Internacionales
Cocaleros marchan en Bolivia para exigir cierre de mercado de coca oficialista
AFP
Miles de cocaleros opositores marchan este miércoles hacia La Paz para exigir al presidente de Bolivia, Luis Arce, el cierre de un nuevo mercado en el que sectores afines al gobierno comercializan la planta de coca.
Por ley solo debe funcionar el mercado de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepoca), que es opositora, pero el gobierno apoya un mercado paralelo gestionado por cocaleros del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
El máximo líder de la Adepoca, Freddy Machicado, dijo a la AFP que piden «el cierre de este mercado paralelo clandestino que pretenden hacer funcionar» con «con fines electorales y políticos.»
En la ciudad de La Paz opera desde hace casi medio siglo el mercado de Adepcoca, que comercializa de manera legal la hoja de coca que se produce en los valles subandinos de los Yungas.
Empero en los últimos años comenzó a funcionar otro mercado con el mismo fin, pero Adepcoca alega que no solo es ilegal, sino que además les causa perjuicios económicos.
El gobierno argumenta que los dirigentes que administran el nuevo mercadon fueron elegidos democráticamente y que el problema es entre dos grupos privados.
La disputa provocó en los últimos dos años violentos enfrentamientos callejeros entre campesinos y policías, que resguardan el mercado que cuenta con el apoyo del gobierno.
Machicado dijo que la marcha era pacífica, y que si se desata violencia, van a responsabilizar al gobierno por hacer oídos sordos a sus pedidos.
La marcha hacia La Paz comenzó el domingo desde los Yungas, región ubicada a unos 100 km que se eleva a entre 1.200 y 1.800 metros de altura, y espera llegar a la Sede de gobierno en la mañana del jueves.
Los caminantes cruzaron este miércoles el nevado andino La Cumbre, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Machicado asegura que «ya hemos pasado los 30.000» afiliados de Adepcoca que participan en la marcha portando banderas bolivianas y lanzando consignas como «¡Viva la coca! ¡Viva Los Yungas!»
En su ascenso a La Cumbre hacen una pausa para descansar, alimentarse y mascar coca que -según ellos- ayuda a mitigar el cansancio y es fuente de energía.
Marina Botitano, cocalera de 52 años, deja de mascar por unos minutos la milenaria planta para decir a la AFP: «Queremos que cierren ese mercado ilegal, porque nos está afectando a nosotros económicamente».
Alrededor del 90 % del negocio de la hoja de coca legal de Bolivia, con un valor de unos 173 millones de dólares al año, pasa por el mercado de Adepcoca, según cifras de la ONU.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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