La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este viernes una nueva ley que otorga beneficios especiales a los trabajadores del sector bananero, como parte de los acuerdos alcanzados para poner fin a una huelga que se prolongó por más de 40 días.

El paro, iniciado por trabajadores del gremio bananero en protesta contra una polémica reforma al sistema de pensiones, había sido declarado ilegal por los tribunales. Sin embargo, la presión social y los bloqueos de carreteras en Bocas del Toro, la principal provincia productora de banano del país, llevaron al gobierno a buscar una salida negociada con la mediación de líderes religiosos.

Los trabajadores exigían la protección de derechos adquiridos, como subsidios, asistencia médica y condiciones especiales de jubilación, que según ellos estaban en riesgo con la nueva normativa previsional. Como parte del acuerdo, la Asamblea Nacional se comprometió a aprobar una ley específica que garantizara esos beneficios, lo que permitió el levantamiento de la huelga.

Durante el conflicto, la empresa Chiquita Brands —uno de los principales empleadores del sector— suspendió sus operaciones en Bocas del Toro y despidió a miles de trabajadores, argumentando pérdidas millonarias debido a la paralización.

La nueva legislación reconoce la naturaleza riesgosa del trabajo agrícola, permitiendo que los empleados del sector puedan jubilarse antes de los 62 años establecidos en el régimen general, además de mantener subsidios y apoyos para sus familias.

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Pese al avance legislativo, otros sectores como maestros, obreros de la construcción e indígenas siguen movilizados en rechazo a la reforma de pensiones, la cual no ha sido derogada.

El dirigente sindical bananero Francisco Smith celebró la aprobación de la ley, señalando que “este paso demuestra la legitimidad de la huelga”, aunque advirtió que aún quedan demandas pendientes, especialmente relacionadas con los despidos en Chiquita Panamá. “Nosotros seguiremos luchando”, afirmó.

Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino aclaró que su gobierno no intervendrá en el conflicto entre la empresa y los trabajadores: “Ese es un problema de la empresa con el sindicato”, declaró.

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.

El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.

La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.

Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.

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El Salvador sumó este jueves 12 de junio un nuevo día sin registrar homicidios, alcanzando un total de 11 jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución policial informó a través de su cuenta en X que en todo el territorio nacional no se reportaron asesinatos durante esa jornada. Con este registro, el país acumula 134 días sin homicidios en lo que va del año 2025.

De acuerdo con las estadísticas, los meses anteriores también han presentado cifras destacadas: enero cerró con 25 días sin homicidios, febrero con 26, marzo con 22, abril con 25 y mayo con otros 25.

Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes constantes y al trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, lo cual ha contribuido a mantener un clima de seguridad y consolidar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental, según destacan fuentes oficiales.