Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Mueren dos bomberos al combatir incendio forestal en Guatemala
Dos bomberos de la protección civil de Guatemala murieron este domingo mientras combatían un incendio forestal en una región indígena maya al norte del país, informó la entidad a la AFP.
Las víctimas fueron identificadas como Edvin García Sucup y César Augusto Pérez García.
«Debido a las condiciones del lugar del incendio, se registró el fallecimiento de dos integrantes de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de Rabinal», explicó la vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres(Conred), Valeria Urizar.
El siniestro se originó en la aldea Chupel, ubicada en el municipio de San Miguel Chicaj, en el departamento de Baja Verapaz.
Cada año, los incendios forestales en Guatemala consumen miles de hectáreas de bosque. La temporada de mayor incidencia se extiende de noviembre a junio, periodo caracterizado por la ausencia de lluvias.
De acuerdo con las autoridades, la mayoría de estos incendios es provocada por actividades humanas, principalmente por la preparación de terrenos destinados a cultivos agrícolas.
Centroamérica
CSSP y Hospital El Salvador obtienen certificación internacional antisoborno ISO 37001
El Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y el Instituto Especializado Hospital El Salvador (IEHES) recibieron la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la transparencia, la ética, la integridad y la mejora continua en la gestión pública.
En el caso del CSSP, la certificación fue presidida por su titular, Daniel Quinteros, y otorgada por el líder de Negocios de LSQA Centroamérica, Federico Sánchez.
El proceso para alcanzar esta acreditación comenzó en agosto de 2024, cuando la institución inició la creación e implementación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, que establece lineamientos y controles para prevenir, detectar y abordar posibles riesgos relacionados con actos de soborno dentro de la entidad.
Por su parte, la certificación del IEHES fue recibida por el ministro de Salud, Francisco Alabi, y entregada por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), a través de su directora, Yanira Colindres.
En el ámbito educativo, este reconocimiento implica garantizar transparencia en las calificaciones, trazabilidad en los procesos académicos y seguridad en los sistemas de evaluación y docencia.
Además, la certificación contribuye a asegurar que los títulos otorgados por la institución sean legítimos y obtenidos por mérito, reforzando los estándares de integridad dentro del sistema educativo y sanitario.
Centroamérica
Manuel Flores cuestiona funcionamiento del nuevo Hospital Rosales
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, cuestionó este lunes el funcionamiento del Hospital Nacional Rosales y aseguró que el nuevo edificio no cuenta con quirófanos, consulta externa ni especialistas.
Durante la conferencia de prensa que el partido realiza cada lunes, Flores afirmó que el hospital “no existe” en términos operativos y que, según su valoración, el proyecto se limita a la infraestructura visible.
«El hospital Rosales no existe, no les importa; para ellos todo es luces, para que digan qué hospital más bonito, por fuera, pero por dentro podrido. No hay nada, no hay quirófanos, no hay especialistas», expresó.
El dirigente también criticó el sistema de telemedicina conocido como DoctorSV, al señalar que su alcance es limitado. «Ya no hablan tanto del DoctorSV, porque es un fracaso, un porcentaje mínimo tiene acceso», afirmó.
Asimismo, aseguró que persisten problemas en el abastecimiento de medicamentos y en los tiempos de espera para consultas médicas. «En los hospitales no hay medicamentos, y aunque algunos puedan decir que lo mismo sigo repitiendo, pues cambien la situación del país y ya no lo voy a decir», manifestó.
Flores agregó que en el sistema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social los pacientes enfrentan demoras prolongadas para obtener citas médicas. «Seis meses en el Seguro Social para una cita, y se paga, porque los derechohabientes pagan», señaló.
Durante sus declaraciones, el dirigente también se refirió al contexto económico internacional y advirtió que un posible incremento en el precio del petróleo podría afectar al país. «¿Qué va a pasar con un país que no produce? Todo se va a ir a las nubes, porque todo depende del precio del petróleo», dijo.
En materia educativa, Flores indicó que existen quejas recurrentes por la falta de entrega de los paquetes escolares. Según afirmó, las denuncias sobre retrasos en la distribución continúan registrándose a nivel nacional.
«Las quejas permanentes de la no entrega de los paquetes escolares es de todos los días, y quieren hacer creer que ya se cumplió en un 100 %», señaló.
A su juicio, la población necesita mejoras reales en educación y salud pública. «La población necesita mejor educación y salud, y que realmente no se le mienta a la gente», concluyó.
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