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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Alias “Dark” asegura que fuga de 20 reos fue coordinada con altos mandos del Estado

Milton Najarro, alias “Dark”, aseguró ante un tribunal que su fuga de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida junto a otros 19 reclusos, fue coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes —según su versión— facilitaron uniformes oficiales y patrullas para concretar la evasión.

Durante una audiencia realizada por videoconferencia, Najarro fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. En su declaración, afirmó que los privados de libertad abandonaron el centro penitenciario vestidos como agentes policiales y a bordo de vehículos oficiales, como parte de un supuesto acuerdo con altos mandos del Estado.

De acuerdo con su testimonio, el pacto habría tenido como objetivo garantizar “tranquilidad en el país”, aunque no ofreció detalles concretos sobre las condiciones del acuerdo ni sobre los beneficios económicos que, asegura, fueron entregados.

Najarro señaló directamente al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, quien actualmente se encuentra prófugo, y al director de la PNC, David Boteo, como los responsables de coordinar la fuga. No obstante, no presentó pruebas que respalden sus señalamientos ni precisó los montos del presunto soborno.

La evasión de Fraijanes 2 fue reportada por las autoridades el 12 de octubre. El imputado permanecerá recluido en la cárcel de Matamoros, mientras que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 7 de mayo.

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Centroamérica

Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras con una ceremonia austera y sin mandatarios extranjeros

Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, asumirá el cargo el próximo 27 de enero en una ceremonia austeraque no contará con la presencia de presidentes ni jefes de Estado extranjeros, informó una fuente cercana al nuevo mandatario.

La investidura se llevará a cabo en el edificio del Congreso Nacional, en el centro histórico de Tegucigalpa, y no en el tradicional Estadio Nacional José de la Paz Herrera. De acuerdo con la fuente, al acto únicamente asistirán embajadores acreditados en el país y representantes de organismos internacionales.
“No se invitó a ningún mandatario”, precisó.

Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su intención de evitar gastos innecesarios durante su llegada al poder. Según la fuente, el presidente electo ha insistido en que la toma de posesión sea “sencilla y austera”.

En esa línea, una de las designadas presidenciales, María Antonieta Mejía, aseguró que Asfura “no es una persona suntuosa, ni le gustan los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos”, por lo que prefiere destinar el presupuesto a “actividades que beneficien al pueblo hondureño”.

Asfura sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien asumió la presidencia el 27 de enero de 2022. Castro es esposa del expresidente Manuel Zelaya, su principal asesor político.

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Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre. Según el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), divulgado el 24 de diciembre, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtuvo el segundo lugar, mientras que Rixi Moncada, candidata de Libre, se ubicó en la tercera posición.

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Centroamérica

Bukele destaca adhesión voluntaria de empresas a la Quincena 25

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró este viernes que más empresas del sector privado se están incorporando de manera voluntaria a la aplicación de la Quincena 25, una medida que durante este año no es de carácter obligatorio.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario indicó que incluso compañías del sector de call centers han decidido sumarse al pago adicional contemplado en la iniciativa.
“Más empresas se están sumando voluntariamente a la Quincena 25. Y para quienes preguntaban por los call centers, también se han sumado”, escribió Bukele.

El jefe de Estado recordó que la implementación de la medida en 2026 es opcional para el sector privado y que el pago correspondiente es “100 % deducible del impuesto sobre la renta”, como incentivo para las empresas que decidan otorgarlo.

Bukele destacó que esta disposición busca beneficiar a los trabajadores sin afectar la sostenibilidad financiera de las empresas y reiteró su llamado a la unidad entre los distintos sectores del país.
“¡Juntos vamos a sacar adelante a El Salvador!”, añadió en su publicación.

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