto Linares, alias “Mico” o “Demente”, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en la aldea San Jerónimo, municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.

Según informaron las autoridades guatemaltecas, el detenido se encontraba en condición migratoria irregular y fue identificado como miembro activo de la estructura criminal, por lo que se procederá a su expulsión hacia su país de origen.

Aunque en Guatemala no registra antecedentes penales, será entregado a la Policía Nacional Civil para que enfrente la justicia salvadoreña.

Una vez en territorio nacional, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

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El caso formará parte de un expediente consolidado en tribunales especializados en crimen organizado, donde el imputado deberá enfrentar las etapas judiciales correspondientes en los próximos meses.

Las autoridades guatemaltecas también informaron que durante el año pasado fueron detenidos 93 presuntos pandilleros. De ellos, 47 fueron entregados a El Salvador por contar con órdenes de captura por delitos como homicidio, extorsión y tráfico ilícito, mientras que otros 46 enfrentaron procesos judiciales en Guatemala por delitos relacionados con drogas y crimen organizado.

Centroamérica

Costa Rica extradita a exministro Celso Gamboa a EE. UU. por narcotráfico

Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes a Celso Gamboa hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico en un caso que, según el propio acusado, podría involucrar a funcionarios del actual gobierno.

Gamboa, de 49 años, exministro de Seguridad, exmagistrado y exfiscal general adjunto, fue entregado por orden judicial a agentes antidrogas estadounidenses en el aeropuerto Juan Santamaría, en un operativo de alta seguridad. Junto a él también fue extraditado su presunto socio, Edwin López Vega, señalado en el mismo proceso.

Ambos se convirtieron en los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditados tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que habilitó la entrega de nacionales requeridos por la justicia extranjera.

El fiscal general Carlo Díaz calificó el hecho como un “día histórico”, al tratarse de personas de alto perfil involucradas en el caso.

Gamboa, quien se desempeñó como ministro durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), fue trasladado junto a López Vega en un avión con destino al estado de Texas, bajo custodia de agentes de la DEA.

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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018) abordó la aeronave esposado y bajo fuerte resguardo policial, luego de que sus intentos de frenar la extradición mediante recursos legales de última hora fueran rechazados.

Según indicó la Fiscalía, existían versiones sobre posibles amenazas contra la vida de Gamboa, lo que habría incrementado las medidas de seguridad durante el procedimiento.