Alrededor de 2,000 abogados habrían quedado imposibilitados de ejercer su profesión en Nicaragua luego de que sus nombres fueran eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia, según denunciaron juristas y medios de comunicación nicaragüenses en el exilio.

De acuerdo con el diario La Prensa, la exclusión de los profesionales del sistema judicial se produjo en los últimos días y se realizó sin una explicación pública por parte de las autoridades, lo que ha generado críticas de organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos.

Una abogada nicaragüense exiliada, que solicitó mantener su identidad en reserva, confirmó a la agencia AFP que ya no aparece registrada como profesional activa en la plataforma digital de la Corte Suprema.

«Es un mensaje político de control y represión […], una muerte civil», afirmó la jurista, quien consideró que la medida forma parte de un patrón de persecución contra personas identificadas con la defensa de la democracia y recordó que en años recientes también se ha retirado la nacionalidad a diversos críticos del Gobierno.

Por su parte, Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que monitorea la situación de los derechos humanos en Nicaragua, cuestionó la decisión y señaló que evidencia la falta de independencia judicial en el país.

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«Nicaragua no cumple ni el estándar mínimo de independencia judicial. Borrar a abogados del registro de la Corte Suprema, sin aviso, sin proceso, es cerrar el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano», declaró a AFP.

La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la medida al sostener que convierte el ejercicio de la abogacía «en una ciencia supeditada a las consignas y antojadizos designios políticos de la dinastía» Ortega-Murillo.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Corte Suprema de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.

Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas. Diversos organismos internacionales han cuestionado el deterioro de las libertades públicas y los derechos humanos en el país, especialmente desde la represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 fallecidos, según cifras de la ONU.

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El Salvador registró cero homicidios el jueves 9 de julio, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), manteniendo la tendencia de reducción de la violencia homicida que las autoridades atribuyen a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.

Con este resultado, el país acumula 163 días sin homicidios en lo que va de 2026, mientras que desde el inicio de la actual administración, el 1 de junio de 2019, se contabilizan 1,266 jornadas con cero asesinatos, según cifras oficiales.

Las estadísticas también reflejan que desde la entrada en vigor del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022, El Salvador ha registrado 1,152 días sin homicidios, en el marco de las medidas implementadas para combatir a las estructuras de pandillas.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que los resultados responden a la estrategia de seguridad desarrollada por el Gobierno.

«Hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, que son las pandillas», afirmó el funcionario.

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De acuerdo con información oficial, más de 92,000 presuntos integrantes de pandillas han sido capturados desde el inicio del régimen de excepción, una medida que el Gobierno asegura ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en el país.

Las autoridades también sostienen que este escenario ha favorecido el crecimiento del turismo y ha incidido en la actualización de las recomendaciones de viaje emitidas por diversos países. Entre ellos figuran México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, más recientemente, Suecia, que han reducido sus niveles de alerta para quienes visitan El Salvador.

El Gobierno mantiene que los resultados en materia de seguridad continuarán siendo una prioridad como parte de su estrategia para reducir la criminalidad y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y social del país.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con representantes de Google para analizar los avances tecnológicos del país y explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con inteligencia artificial (IA), educación, innovación y modernización de los servicios públicos.

De acuerdo con la Vicepresidencia, los representantes de la compañía tecnológica expresaron su disposición de ampliar la colaboración con El Salvador en áreas como investigación, formación de talento, emprendimiento y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Durante el encuentro, la delegación de Google destacó el potencial de la comunidad salvadoreña de desarrolladores y emprendedores tecnológicos, así como el crecimiento del ecosistema de startups en el país.

Por su parte, Ulloa señaló que El Salvador busca utilizar la inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras, eficientes y seguras que beneficien a la población. Además, destacó que el país cuenta con un marco jurídico orientado a impulsar el desarrollo y uso responsable de esta tecnología.

La Vicepresidencia indicó que entre las posibles áreas de cooperación se encuentran la salud digital, mediante herramientas como DoctorSV; la educación, con iniciativas para fortalecer capacidades de aprendizaje; y proyectos de inteligencia artificial enfocados en el bien público, especialmente en la gestión del riesgo.

La delegación salvadoreña manifestó su interés en continuar fortaleciendo la relación con Google para impulsar la adopción responsable de tecnologías emergentes y consolidar al país como un referente regional en soluciones digitales.

Google inauguró sus oficinas en El Salvador en abril de 2024, como parte de su estrategia de expansión y colaboración tecnológica en la región.