Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Incautan celulares, televisores y objetos ilícitos en cárcel femenina de Guatemala
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en conjunto con elementos del Ejército de Guatemala, realizaron un operativo de requisa en el Centro de Orientación Femenino (COF), ubicado en el municipio de Fraijanes, en el departamento de Guatemala.
La intervención se llevó a cabo el domingo y se extendió por aproximadamente seis horas, según reportes de medios locales. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una amplia variedad de objetos prohibidos dentro del penal, lo que pone en entredicho los controles de seguridad internos.
Entre los artículos decomisados se contabilizan más de 100 objetos punzocortantes, 210 cigarrillos, 92 encendedores, 50 cables para celular, 29 teléfonos móviles, 14 televisores, cuatro equipos de sonido, así como dispositivos electrónicos como memorias USB, microSD y un router, entre otros.
De acuerdo con datos oficiales, el centro penitenciario alberga a unas 1,185 mujeres privadas de libertad.
Las autoridades guatemaltecas señalaron que este tipo de operativos se realizan de forma periódica en distintas cárceles del país, donde es frecuente el decomiso de objetos ilícitos de diversa naturaleza.
Cabe recordar que en enero pasado se registró un triple motín en el sistema penitenciario, presuntamente coordinado por un líder de la pandilla Barrio 18, quien exigía mayores privilegios dentro del recinto.
Centroamérica
Honduras refuerza operativos en zonas críticas de criminalidad
El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera, presentó un balance sobre la situación de seguridad en el país, en el que anunció la ejecución de operativos de alto impacto en el departamento de Olancho.
El jefe policial señaló que el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, se mantiene como una de las zonas más críticas en materia de criminalidad a nivel regional, pese a que el Valle de Sula presenta una tendencia a la baja en los índices delictivos.
Asimismo, indicó que el Distrito Central registra una alta cantidad de homicidios, aunque aclaró que la tasa se ve reducida en términos proporcionales debido a la densidad poblacional. No obstante, advirtió que la situación en el departamento de Francisco Morazán requiere atención especial.
Oseguera detalló que la institución mantiene activos cinco equipos de intervención táctica desplegados en distintas zonas del país, incluyendo el Valle de Sula, Olancho, Francisco Morazán y la región sur.
Además, informó que en el municipio de Concordia, en Olancho, se han identificado diversos focos de actividad criminal.
El titular de la Policía reconoció la complejidad del problema de seguridad en el país y enfatizó la necesidad de actuar con determinación. “Es una situación fuerte, son problemas sociales de toda una vida en la región, pero es hora de trabajar y no dar excusas”, subrayó.
Centroamérica
El Salvador lidera la región con menor índice de homicidios en 2026
El Salvador se consolida durante el primer trimestre de 2026 como el país con menor índice de homicidios en Centroamérica, respaldado por cifras oficiales y por la percepción de seguridad entre la población, lo que fortalece su posicionamiento como destino para la inversión, el turismo y la residencia.
De acuerdo con los datos, el país registra 19 homicidios en los primeros tres meses del año, una cifra significativamente inferior en comparación con otras naciones de la región como Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde los niveles de violencia continúan siendo más elevados.
En el caso de Guatemala, cifras del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indican que durante el mismo periodo se registraron 613 homicidios, con un promedio diario de 6.8 asesinatos. De estos, 204 ocurrieron en enero, 172 en febrero y 237 en marzo.
El inicio del año en ese país estuvo marcado por un repunte de la violencia, particularmente en enero, cuando operativos para retomar el control de centros penitenciarios desencadenaron enfrentamientos que dejaron víctimas, incluidos agentes de seguridad.
Mientras tanto, El Salvador mantiene una tendencia a la baja en los homicidios, en contraste con su pasado reciente. En 2015, el país llegó a registrar una de las tasas más altas del mundo, con 106 homicidios por cada 100,000 habitantes y un promedio de 18 asesinatos diarios.
Las autoridades atribuyen la reducción sostenida de la violencia a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, que han permitido transformar el contexto social y posicionar al país entre los más seguros de América Latina.
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