Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador aplica 26,000 vacunas contra el sarampión en una semana
El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, informó este lunes que el país ha aplicado cerca de 26,000 vacunas contra el sarampión en el transcurso de una semana, como parte de la campaña nacional de inmunización.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario destacó que esta cifra refleja una alta aceptación de la población hacia la vacuna. “Esto nos dice que la aceptación ha sido importante”, afirmó.
La jornada de vacunación es impulsada por el Ministerio de Salud, que desde el pasado 10 de abril activó una campaña especial dirigida a reforzar la protección contra el sarampión, especialmente en la primera infancia.
Como parte de esta estrategia, se incorporó una dosis adicional para niños de entre 6 y 11 meses de edad, con el objetivo de inmunizarlos antes de cumplir el primer año, etapa en la que tradicionalmente se administra la primera vacuna según el esquema nacional.
Alabi recordó que el esquema regular contempla la aplicación de dosis a los 12 y 18 meses. En ese sentido, destacó que en 2025 se alcanzó una cobertura del 98.4 % en la primera dosis y del 96.6 % en la segunda, superando el umbral del 95 % recomendado para garantizar la protección colectiva.
Centroamérica
Transportistas buscan acuerdos con el Gobierno ante alza de combustibles en El Salvador
El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, aseguró que existe apertura por parte del Gobierno de El Salvador para dialogar sobre medidas que permitan mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre el transporte público.
El acercamiento se realiza a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, encabezado por Romeo Rodríguez, con quien los transportistas sostuvieron una reunión para plantear distintas propuestas.
Regalado explicó que el incremento actual en el precio del combustible, que ronda los $0.88 por galón, eleva significativamente los costos operativos. “Con 25 galones diarios promedio que consume una unidad, son $22 adicionales, lo que significa que necesito alrededor de $120 para operar”, detalló.
Entre las principales solicitudes del sector se encuentra el establecimiento de un precio máximo para el diésel, así como la revisión de la nivelación tarifaria, al considerar que el transporte público es uno de los pocos sectores que no ha registrado ajustes en sus tarifas en los últimos años.
“Consideramos que fijar el precio del combustible para el sector transporte aliviaría significativamente el costo operativo diario, sin eliminar la compensación. También se propuso autorizar un galonaje específico, revisar la nivelación tarifaria y aumentar la compensación”, añadió el vocero.
Asimismo, Regalado indicó que el titular del MOPT se comprometió a cancelar el saldo pendiente correspondiente al subsidio destinado a los empresarios del transporte público.
Centroamérica
Congresista de EE.UU. destaca “dramática transformación” en seguridad de El Salvador
El legislador, representante por Nueva Jersey, aseguró que cualquier análisis serio sobre el país debe partir de lo que calificó como “un hecho básico e innegable”: el cambio significativo en las condiciones de seguridad bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
“Hace apenas unos años, El Salvador estaba entre los países más violentos del mundo, con pandillas que ejercían control sobre la vida diaria, extorsionaban a las familias, reclutaban niños y aterrorizaban comunidades enteras”, afirmó Smith durante su intervención.
El congresista sostuvo que ese panorama ha cambiado de forma drástica en los últimos años. “Las tasas de homicidio se han desplomado, la extorsión ha disminuido y los salvadoreños pueden realizar sus actividades diarias con un nivel de seguridad antes inimaginable. Hoy, El Salvador es una de las comunidades más seguras del mundo”, agregó.
Las declaraciones fueron emitidas en un espacio en el que participaron abogados y representantes de diversas organizaciones, entre ellas APES, Cristosal, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, quienes también expusieron sus posturas sobre la situación de derechos humanos en el país.
Durante su participación, Smith recordó sus visitas a El Salvador en años anteriores, cuando —según relató— el país enfrentaba altos niveles de violencia, y contrastó esa experiencia con la situación actual.
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