Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia
El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.
Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.
Llamado a la convivencia y al diálogo
Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.
El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.
La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.
Centroamérica
Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.
Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado
De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.
El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.
Centroamérica
Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.
Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.
Personas vinculadas al caso
El monto fue incautado a:
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Santos Elías Guardado Flores
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William Arnoldo Hernández Navidad
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José Luis González Villalobos
Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.
Otro caso reciente
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.
En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.
Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.
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