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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Seguridad desarticula cargamento de cocaína procedente de Nicaragua en la «Muralla del Pacífico»

En un operativo estratégico ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), las autoridades salvadoreñas interceptaron un cargamento de 450 kilogramos de cocaína en las cercanías de la Isla de Méndez, departamento de Usulután. El valor de la droga incautada asciende a $11,313,000, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

La operación permitió la captura en flagrancia de dos ciudadanos salvadoreños, identificados como Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle. Ambos sujetos se transportaban en una embarcación de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, cuando fueron interceptados por las fuerzas de seguridad en lo que el funcionario denominó la «muralla del Pacífico».

Evidencias e incautaciones Además de los 450 paquetes rectangulares que dieron positivo a cocaína tras las pruebas técnicas, las autoridades decomisaron los siguientes elementos:

  • Una embarcación tipo lancha.

  • Dos equipos de GPS.

  • Un teléfono celular.

  • $150 en efectivo.

Postura oficial A través de sus canales oficiales, el ministro Villatoro enfatizó la determinación del Gobierno en el combate a las estructuras transnacionales. «En este país no vamos a tolerar ningún ilícito que esté relacionado con la narcoactividad», declaró el titular, lanzando una advertencia a las organizaciones criminales que intentan utilizar las aguas territoriales para el tráfico de estupefacientes.

Los detenidos serán remitidos a las instancias judiciales correspondientes para ser procesados por el delito de tráfico ilícito, conforme a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

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Centroamérica

El Salvador alcanza los 1,096 días sin homicidios bajo la gestión de Nayib Bukele

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que El Salvador registró una jornada sin muertes violentas este miércoles 24 de diciembre. Con este reporte de «cero homicidios» durante la víspera de Navidad, el país consolida la tendencia a la baja en la criminalidad que ha marcado el presente año.

Según las estadísticas oficiales publicadas la madrugada de este jueves, diciembre ya suma 21 días sin asesinatos. Los registros detallan que la violencia letal estuvo ausente los días 1 al 9, el 12, y del 14 al 24 de forma ininterrumpida.

Un año de cifras históricas El balance anual de 2025 refleja una consistencia en los resultados de las estrategias de seguridad ciudadana. Hasta la fecha, el país contabiliza un total de 298 días sin homicidios en lo que va del año, desglosados de la siguiente manera:

  • Julio: 29 días (el mes con mayor registro)

  • Agosto: 27 días

  • Febrero y Noviembre: 26 días cada uno

  • Enero, Abril, Mayo y Junio: 25 días cada uno

  • Octubre: 24 días

  • Septiembre: 23 días

  • Marzo: 22 días

  • Diciembre: 21 días (al cierre del 24 de diciembre)

Balance de la administración actual Estos resultados se enmarcan dentro de la gestión del presidente Nayib Bukele, cuya administración ya acumula un histórico de 1,096 días sin muertes a causa de la violencia. De este total, 982 jornadas se han producido bajo la vigencia del régimen de excepción, herramienta clave en la estrategia de seguridad del Gobierno para desarticular a las estructuras de pandillas en todo el territorio nacional.

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Centroamérica

Nasry Asfura es proclamado oficialmente presidente electo de Honduras tras un ajustado escrutinio

Tres semanas después de una jornada electoral de alta tensión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras proclamó oficialmente este miércoles a Nasry Asfura como el nuevo presidente constitucional del país. El empresario conservador, de 67 años, asumirá el cargo por un periodo de cuatro años tras imponerse en una de las contiendas más cerradas en la historia reciente de la nación.

Asfura, hijo de inmigrantes palestinos y figura destacada en el sector de la construcción, obtuvo el 40.1% de los sufragios, superando por un estrecho margen de menos del 1% al presentador de televisión Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.53%. Por su parte, Rixi Moncada, candidata de la administración saliente de Xiomara Castro, quedó en tercer lugar con el 19.19%.

El proceso no estuvo exento de controversia. Nasralla mantuvo denuncias de presuntas irregularidades y exigió un recuento masivo de votos hasta el último momento. Asimismo, el ciclo electoral estuvo marcado por la influencia externa: el mandatario estadounidense, Donald Trump, respaldó abiertamente a Asfura, llegando a amenazar con recortes en la ayuda económica si el empresario no resultaba electo. Esta postura fue calificada por la presidenta Xiomara Castro como una «injerencia electoral» directa.

Con esta victoria en su segundo intento por la presidencia, Asfura se prepara para liderar un país polarizado y bajo la lupa de la comunidad internacional por la estrechez de los resultados y el entorno político en el que se desarrollaron los comicios.

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