Internacionales
Boric pide diálogo para concretar reformas que motivaron protestas hace tres años
AFP
El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó este martes al diálogo para llevar adelante los cambios demandados en las multitudinarias manifestaciones que sacudieron al país hace tres años en reclamo de mayor igualdad social.
«Ha habido esfuerzos» pero «todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas», afirmó el mandatario izquierdista en un mensaje en el palacio presidencial al conmemorarse el tercer aniversario de las revueltas.
El 18 de octubre de 2019, protestas estudiantiles por el aumento de la tarifa del metro en Santiago derivaron en fuertes choques entre manifestantes y policías antimotines. Fue el detonante de un violento estallido social en todo el país, el peor desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que rápidamente se amplió contra todo el modelo económico.
Algunas de las manifestaciones contra el entonces gobierno del derechista Sebastián Piñera incluyeron ataques incendiarios al metro capitalino, saqueos y enfrentamientos con la policía en las principales ciudades.
«El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuestas», dijo Boric, un exlíder estudiantil que en 2019 era diputado y apoyaba las manifestaciones.
Las protestas, que duraron varias semanas, dejaron una treintena de muertos y cerca de 400 personas terminaron con heridas oculares por acciones de la policía, que denunció también que miles de agentes resultaron heridos al repeler a los manifestantes.
«Estallido social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas destructivas, que también han dejado víctimas y secuelas (…) Esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios, el comercio y el patrimonio», apuntó Boric, quien el 15 de noviembre de 2019 firmó el acuerdo para convocar un plebiscito y así cambiar la Constitución heredada de la dictadura.
El presidente chileno, que asumió el 11 de marzo, se comprometió a construir «puentes de diálogo» para avanzar en una mejor educación pública, salud universal y mejores pensiones.
«Quiero que sepan que está en la voluntad de nuestro Gobierno construir esos puentes y no dinamitarlos, con sectores políticos que no piensan igual que nosotros y también con la sociedad», dijo.
Para este martes están convocadas varias manifestaciones en todo Chile para marcar la fecha. La mayoría del comercio y los colegios cerrarán más temprano ante la expectativa de que de tarde pueden generarse nuevamente violentas manifestaciones, tal como ocurrió los otros dos años anteriores.
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A demonstrator shouts slogans during a protest in the surroundings of the Baquedano square in Santiago, on the third anniversary of a social uprising against rising utility prices, on October 18, 2022. - The sustained movement forced then president Sebastian Pinera to increase tax spending and expand social programs, resulting in 2021 in the largest increase in public spending in the country's history at 33 percent. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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