Una juez confirmó que el juicio por posesión de armas contra Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, comenzará el próximo mes de junio, luego de rechazar una solicitud de la defensa del acusado para posponerlo hasta septiembre.

Este caso marca un hito en la historia reciente de Estados Unidos, siendo la primera vez que el hijo de un presidente en ejercicio enfrenta un juicio. Hunter Biden está acusado de mentir sobre su consumo de drogas en octubre de 2018 en un formulario para adquirir un revólver Colt Cobra calibre 38, que mantuvo en su posesión durante 11 días.

Los abogados de Hunter Biden pidieron postergar el juicio para contar con más tiempo para buscar testigos y revisar las pruebas presentadas por los fiscales, sin embargo, la juez de distrito de Delaware Maryellen Noreika denegó la solicitud.

Hunter Biden se ha declarado inocente de los tres cargos que enfrenta por la compra y posesión ilegal de armas, delitos que podrían acarrearle una pena máxima de 25 años de cárcel. Los cargos incluyen hacer declaraciones falsas en el formulario de compra de armas al afirmar que no era adicto a las drogas y por poseer el arma a pesar de su adicción conocida.

El hijo del presidente, de 54 años, ha admitido públicamente su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas, particularmente después de la muerte de su hermano Beau Biden en 2015. Durante la compra del arma en 2018, Hunter enfrentaba dificultades personales y adicción al crack.

Los cargos contra Hunter Biden surgieron de una investigación iniciada en 2018 durante la administración de Donald Trump, quien ha utilizado este caso para criticar a Biden. Además, Hunter enfrenta otro juicio en California por evasión fiscal, programado para junio, donde se le acusa de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se unió al exmandatario estadounidense Donald Trump en su comparecencia ante el tribunal de Nueva York en relación con el caso de la supuesta compra del silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Esta acción de respaldo a Trump marca la última demostración de lealtad por parte de los líderes republicanos, incluyendo a figuras prominentes como posibles candidatos a la vicepresidencia.

«Esta es la quinta semana que Trump ha estado en los tribunales por esta farsa de juicio. Están haciendo esto intencionadamente para mantenerlo aquí y alejado de la campaña electoral», declaró Johnson a la prensa tras el ingreso de Trump al tribunal.

La presencia de Johnson, junto con otros líderes republicanos como el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y varios congresistas, muestra el control que Trump aún ejerce sobre el partido y el respaldo que recibe a pesar de las críticas al proceso judicial, que incluyen pagos a una actriz porno.

El exabogado de Trump, Michael Cohen, admitió durante el juicio que el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels tenía como objetivo evitar que su historia afectara las posibilidades de Trump en las elecciones de 2016. Esta declaración refuerza la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que Trump falsificó registros contables para encubrir estos pagos y proteger su campaña electoral.

El Parlamento de Venezuela aprobó el martes una resolución instando al Consejo Nacional Electoral (CNE) a retirar la invitación extendida a la Unión Europea (UE) para enviar una misión de observación electoral para las próximas elecciones presidenciales. Esta decisión se produce después de que la UE levantara las sanciones personales impuestas al presidente del CNE, Elvis Amoroso, y a otras tres personas, excluyendo a otros sancionados.

El acuerdo, aprobado por mayoría en la sesión legislativa, dominada por el oficialismo, solicita al CNE «dejar sin efecto la invitación hecha a la Unión Europea para participar como observadores internacionales en las elecciones presidenciales del 28 de julio».

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó a los miembros de la UE de «groseros», «bastardos», «canallas», «ilegales» e «ilegítimos», anunciando que se enviará una carta al ente electoral para evaluar la revocación de la invitación. Rodríguez argumentó que la actitud de la UE hacía imposible legalmente la invitación a una misión de observación electoral.

Rodríguez también expresó su descontento con la UE, acusándola de parcialidad hacia el candidato respaldado por Estados Unidos y de no querer elecciones libres y democráticas en Venezuela.

La decisión del Consejo de la UE de levantar parcialmente las sanciones se justificó como un intento de favorecer la organización de elecciones «inclusivas y competitivas». En respuesta, Amoroso rechazó la concesión, insistiendo en que no aceptaría la medida a menos que se extendiera a todos los sancionados.