Al menos 73 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen en prisión, entre ellos 22 adultos mayores, según denunció este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

El informe, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que 33 de los detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada, lo que, según la organización, evidencia una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo para ejercer control social y represión política.

Del total de presos políticos, 14 son mujeres y 59 hombres, incluyendo 10 que fueron arrestados antes de la crisis sociopolítica de 2018.

Además, el mecanismo denunció que, entre julio y agosto, Nicaragua experimentó un incremento de la represión, caracterizado por redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y la confiscación de instituciones sociales y educativas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, el máximo tribunal del país, revocó este lunes la medida que permitía al periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplir prisión domiciliaria en uno de los procesos legales que enfrenta.

La decisión se tomó tras un recurso interpuesto por el Ministerio Público (MP), que impugnó la resolución emitida en junio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual había autorizado la salida de prisión del comunicador. La CC resolvió con cuatro votos a favor y uno en contra, este último del magistrado Rony López, quien argumentó que la medida vulnera la libertad de Zamora.

El fundador y exdirector del diario El Periódico permanece encarcelado desde julio de 2022, acusado de lavado de dinero y obstrucción a la justicia, aunque no existe una sentencia firme en su contra. Durante este tiempo, solo pasó tres meses bajo arresto domiciliario antes de ser nuevamente recluido.

Diversas organizaciones locales e internacionales han denunciado irregularidades en los procesos judiciales y califican los cargos contra Zamora como falsos y fabricados. Su detención ocurrió poco después de publicar fuertes críticas por presunta corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y el entonces funcionario cercano Miguel Martínez.

Con más de 30 años de trayectoria, Zamora ha sido reconocido internacionalmente por su labor periodística. En 2021, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el Premio a Medio Destacado de Iberoamérica por la labor de El Periódico en Guatemala.

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CEL

La campaña electoral en Honduras inició oficialmente este lunes, con cinco partidos en competencia, aunque tres concentran la mayor parte del respaldo popular. Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), lidera junto a Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos de línea conservadora.

Más de seis millones de hondureños, de una población de diez millones, están habilitados para elegir presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Los otros aspirantes presidenciales son Nélson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano.

El proceso electoral tendrá un costo estimado de 4,000 millones de lempiras (unos 152 millones de dólares), financiados con impuestos de la ciudadanía, de los cuales más del 60 % vive en condiciones de pobreza. Sin embargo, la campaña se ha caracterizado hasta ahora por ataques personales y confrontaciones, lo que ha generado llamados de diversos sectores a enfocarse en propuestas. La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, pidió que se desarrolle una campaña “de altura”, mientras que el sector privado exige a los candidatos planes claros en educación, salud e inversión. A su vez, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez instó a rechazar mensajes de odio durante el proceso.

El panorama se complica por tensiones internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por representantes de los tres principales partidos. La presidenta consejera, Cossette López, advirtió en julio que los comicios estaban en “grave riesgo” debido a divisiones internas y denunció intentos de intimidación. Asimismo, la consejera Ana Paola Hall reveló haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia.

Las elecciones generales, programadas para el 30 de noviembre, pondrán a prueba la capacidad de los candidatos para presentar soluciones concretas a los problemas sociales y económicos de Honduras, mientras la institucionalidad electoral busca recuperar la confianza ciudadana.

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