Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador reduce en 96.6 % la tasa de homicidios desde 2019
El Plan Control Territorial y la implementación del régimen de excepción, impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, han permitido una reducción sostenida de los índices de criminalidad en El Salvador durante los últimos años, de acuerdo con los registros oficiales. Los resultados evidencian una mejora progresiva en la seguridad pública y han posicionado al país como el más seguro de la región.
Las estadísticas reflejan una disminución de 36.7 puntos en la tasa de homicidios, lo que equivale a una reducción del 96.6 % en comparación con 2019, año en el que el país registró una tasa de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El nivel más bajo se alcanzó en 2025, considerado el año más seguro en la historia de El Salvador, al cerrar con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y cero impunidad en los casos de homicidio, según los datos oficiales.
En 2024, el país finalizó con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, tras registrar 114 homicidios en todo el año. Mientras que en 2023, la tasa se ubicó en 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, manteniendo la tendencia a la baja.
La reducción más marcada comenzó en 2022, cuando la tasa descendió a 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, en contraste con 2021, que cerró con 18.1. Fue en ese período cuando el Gobierno decretó el régimen de excepción, una medida que otorgó mayores facultades legales y operativas a las autoridades para desarticular estructuras criminales y disminuir su accionar delictivo.
Centroamérica
El Salvador impulsará agenda de inversiones y protección ambiental en la región Trifinio
El Salvador, a través de la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, impulsará una agenda de trabajo centrada en la operatividad y la atracción de inversiones, con el objetivo de proteger la biodiversidad y fortalecer el desarrollo económico y la productividad integral de la región Trifinio.
En el marco de los acuerdos de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se oficializó recientemente el nombramiento de Jorge Urbina como secretario ejecutivo trinacional en representación de El Salvador para el período 2026-2029.
Urbina explicó a Diario El Salvador que su gestión estará orientada al cumplimiento del plan maestro aprobado por los tres países, el cual establece las líneas estratégicas en áreas como biodiversidad, economía, productividad y otros componentes clave para el desarrollo regional.
“En esta nueva gestión de cuatro años, Plan Trifinio ya cuenta con un plan maestro aprobado, un documento trabajado y avalado por los tres vicepresidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, que se convierte en el eje rector de toda la gestión”, afirmó.
El funcionario destacó que El Salvador ha ejecutado proyectos considerados referentes para la región, entre ellos la implementación del Sistema Tecnológico de Producción Agrícola (Sistagro) en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte, iniciativa que ha servido como modelo para los países miembros.
“Estamos alineados con las políticas de los gobiernos, pero es el plan maestro el que rige la operatividad y las inversiones en la región Trifinio. Aspiramos a que toda la cooperación internacional se sume a este plan y garantice una visión compartida en un territorio que es prioritario para los tres países”, señaló Urbina.
Centroamérica
Kast destaca modelo de seguridad de El Salvador y anuncia reunión con Bukele
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció que prevé reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, como parte de una gira oficial por Centroamérica que desarrollará en los próximos días.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la que Kast abordó la situación de los incendios forestales en Chile. En ese espacio, el mandatario electo fue consultado sobre su agenda internacional y destacó los avances en materia de seguridad alcanzados por El Salvador durante la administración de Bukele, así como los logros en el sector turístico.
“En El Salvador siguen avanzando en el tema de seguridad, pero también en inversiones turísticas, lo que ha permitido que un país que no cuenta con las condiciones mineras y agrícolas que tenemos nosotros vaya surgiendo en un ámbito que nos interesa mucho, como es la potenciación del turismo”, expresó Kast.
Medios internacionales han retomado el anuncio de la visita y señalan que el encuentro con el presidente Bukele tendría como objetivo abordar temas de cooperación en inteligencia policial y sistemas penitenciarios, áreas que el próximo Gobierno chileno considera estratégicas.
Kast viajará acompañado por quienes integrarán su gabinete en las carteras de Seguridad, Defensa y Economía, además de asesores clave. Según se ha informado, la delegación técnica buscará recoger experiencias directas que puedan ser incorporadas en el diseño de políticas públicas a partir del 11 de marzo, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de Chile.
En distintas ocasiones, Kast ha elogiado y defendido las políticas de seguridad impulsadas por Bukele, al considerar que estas han “devuelto la libertad” a más de seis millones de salvadoreños que, según ha señalado, vivían bajo el control de las pandillas.
El interés del mandatario electo por el denominado “modelo Bukele” se remonta a su etapa como candidato del Partido Republicano de Chile. En 2024, Kast visitó El Salvador y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido para albergar a cabecillas de estructuras criminales.
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