Centroamérica

CIDH cuestiona deportaciones masivas de EE.UU. y la cooperación de El Salvador y Panamá

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos, así como por la colaboración de países como El Salvador y Panamá con la administración del presidente Donald Trump.

“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, afirmó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, en declaraciones a la agencia AP. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo», añadió.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este jueves su informe anual sobre derechos humanos en la región, el cual refleja el seguimiento que realiza a las políticas implementadas por Trump desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.

Según la CIDH, las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen la expulsión de migrantes en situación irregular sin un debido proceso, incluso a países donde podrían estar en riesgo. La comisión denunció además que algunos deportados han sido enviados a prisiones de máxima seguridad, en violación de decisiones judiciales que ordenaban frenar las deportaciones.

Estados Unidos ha sellado acuerdos con El Salvador, Panamá y otras naciones para facilitar estas expulsiones. Aunque algunos países han rechazado recibir a deportados, estos convenios han permitido que la administración Trump expulse a cientos de personas en pocos meses.

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El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones alegando que los deportados tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de información por parte de la AP.

Centroamérica

Corte de Guatemala anula nómina de candidatos a fiscal general

Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar que se repita la fase de evaluación de los aspirantes.

La resolución responde a un recurso de amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la manera en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria en la judicatura.

Con la decisión, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá regresar a la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.

El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación aprobada, sin considerar automáticamente los años de servicio como jueces equivalentes a la experiencia profesional requerida para el cargo.

“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes”, señala la resolución.

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La Corte también enfatizó que el proceso debe regirse por principios de mérito, capacidad e idoneidad, además de garantizar mayor transparencia en la asignación de puntajes.

“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”, añade el fallo judicial.

La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina de candidatos que había recibido el miércoles, lo que retrasará la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.