Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega planes de regresar a Honduras tras ser indultado por Trump
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras cumplía una condena por narcotráfico en ese país, negó este martes que tenga planes de regresar a territorio hondureño.
La presidenta saliente, Xiomara Castro, denunció a través de la red social X que Hernández estaría «planificando su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones» presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre, cuyos resultados definitivos permanecen en suspenso debido a la revisión de actas con presuntas inconsistencias.
Ante estas acusaciones, Hernández respondió en la misma plataforma que «no existe ningún plan de ingreso al país». El exmandatario cumplía una pena de 45 años de prisión por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos antes de recibir el indulto.
En el actual proceso electoral, el candidato Nasry Asfura, del mismo partido político que Hernández y respaldado por Trump, encabeza el conteo con una ventaja inferior a dos puntos porcentuales sobre su rival, el también derechista Salvador Nasralla.
Castro advirtió que «está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático mediante un golpe» contra su gobierno. Desde hace varios días, la mandataria denuncia un supuesto “golpe electoral”, atribuido a la «injerencia» del presidente estadounidense y a la «manipulación» de los resultados.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, reiteró que no tiene «intención de regresar a Honduras en este momento», al considerar que su seguridad y la de su familia «estarían en grave riesgo» debido a lo que calificó como una «persecución política» y una «instrumentalización de la justicia».
Centroamérica
El Salvador acumula 290 días sin homicidios en 2025
Las autoridades atribuyen la reducción de homicidios en El Salvador a la implementación del Plan Control Territorial, vigente desde 2019, y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa en vigor en el país.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el martes 16 de diciembre cerró nuevamente con cero homicidios a escala nacional, consolidando la tendencia de reducción de la violencia durante el presente año.
Las estadísticas oficiales detallan que noviembre finalizó con 26 días sin homicidios, octubre con 24, septiembre con 23, agosto con 27, julio con 29, junio con 25, mayo y abril con 25 cada uno, marzo con 22, febrero con 26 y enero con 25 días sin asesinatos.
En el caso de diciembre, los días sin homicidios registrados hasta la fecha son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 y 16, sumando 13 jornadas consecutivas sin violencia letal. Con ello, el país acumula 290 días sin homicidios en lo que va del año.
Las autoridades también destacan que, durante la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha superado los 1,000 días sin registrar homicidios, como resultado de las estrategias de seguridad impulsadas a través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Centroamérica
Air City y nuevas inversiones apuntalan proyección de crecimiento económico, dice Bukele
Durante la colocación de la primera piedra de Air City, la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica, el presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que la economía de El Salvador cerrará el año con un crecimiento superior al 4 %.
«Nuestra economía este año va a crecer arriba del 4 %. Eso no lo dice todavía el Banco Central de Reserva porque sus informes van rezagados, pero ese será el resultado», aseguró el mandatario, quien recordó que a inicios de año la proyección oficial era de 2.5 %.
De concretarse esta estimación, el crecimiento representaría un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando la economía salvadoreña registró una expansión del 2.6 %.
Bukele señaló que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se produce de manera gradual y está estrechamente ligado a la atracción de inversiones, como la de Air City, que contempla una inversión de $250 millones y que, en su primera fase, generará más de 500 empleos directos y 1,000 indirectos.
«Si estamos creciendo 4 % mientras construimos infraestructura, cuando estas obras estén finalizadas y en plena operación estaremos hablando de crecimientos superiores al 7 %. Para eso debemos estar a la altura en aeropuertos, permisos y en acelerar la infraestructura pública, lo que se traduce en más empleos, desarrollo y bienestar», afirmó.
El presidente destacó que proyectos como Air City, junto a otras inversiones en marcha y el reciente anuncio de la concesión para la construcción del primer cable submarino de El Salvador, otorgada a la empresa estadounidense Liberty Networks, forman parte de la estrategia económica de su segundo mandato.
Estas proyecciones coinciden con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que esta semana elevó su previsión de crecimiento para El Salvador a 3.5 % en 2025, por encima del 2.8 %estimado en octubre pasado. Además, el organismo prevé un crecimiento cercano al 3.4 % en 2026.
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