Internacionales
Los asesinatos de ambientalistas bajan en 2021, pero América Latina concentra la mayoría
AFP | Jean Arce
Los asesinatos de ambientalistas se redujeron en 2021 con relación al año anterior, pero América Latina siguió concentrando más de tres cuartas partes de estos crímenes, con México a la cabeza de la lista de los países con más víctimas, según el informe anual de la oenegé Global Witness.
La cifra de asesinados alcanzó 200 el año pasado frente a un récord de 227 en 2020, con ataques ocurridos en el contexto «de una gama más amplia de amenazas» contra los ambientalistas, que son atacados por gobiernos, empresas y otros actores no estatales, señala el reporte.
«Más de tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en América Latina», subrayó Global Witness en el documento.
México fue el país con el número más alto de asesinatos, con defensores ambientales ultimados cada mes, sumando 54 muertes el año pasado, 30 más que en 2020, indica el estudio.
«Más del 40 % de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui», asentada en el norte del país, detalló el reporte.
El año 2021 es el tercero consecutivo en que Global Witness registra un incremento de agresiones letales en México.
Dos tercios de dichas agresiones están relacionados con tierras y minería, indica el informe.
«Cerca de dos tercios de los asesinatos estuvieron concentrados en los estados de Oaxaca (sur) y Sonora (norte), ambos con importantes inversiones mineras», precisó la organización.
«Nos sentimos abandonados»
La comunidad indígena de Ayotitlán Jalisco (oeste) ha sido una de las más golpeadas por su defensa contra la mina Peña Colorada, de extracción de hierro y otros minerales.
Uno de sus líderes, José Santos Isaac Chávez, abiertamente opositor de la mina, fue asesinado en abril de 2021 cuando aspiraba a la Comisaría Ejidal, encargada de la administración indígena.
Otros habitantes de esa comunidad han sido asesinados, amenazados y acosados, entre ellos Rogelio Ramos, de 17 años, hijo del activista José Santos Rosales.
«Las minas destrozan, contaminan el medio ambiente. Pido a las autoridades que hagan justicia y que castiguen a los responsables, que hagan presencia de manera permanente en la comunidad», dijo a la AFP por teléfono Rosales, cuyo hermano desapareció en 1993.
«Nos sentimos abandonados a nuestra suerte» porque los criminales, ante cualquier crítica contra la mina, «luego lo mandan a matar a uno», sostiene.
Deterioro en México
En los últimos 10 años, México se ha erigido «rápidamente» como «uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el ambiente», con 154 asesinatos documentados durante dicho periodo, alertó Global Witness.
La mayoría de estas muertes (131) tuvieron lugar entre 2017 y 2021.
Colombia y Brasil, en tanto, ocuparon el segundo y tercer lugar en número de ambientalistas muertos el año pasado.
Colombia, que en 2020 sumó 65 asesinatos convirtiéndose en el país más letal del mundo para los ambientalistas, registró un importante descenso de agresiones, con 33 el año pasado.
En contraste, Brasil sumó 26 asesinatos en 2021, seis más que en 2020.
Ambos países sudamericanos junto con México contabilizan más de la mitad de los ataques perpetrados contra ambientalistas el año pasado, señaló la oenegé.
De aquellos crímenes que pudieron relacionarse con un sector específico, la organización sostiene que más de la cuarta parte resultaron vinculados con explotación de recursos (forestales, mineros o agronegocios), además de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura.
No obstante, esta cifra podría resultar mayor pues las razones de los ataques contra ambientalistas a menudo no son adecuadamente investigadas ni reportadas.
Indígenas y mujeres
La minería fue el sector más vinculado con los asesinatos de 2021 con 27 casos, 15 de ellos en México, seis en Filipinas, cuatro en Venezuela, uno en Nicaragua y uno en Ecuador, precisó Global Witness.
La oenegé alertó asimismo sobre «el desproporcionado número de ataques contra pueblos indígenas», con más del 40 % de las agresiones dirigidas a este grupo, pese a representar tan solo 5% de la población mundial.
«Estos fueron documentados predominantemente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas», resaltó.
Global Witness registró además 12 asesinatos en masa durante 2021, incluyendo tres en India y cuatro en México, y resaltó que uno de cada 10 activistas ultimados fueron mujeres, casi dos tercios de ellas indígenas.
La oenegé recomendó «acciones urgentes» a gobiernos y empresas para frenar la violencia y criminalización de activistas, como implementar leyes que los protejan y amplíen sus derechos, y políticas corporativas que «identifiquen, prevengan y mitiguen» cualquier daño contra estos actores y los espacios que defienden.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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