Miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se amotinaron este viernes en las cárceles de Fraijanes y Boquerón, en Guatemala, tomando como rehenes a varios guardias y empleados de una empresa proveedora de alimentos.

Tras un operativo de seguridad, el Ministerio de Gobernación informó la madrugada del sábado que los 18 rehenes fueron liberados. “El Estado no cedió ante estos criminales”, publicó la institución en su cuenta de X, sin dar más detalles.

Los disturbios se producen una semana después de que otro motín en diferentes prisiones dejara como saldo un custodio muerto. Las autoridades atribuyen los recientes hechos al traslado de diez cabecillas de ambas pandillas a la prisión de máxima seguridad Renovación I, donde permanecen aislados y sin acceso a teléfonos.

“El secuestro de hoy es un intento desesperado de pandilleros que buscan presionar al Estado para recuperar a sus líderes”, declaró el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. “Nuestra prioridad fue proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso”, agregó.

Las autoridades reafirmaron que los líderes pandilleros no serán trasladados y seguirán bajo régimen estricto en Renovación I.

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CEL

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha —esta última catalogada como organización terrorista por EE. UU.— mantienen una violenta disputa territorial en Guatemala, donde se dedican a la extorsión de comerciantes, transportistas y ciudadanos, cometiendo asesinatos contra quienes se niegan a pagar.

El exfiscal general de la República, Luis Martínez, fue condenado este viernes a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas y omitir investigaciones en casos relacionados con corrupción y crimen organizado, según resolvió el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

El fallo detalla que Martínez recibirá cinco años de cárcel por fraude procesal y otros cinco años por omisión de la investigación. Durante el proceso, el juez señaló que el exfiscal actuó con dolo y que, pese a conocer actos de corrupción, permitió que estos continuaran sin ser investigados.

En la misma resolución, el exdirector de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza, fue condenado a cinco años de prisión, mientras que el abogado Héctor Francisco Grimaldi recibió una sentencia de seis años, ambos por su participación en dos casos de fraude procesal.

El juez explicó que Martínez y Arriaza fueron considerados “colaboradores necesarios” en los delitos, mientras que Grimaldi actuó como “facilitador de información”. Los dos exfiscales fueron trasladados de inmediato a un centro penitenciario, luego de que se les revocara el arresto domiciliar del que habían gozado por años.

Además, el tribunal determinó que Martínez y Arriaza conocían de los actos de corrupción cometidos por el exjuez Romeo Aurora Giammattei, involucrado en el procesamiento irregular de Claudia María Herrera. También se comprobó su participación en la incorporación de peritajes falsos elaborados por un psicólogo de Medicina Legal para favorecer a Enrique Rais y a su sobrino Hugo Blanco Rais, así como en otro peritaje manipulado para beneficiar a la pareja del abogado Ernesto Gutiérrez.

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El gobierno de Guatemala otorgó un permiso de permanencia por razones humanitarias a 161 ciudadanos mexicanos, incluidos 69 niños, que se refugiaron en una aldea guatemalteca tras escapar de la violencia ligada al narcotráfico en Chiapas, México, informó este miércoles la autoridad migratoria.

El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con el pase humanitario, además de recibir atención interinstitucional en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México. La mayoría de los desplazados permanece en un albergue temporal, mientras que otros fueron acogidos por pobladores o alquilan viviendas. La zona cuenta con vigilancia de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala.

Chiapas ha registrado un incremento de violencia debido a enfrentamientos entre cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, provocando el desplazamiento de cientos de personas. En 2024, unos 600 mexicanos se refugiaron temporalmente en Guatemala antes de regresar a su país siete meses después.

El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala durante un encuentro con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo. Este fue el primer diálogo formal entre ambos mandatarios tras la incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco hace dos meses, que generó tensiones diplomáticas y un pedido de disculpas por parte de México.